El Poder Judicial cree que la libertad de expresi¨®n ampara la apolog¨ªa del franquismo

El pleno del Consejo General del Poder Judicial debatir¨¢ el 7 de junio su informe sobre el anteproyecto de Ley de Memoria Democr¨¢tica, que sustituir¨¢ a la ley de memoria hist¨®rica (2007). El borrador del documento insiste en que la investigaci¨®n penal de los cr¨ªmenes de la Guerra Civil y la dictadura est¨¢ cerrada y pone algunas pegas a la redacci¨®n de la nueva norma, aunque destaca su conveniencia en el contexto de ¡°resoluciones europeas sobre la importancia de la memoria hist¨®rica como mecanismo de reparaci¨®n para las v¨ªctimas de violaciones de los derechos humanos y reafirmaci¨®n de los valor...

El pleno del Consejo General del Poder Judicial debatir¨¢ el 7 de junio su informe sobre el anteproyecto de Ley de Memoria Democr¨¢tica, que sustituir¨¢ a la ley de memoria hist¨®rica (2007). El borrador del documento insiste en que la investigaci¨®n penal de los cr¨ªmenes de la Guerra Civil y la dictadura est¨¢ cerrada y pone algunas pegas a la redacci¨®n de la nueva norma, aunque destaca su conveniencia en el contexto de ¡°resoluciones europeas sobre la importancia de la memoria hist¨®rica como mecanismo de reparaci¨®n para las v¨ªctimas de violaciones de los derechos humanos y reafirmaci¨®n de los valores en que se funda la democracia¡±. Estas son las claves del informe:

Fundaci¨®n Franco y libertad de expresi¨®n

El anteproyecto no la cita expresamente, pero en la presentaci¨®n del texto result¨® evidente que cuando la vicepresidenta Carmen Calvo dijo el pasado septiembre que ¡°no va a poder existir en nuestro pa¨ªs ninguna asociaci¨®n que enaltezca a figuras totalitarias o a la dictadura¡±, se refer¨ªa a la Fundaci¨®n Nacional Francisco Franco, que, adem¨¢s, se dio por aludida.

El texto de la nueva norma establece que ¡°al amparo de la ley de fundaciones¡±, se extinguir¨¢n aquellas que no persigan fines de inter¨¦s general, y que se considerar¨¢ contrario a los mismos ¡°la apolog¨ªa del franquismo o la incitaci¨®n directa o indirecta al odio o violencia contra las v¨ªctimas del golpe de Estado, de la guerra o del franquismo¡±. El texto a?ade que ¡°corresponder¨¢ al Protectorado [de fundaciones, dependiente del Ministerio de Cultura] instar judicialmente la extinci¨®n de la fundaci¨®n¡±.

Sin embargo, en su borrador, el Poder Judicial opina que ¡°la exaltaci¨®n o apolog¨ªa de hechos hist¨®ricos, por dolorosos, reprobables o contrarios a los valores centrales de nuestra convivencia que puedan estimarse, constituyen opiniones o juicios de valor que entrar¨ªan en el ¨¢mbito de protecci¨®n de la libertad de expresi¨®n, salvo cuando suponga una lesi¨®n de derechos o bienes de relevancia constitucional¡±.

El borrador del informe asegura que la redacci¨®n de la disposici¨®n adicional quinta y sexta del anteproyecto de ley invade ¡°el derecho a la libertad ideol¨®gica¡± de la Constituci¨®n. En la medida en que las ideas ¡°no comporten incitaci¨®n directa o indirecta al odio o violencia contra las v¨ªctimas del golpe de Estado, de la guerra o del franquismo¡±, a?ade, esas ideas ¡°no pueden servir para la extinci¨®n de una fundaci¨®n¡±. Este mismo criterio ampara, seg¨²n el Consejo, las manifestaciones. ¡°El car¨¢cter pac¨ªfico de una reuni¨®n no se ve alterado por el hecho de que en ella se expresen ideas o se persigan objetivos que puedan ofender o molestar a otras personas o colectivos¡±, dice.

La Fundaci¨®n Franco niega la represi¨®n franquista, asegura que la dictadura era, ¡°en algunos aspectos, una democracia mucho m¨¢s avanzada¡± y que el golpe de Estado de 1936 estaba ¡°totalmente justificado¡±.

