Apartamentos Puerto Bello, el ¡®agujero negro¡¯ de la acogida a menores no acompa?ados en Canarias

A pesar de que tiene 22 a?os, el marroqu¨ª Zakaria ingres¨® en enero en el centro de menores habilitado en el complejo de apartamentos Puerto Bello en la localidad tur¨ªstica de Puerto Rico (municipio de Mog¨¢n, Gran Canaria). Escap¨® del lugar en mayo y recuerda as¨ª su experiencia: ¡°Las peleas y las palizas eran lo normal en Puerto Bello. Te pegaban en cualquier parte y por cualquier motivo. Por ejemplo, cuando llegu¨¦ con otros dos chicos, un grupo baj¨® y nos dio una paliza ah¨ª, en la entrada. Yo pude escapar por la recepci¨®n. A los otros dos les dieron bien¡±. Dice que sabe que ¡°algunos chicos sal¨ªan a la calle para acostarse con hombres o mujeres¡±.

Una denuncia an¨®nima, remitida el pasado 31 de mayo a la Consejer¨ªa de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias y al Ayuntamiento de Mog¨¢n, y elaborada supuestamente por trabajadores del centro sostiene que en las instalaciones hay mayores de edad, como demuestra el caso de Zakaria, un hecho que las autoridades tienen la obligaci¨®n de impedir¡ª y que agreden sexualmente a otros. Tambi¨¦n, que varios de los residentes, ¡±al menos tres¡±, se han prostituido tanto con otros compa?eros como con personas de fuera. La misiva se?ala, adem¨¢s, que la direcci¨®n tiene constancia de estos hechos. Las acusaciones implican tambi¨¦n a otros trabajadores del complejo, a los que se atribuyen ¡°agresiones f¨ªsicas y maltrato continuado¡± y que estos episodios ¡°negligentes¡± son ¡°permitidos y fomentados¡± por la direcci¨®n del centro, tanto la pasada como la actual. La Fiscal¨ªa de Menores investiga los posibles delitos adem¨¢s de la actuaci¨®n de la Fundaci¨®n Siglo XXI, encargada de gestionar el complejo. Esta organizaci¨®n permanece en silencio y se remite a la Consejer¨ªa.

El Ejecutivo canario recibi¨® la denuncia el 31 de mayo, pero hasta el 10 de junio no inspeccion¨® el centro y hasta cuatro d¨ªas despu¨¦s no comunic¨® los hechos a la Fiscal¨ªa. Ese mismo d¨ªa, el 14 de junio, la consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, Noem¨ª Santana, de Unidas Podemos, orden¨® el traslado de 43 menores, los m¨¢s problem¨¢ticos, a otros recursos.

Un informe posterior de la directora general de Protecci¨®n a la Infancia y a la Familia, Iratxe Serrano, revel¨® ¡°la escasa intervenci¨®n educativa¡±, la falta de actividades de los menores, que pasaban ¡°parte de la jornada totalmente ociosos¡±, as¨ª como ¡°el desorden y suciedad en las habitaciones y espacios comunes¡±. Los j¨®venes residentes se quejaban de la ¡°alta conflictividad¡± de un grupo de 30 compa?eros, algunos de ellos con rasgos que evidenciaban su mayor¨ªa de edad y ¡°s¨ªntomas visibles¡± de consumir ¡°t¨®xicos y alcohol¡±. Zakaria confirma este extremo: ¡°Muchos de los que viv¨ªan ah¨ª tomaban pastillas o fumaban hach¨ªs¡±. Lo hac¨ªan incluso ¡°delante de los educadores¡±.

Tambi¨¦n constata los hechos Ayoub, otro marroqu¨ª, de 19 a?os, uno de los primeros residentes de Puerto Bello. Vive en la calle desde hace un mes y medio. ¡°Es dif¨ªcil explicar lo que pasaba all¨ª¡±, asegura. Enumera una retah¨ªla de acusaciones contra la direcci¨®n y los empleados, a los que acusa de vender y consumir droga. ¡°Te tra¨ªan alcohol, pastillas... lo que quisieras si pagabas¡±.

Que en el centro de Puerto Bello hab¨ªa problemas es algo sabido desde hace meses. En febrero, una suerte de mot¨ªn de menores da?¨® varias estancias, seg¨²n la denuncia de los trabajadores. La situaci¨®n no es exclusiva del centro grancanario: a mediados de abril, Comisiones Obreras denunci¨® las condiciones de trabajo de empleados de otro en la isla de Fuerteventura por la masificaci¨®n y a los reiterados, y cada vez m¨¢s graves, ¡°actos de violencia contra los trabajadores y la direcci¨®n del centro¡±. El sindicato se?alaba a la Fiscal¨ªa y a las administraciones p¨²blicas por un problema que, entend¨ªa, ¡°se extiende en el tiempo¡±.

La gravedad de los hechos denunciados en Puerto Bello han convertido a este complejo de apartamentos en el agujero negro de la acogida de menores y un ejemplo ilustrativo del bloqueo que rodea la gesti¨®n de los 2.539 menores migrantes no acompa?ados que hay en la actualidad en las islas. El caso ha expuesto que ni?os y mayores conviven en los mismos espacios desde hace meses. La Consejer¨ªa de Derechos Sociales admite que se dan situaciones de menores conviviendo con mayores de edad, sobre todo en los dos campamentos de Tenerife (Las Canteras y Las Ra¨ªces), y calcula que el n¨²mero de adultos que vive en instalaciones dedicadas a menores asciende a casi medio millar.

