Espa?a rechaza el informe del Consejo de Europa sobre el ¡®proc¨¦s¡¯

El Gobierno espa?ol rechaza la resoluci¨®n sobre el proc¨¦s que este lunes debatir¨¢ y probablemente aprobar¨¢ la asamblea parlamentaria del Consejo de Europa, en la que est¨¢n representados 47 pa¨ªses. Aunque el informe ha sido considerablemente suavizado y se han eliminado t¨¦rminos como ¡°amnist¨ªa¡± o ¡°exiliados¡± que figuraban en su redacci¨®n original, el Ejecutivo considera ¡°inadmisibles¡± algunas de sus recomendaciones, como la de retirar las demandas de extradici¨®n contra Carles Puigdemont y los dem¨¢s fugitivos del 1-O; o archivar los casos abiertos contra otros investigados por el refer¨¦ndum independentista.

Para el socialista Antonio Guti¨¦rrez Limones, vicepresidente de la asamblea, estas recomendaciones vulneran el principio de separaci¨®n de poderes y la independencia de los tribunales, pues solo los jueces pueden retirar demandas de extradici¨®n o archivar causas pendientes.

Menos pegas pone el PSOE a la recomendaci¨®n de perdonar o liberar por otros medios a los pol¨ªticos catalanes presos; y a la de reformar el delito de sedici¨®n para evitar ¡°penas desproporcionadas por vulneraciones no violentas¡±, pues el Gobierno ya ha anunciado pasos en ambas direcciones.

Para el Ministerio de Asuntos Exteriores, el informe, del que ha sido ponente el socialista let¨®n Boriss Cilevics, que protagoniz¨® una pol¨¦mica visita a Catalu?a en febrero de 2020, en la que acudi¨® a la prisi¨®n de Lledoners, ¡°parte de un planteamiento err¨®neo: la presunci¨®n de que los l¨ªderes pol¨ªticos independentistas fueron procesados por expresar sus ideas en el ejercicio de su mandato. Ese prejuicio contamina todo el texto, se refleja en la resoluci¨®n y en las recomendaciones y merece un reproche general¡±.

Lo m¨¢s llamativo es que el informe del Comit¨¦ de Asuntos Legales y Derechos Humanos de la asamblea, titulado ?Deber¨ªan los pol¨ªticos ser perseguidos por declaraciones hechas en el ejercicio de su mandato?, mete en el mismo saco la situaci¨®n de los pol¨ªticos de la minor¨ªa kurda en Turqu¨ªa, perseguidos por reclamar la autonom¨ªa para la regi¨®n o por criticar la actuaci¨®n de las fuerzas de seguridad kurdas, con la condena a los l¨ªderes del proc¨¦s por un delito de sedici¨®n, pretendiendo equiparar ambas situaciones.

El Gobierno ha realizado m¨²ltiples gestiones para suavizar un texto que ya desde el principio reconoc¨ªa que ¡°Espa?a es una democracia vibrante, donde impera una cultura de debate p¨²blico abierto y libre y donde la mera expresi¨®n de ideas independentistas no es causa suficiente para una persecuci¨®n legal¡±, pero a continuaci¨®n a?ad¨ªa que ¡°algunos veteranos pol¨ªticos catalanes han sido perseguidos por declaraciones hechas en el ejercicio de sus cargos en apoyo al refer¨¦ndum inconstitucional de independencia de Catalu?a o llamando a la participaci¨®n en las protestas masivas que lo rodearon¡±. El texto corregido matiza ahora que han sido condenados ¡°por sedici¨®n y otros delitos, entre otras cosas por declaraciones hechas en el ejercicio de sus cargos pol¨ªticos¡±, en apoyo a un refer¨¦ndum declarado inconstitucional por el tribunal espa?ol. Y a?ade que ¡°la Asamblea [del Consejo de Europa] respeta totalmente el orden constitucional de Espa?a¡±.

El informe recuerda que el delito de refer¨¦ndum ilegal fue derogado en Espa?a en 2005 y considera ¡°indiscutible que ninguno de los pol¨ªticos llam¨® a la violencia¡±, por lo que se felicita del ¡°intenso debate abierto¡± en c¨ªrculos pol¨ªticos y jur¨ªdicos espa?oles sobre el alcance de los delitos de sedici¨®n y rebeli¨®n, en referencia a la reforma del C¨®digo Penal anunciada por el Gobierno.

Del texto han desaparecido expresiones como que la justicia espa?ola ha perseguido ¡°implacablemente¡± a los nuevos l¨ªderes catalanes, que hay pol¨ªticos ¡°viviendo en el exilio¡± o que se ha considerado concederles una ¡°amnist¨ªa¡± condicionada al arrepentimiento de sus convicciones pol¨ªticas. En su lugar, se ha incluido una frase expresando respeto a los tribunales espa?oles para resolver casos pendientes, aunque con la posibilidad de recurrir sus decisiones a la Corte Europea de Derechos Humanos.

Finalmente, el texto insta a las autoridades espa?olas a ¡°iniciar un di¨¢logo abierto y constructivo con todas las fuerzas pol¨ªticas de Catalu?a, incluidas las opuestas a la independencia [¡­] sin recurrir al C¨®digo Penal, pero [y esto es un a?adido de ¨²ltima hora] con total respeto al orden constitucional de Espa?a¡±.

La Asociaci¨®n Profesional de la Magistratura, la asociaci¨®n Francisco de Vitoria y el Foro Judicial Independiente denunciaron el pasado viernes que este informe ¡°pone en entredicho¡±, a su juicio, la independencia de los tribunales espa?oles y lesiona el prestigio de su poder judicial.

Antes de que este lunes por la tarde el pleno debata la propuesta, la Comisi¨®n de Asuntos Jur¨ªdicos y Derechos Humanos, que encarg¨® el informe hace m¨¢s de dos a?os, deber¨¢ decidir si acepta dos enmiendas de la Comisi¨®n de Igualdad de la misma asamblea, una de las cuales se?ala que todas estas recomendaciones deben aplicarse de acuerdo a los principios del Estado de derecho y la igualdad de todos los ciudadanos.