Hallazgo de restos humanos con signos de muerte violenta

El borrador del informe considera ¡°redundante¡± que el anteproyecto establezca que ¡°los hallazgos de restos se pondr¨¢n inmediatamente en conocimiento del Ministerio Fiscal y las autoridades administrativas y judiciales¡±. Para los ponentes es ¡°del todo punto correcto¡± que sea as¨ª, puesto que los restos ¡°no tienen por qu¨¦ ser¡± del periodo franquista, ¡°siendo procedente su puesta en conocimiento de las autoridades judiciales¡±, pero cree que eso ya est¨¢ contenido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Lo cierto es que en la pr¨¢ctica, cuando se ha comunicado a los juzgados el hallazgo de restos humanos en fosas del franquismo con evidentes signos de muerte violenta, la mayor¨ªa de jueces se ha desentendido del asunto, algo que para el juez retirado del Tribunal Supremo Jos¨¦ Antonio Mart¨ªn Pall¨ªn supon¨ªa ¡°prevaricar¡±.

Los casos de jueces que s¨ª han acudido a las fosas comunes abiertas en los ¨²ltimos a?os han sido la excepci¨®n, no la norma, al contrario de lo que ocurre en otros pa¨ªses con un pasado similar, como Argentina.

Nulidad de sentencias

Los ponentes del Poder Judicial dan varias vueltas a la nulidad de las sentencias, una de las viejas reivindicaciones de los familiares de las v¨ªctimas del franquismo y una de las principales novedades respecto a la ley de memoria hist¨®rica, que declar¨® ileg¨ªtimos a los tribunales franquistas, pero no dio el paso de anular sus sentencias. Seg¨²n fuentes del Gobierno de entonces consultadas por EL PA?S, en 2007 no se dio ese paso por temor a que los afectados reclamasen indemnizaciones econ¨®micas.

El anteproyecto de ley declara ahora nulas esas resoluciones subrayando que eso no permitir¨¢ indemnizaci¨®n alguna. Para el Poder Judicial, la declaraci¨®n de ilegitimidad de los tribunales franquistas ya supon¨ªa, de facto, la ¡°inexistencia¡± de las sentencias impuestas, y advierte que el hecho de que el anteproyecto excluya expresamente las indemnizaciones no impide que los afectados puedan reclamarlas, por lo que solicita al legislador que tome en consideraci¨®n ¡°las posibles consecuencias en el ¨¢mbito de la responsabilidad patrimonial al margen de la limitaci¨®n introducida teniendo en cuenta la normativa y jurisprudencia interna y europea¡±.

Fiscal¨ªa espec¨ªfica

El borrador del informe insiste en varias de sus 95 p¨¢ginas en que la v¨ªa penal para la investigaci¨®n de los cr¨ªmenes del franquismo qued¨® cerrada por la sentencia del Tribunal Supremo de 2012, que apunt¨® a la prescripci¨®n de los posibles delitos y a la Ley de Amnist¨ªa de 1977. El informe sobre el anteproyecto de Ley de Memoria Democr¨¢tica elaborado por el Consejo Fiscal defiende, sin embargo, el concepto de ¡°justicia restaurativa¡± como v¨ªa para investigar esos cr¨ªmenes y garantizar a las v¨ªctimas el derecho a conocer la verdad y recuperar los restos de sus familiares independientemente de la posibilidad de castigar a los culpables.

Cinco fiscales emitieron un voto discrepante en el que sostienen que las normas que rigen en el derecho penal impiden esas investigaciones y que el anteproyecto crea ¡°falsas expectativas¡±. El borrador que el Poder Judicial someter¨¢ a debate el pr¨®ximo lunes entiende tambi¨¦n que el car¨¢cter de la nueva norma es ¡°esencialmente administrativo¡± y por eso la decisi¨®n de modificar la estructura del Ministerio Fiscal para aplicarla no le parece ¡°particularmente id¨®neo¡±.

La queja de las v¨ªctimas os familiares

La Asociaci¨®n para la Recuperaci¨®n de la Memoria Hist¨®rica (ARMH) ha presentado una queja ante el Consejo General del Poder Judicial en la que acusa al ¨®rgano de gobierno de los jueces de ¡°favorecer la apolog¨ªa del franquismo y crear un apartheid entre v¨ªctimas de la violencia¡± con la postura de su informe sobre el anteproyecto de ley de memoria democr¨¢tica.

¡°Un Estado democr¨¢tico no puede tener v¨ªctimas de primera y de segunda¡±, ha declarado Emilio Silva, presidente de la ARMH. ¡°A mi abuelo lo asesinaron de una manera parecida a la de Miguel ?ngel Blanco, con el agravante de que sus asesinos escondieron su cad¨¢ver para que mi abuela y sus hijos sufrieran m¨¢s por no poder enterrarlo y porque fueron gobernados por quienes los asesinaron¡±.