Cruce de acusaciones

El caso de Puerto Bello ha provocado un cruce de acusaciones entre la Consejer¨ªa de Derechos Sociales y la Fiscal¨ªa Provincial de Las Palmas que ha salpicado a otros organismos, como la Polic¨ªa Nacional.

En la actualidad, hasta 1.743 j¨®venes est¨¢n pendientes de test para determinar su edad, un 68% del total de tutelados. Estas cifras dan muestra de las dificultades de un sistema intrincado, dificultado por la pandemia. El problema se suscita ya a pie de muelle, cuando la Polic¨ªa Nacional debe identificar a los mayores y menores de edad.

Pero este tr¨¢mite ha mostrado lagunas estos meses, en los que se han derivado a menores a centros de adultos y a adultos a centros de menores. La Fiscal¨ªa constituye el principio y el fin del proceso. Su titular solicita a Sanidad que se hagan pruebas ¨®seas. Para ello, la Polic¨ªa Nacional traslada al supuesto menor al centro hospitalario donde se llevar¨¢n a cabo. Despu¨¦s, los forenses del Instituto de Medicina Legal estudian los resultados y elaboran un informe que elevan a la Fiscal¨ªa, la cual, finalmente, emite un decreto de determinaci¨®n edad.

Fuentes del Gobierno de Canarias cargan sobre la Fiscal¨ªa la mayor parte de responsabilidad del bloqueo. La consejera Noem¨ª Santana explic¨® la pasada semana que unas 250 personas permanecen en recursos de acogida de menores ¡°con prueba ¨®sea realizada o con documentaci¨®n que acredita su mayor¨ªa de edad, pendientes del decreto de la Fiscal¨ªa. A veces, la responsabilidad recae en las fuerzas de seguridad. Seg¨²n Santana, hay hasta 16 adultos acreditados en un centro de menores que siguen a la espera de ser trasladados por la Polic¨ªa Nacional¡±. La fiscal jefe de la provincia de Las Palmas, Beatriz S¨¢nchez, admite estos retrasos, pero asegura que es un mal extendido. ¡°Obviamente, no se est¨¢ al d¨ªa¡±, admite, ¡°pero igual que el Gobierno no lo est¨¢. Todos est¨¢n retrasados¡±.

La ausencia del decreto emitido por la Fiscal¨ªa tiene graves consecuencias. En primer lugar impide la separaci¨®n efectiva de los mayores de edad, subrayan fuentes de Sanidad. ¡°Aunque sepamos a ciencia cierta que son mayores, sin ese tr¨¢mite no podemos trasladarlos¡±.

Zakaria y Ayoub son dos ejemplos de ello. El primero asegura que en varias ocasiones mostr¨® su carn¨¦ de identidad marroqu¨ª, en el que constaba su mayor¨ªa de edad. ¡°Se lo ense?¨¦ hasta al director, pero me dejaron ah¨ª¡±. Prefiri¨® vivir en la calle de antes que seguir en el dispositivo. Ayoub quiso abandonar el centro asegurando que es adulto. El bloqueo en las pruebas, adem¨¢s, tiene otras consecuencias, sostiene la consejer¨ªa, como la de frenar la escolarizaci¨®n de los tutelados.

La dif¨ªcil gesti¨®n

La tutela de los menores no acompa?ados llegados a Canarias ha desbordado al Gobierno auton¨®mico. El Ejecutivo que preside ?ngel V¨ªctor Torres ha abierto 30 dispositivos de emergencia desde 2019 (19 en Gran Canaria, 9 en Tenerife y 2 en Fuerteventura), cuya gesti¨®n encomend¨® a cinco entidades colaboradoras. Alguno de estos recursos se ubicaron en alojamientos tur¨ªsticos, vac¨ªos por la pandemia, lo que provoc¨® las airadas protestas de consistorios como el de Mog¨¢n, que amenaz¨® con abrir expedientes sancionadores contra los establecimientos. En la actualidad, a¨²n quedan dos establecimientos hoteleros destinados a este fin en Gran Canaria, ambos en Mog¨¢n, con un total de 208 plazas. En Tenerife hay otros dos, uno en el Puerto de la Cruz y otro en Santa Cruz de Tenerife, con 130 plazas.

¡°La necesidad de ayuda es imperiosa, esto es un grito desesperado a que se colabore con Canarias¡±, afirmaba en octubre pasado a EL PA?S la consejera de Derechos Sociales. B¨¢sicamente, tanto Santana como el presidente Torres reclaman m¨¢s fondos y la derivaci¨®n de menores a otras comunidades. En diciembre arranc¨® del Ministerio de Derechos Sociales una subvenci¨®n de 10 millones. Hasta la fecha las derivaciones a otras comunidades ascienden a 223, seg¨²n el propio Ejecutivo.

Los migrantes, mientras tanto, son los m¨¢s perjudicados. ¡°Yo quer¨ªa tener una vida en Barcelona y mandar dinero a mi casa¡±, afirma Ayoub. ¡°Ahora desear¨ªa no haber venido nunca¡±.