Una jueza responsabiliza a la cadena de mando de la muerte por infarto de un soldado

La titular del Juzgado Togado Militar n? 11, Patricia Moncada, ha responsabilizado a seis miembros de la cadena de mando del Regimiento Inmemorial del Rey n¨²mero 1, con sede en el Cuartel General del Ej¨¦rcito, en Madrid, de la muerte del soldado Jorge L¨®pez Resa, de 43 a?os, fallecido el 12 de febrero del a?o pasado cuando realizaba un ¡°ejercicio continuado¡± de instrucci¨®n f¨ªsica. El soldado padec¨ªa una cardiopat¨ªa incompatible con el ejercicio f¨ªsico intenso y deb¨ªa estar destinado en puestos burocr¨¢ticos.

En el auto con el que pone fin a la instrucci¨®n del caso, la juez se?ala que L¨®pez Resa sufr¨ªa una cardiopat¨ªa por la que fue declarado apto con limitaciones en 2015. Es decir, estaba en servicio activo pero deb¨ªa ocupar puestos de car¨¢cter administrativo y no pod¨ªa realizar en ning¨²n caso esfuerzos f¨ªsicos intensos debido a su afecci¨®n cardiaca.

Esta circunstancia era conocida por sus mandos, seg¨²n la investigaci¨®n, ya que figuraba en el Siperdef (Sistema de Informaci¨®n del Personal del Ministerio de Defensa) y en su expediente personal, adem¨¢s de que ¨¦l mismo inform¨® expresamente de esta circunstancia en la entrevista previa a su incorporaci¨®n al regimiento, en 2018.

Sin embargo, en vez de destinarlo a un puesto burocr¨¢tico, acorde con su estado de salud, fue encuadrado en la compa?¨ªa de seguridad que se encarga de prestar protecci¨®n al madrile?o palacio de Buenavista, sede del Cuartel General del Ej¨¦rcito de Tierra, en el centro de Madrid, con guardias de 24 horas y servicios extraordinarios.

El soldado L¨®pez Resa cay¨® al suelo del gimnasio del acuartelamiento, fulminado por un ataque al coraz¨®n, mientras realizaba un ¡°ejercicio continuado¡±, que se desarrollaba durante nueve horas a lo largo de toda la jornada e inclu¨ªa distintas t¨¦cnicas para hacer frente a hipot¨¦ticas amenazas a la seguridad del cuartel. Entre otras, se adiestraba a los soldados en c¨®mo poner grilletes a manifestantes que se resist¨ªan a ser esposados, lo que implicaba forcejeo f¨ªsico hasta conseguir inmovilizarlos.

Aunque el expediente personal del soldado qued¨® en el archivo del regimiento, la unidad de seguridad dispon¨ªa de los informes m¨¦dicos que lo calificaban como apto con limitaciones y lo exclu¨ªan de ejercicios f¨ªsicos intensos. Se da la circunstancia de que, precisamente debido a su cardiopat¨ªa, el soldado fue exonerado desde 2017 de realizar unas pruebas f¨ªsicas cuya superaci¨®n era imprescindible para ir destinado a la compa?¨ªa de seguridad.

No pasar las pruebas deb¨ªa haber sido suficiente, seg¨²n fuentes conocedoras de la investigaci¨®n, para que sus jefes le cambiaran de destino, pero ninguno se ocup¨® de ello. Por eso, la juez se?ala como responsables de la muerte a seis superiores: los dos coroneles que ha tenido el regimiento desde 2018; el comandante de la Unidad de Seguridad y Apoyo del Cuartel General del Ej¨¦rcito; los dos capitanes de la Compa?¨ªa de Seguridad; y el brigada que mandaba la secci¨®n donde estaba encuadrado.

El auto les atribuye un presunto delito de imprudencia grave con resultado de muerte (que el C¨®digo Penal Militar castiga con penas equivalentes a las de homicidio), pero tambi¨¦n un incumplimiento negligente de la Ley de Prevenci¨®n de Riesgos Laborales, que se aplica a las Fuerzas Armadas.

La juez no llega a imputar a los presuntos responsables de la muerte del soldado ya que, en la jurisdicci¨®n militar, los oficiales de empleo igual o superior a comandante solo pueden ser imputados por los juzgados togados militares centrales. Tampoco, sorprendentemente, eleva la causa a sumario, seg¨²n las fuentes consultadas, a pesar de que la instrucci¨®n ha concluido con el se?alamiento de los delitos y sus presuntos responsables. Se trata de otra anomal¨ªa de la justicia militar, que abre la puerta a que la causa pudiera archivarse en el futuro sin posibilidad de que la acusaci¨®n recurra al Supremo, al encontrarse todav¨ªa en fase de diligencias previas.