La Fiscal¨ªa censura al juez del ¡®caso P¨²nica¡¯ por archivar la causa a empresas y denegar diligencias sobre el PP

La Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n ha recurrido en las ¨²ltimas semanas varios autos del juez Manuel Garc¨ªa-Castell¨®n en los que archivaba causas abiertas por corrupci¨®n contra empresas importantes y en los que denegaba determinadas diligencias para investigar la supuesta financiaci¨®n ilegal del PP de Madrid a trav¨¦s del Gobierno de Esperanza Aguirre.

Las decisiones del juez est¨¢n relacionadas con el caso P¨²nica, una de las grandes causas de corrupci¨®n que instruye Garc¨ªa-Castell¨®n desde el Juzgado n¨²mero 6 de la Audiencia Nacional. El caso P¨²nica investiga una trama ¨Dcon una decena de ramificaciones?¨D vinculada a administraciones p¨²blicas y que afecta a numerosos altos cargos madrile?os del PP. La expresidenta Esperanza Aguirre y su sucesor, Ignacio Gonz¨¢lez, est¨¢n imputados en este proceso.

Dos acusaciones populares (Adade y el PSOE) se unieron a los recursos de la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n contra los autos del juez instructor. Estas acusaciones populares tambi¨¦n reclaman nuevas diligencias de investigaci¨®n en un momento decisivo de la causa. Garc¨ªa-Castell¨®n pretende finalizar ya la instrucci¨®n para celebrar juicio oral y ha dado tres d¨ªas a las partes para que aleguen lo que consideren conveniente.

Adade y el PSOE recuerdan que el instructor acord¨® en 2018 incorporar al sumario las pruebas obtenidas en distintos registros a dirigentes del PP, pero que hasta hace unos d¨ªas ¨Dtres a?os despu¨¦s¨D no ha sido posible consultar esos indicios, lo que ha impedido una investigaci¨®n adecuada de los hechos. Tambi¨¦n se?alan que el juez no ha ordenado en los dos ¨²ltimos a?os a las Fuerzas de Seguridad la elaboraci¨®n de informes sobre las pruebas recabadas de la supuesta financiaci¨®n ilegal del PP de Madrid.

Por su parte, la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n ha recurrido en los ¨²ltimos meses hasta tres piezas separadas del caso P¨²nica. Los fiscales censuran en t¨¦rminos muy duros las decisiones adoptadas por el juez Garc¨ªa-Castell¨®n.

Recalificaciones en Valdemoro

Anticorrupci¨®n recurri¨® en marzo pasado el archivo provisional de la causa contra dos empresarios de la construcci¨®n de Valdemoro y los representantes de El Corte Ingl¨¦s por una recalificaci¨®n de terrenos supuestamente fraudulenta que perjudic¨® al Ayuntamiento de la localidad, gobernado por el PP.

La Fiscal¨ªa acus¨® al instructor de haber vulnerado su derecho ¡°a la tutela judicial efectiva¡±, de archivar la causa contra los constructores ¡°sin esperar a conocer el resultado de un informe pericial¡±, y de contestar a los recursos de la Fiscal¨ªa y de Adade ¡°negando valor a los datos objetivos extra¨ªdos de las fuentes de prueba utilizados en la causa¡±. El juez incurre, seg¨²n Anticorrupci¨®n, en ¡°contradicciones y razonamientos il¨®gicos¡± y acuerda un ¡°sobreseimiento prematuro¡±. La Fiscal¨ªa lleg¨® a sugerir que el instructor ¡°parece ejercer de defensa de los investigados¡±.

La secci¨®n cuarta de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional revoc¨® el pasado 1 de julio el archivo decretado por el juez y orden¨® continuar con la investigaci¨®n, manteniendo a los constructores como imputados.

Desv¨ªo de fondos de la Comunidad de Madrid

El juez rechaz¨® por ¡°innecesarias e in¨²tiles¡± m¨¢s diligencias solicitadas por la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n para investigar el supuesto desv¨ªo de fondos p¨²blicos de la Comunidad de Madrid a distintas empresas privadas, entre ellas Indra, dentro de la causa por financiaci¨®n ilegal del PP. ¡°Es un goteo en la solicitud de diligencias sin justificaci¨®n alguna en base a datos que constan en el sumario desde 2017¡±, argument¨® el juez.

La Fiscal¨ªa reproch¨® al instructor que llevaba tres a?os sin incorporar al sumario las pruebas encontradas en el registro a varios dirigentes del PP en relaci¨®n con la financiaci¨®n ilegal de este partido. Tambi¨¦n critic¨® al juez por rechazar nuevas diligencias de investigaci¨®n sobre Indra, pese a que esta empresa admiti¨® haber pagado por servicios nunca prestados a sociedades que supuestamente financiaron ilegalmente al PP de Madrid. ¡°No se explica el cambio de criterio del instructor¡±, escribieron los fiscales en su recurso.

El sobreseimiento de Indra

El juez firm¨® un auto el 23 de marzo pasado el sobreseimiento provisional de la causa abierta contra Indra. ¡°No ha quedado acreditado un incumplimiento grave de los deberes de control, vigilancia o supervisi¨®n por parte de la entidad respecto a la actuaci¨®n de sus empleados y adem¨¢s al haberse constatado la adopci¨®n y ejecuci¨®n, antes de la comisi¨®n del delito, de un modelo eficaz de prevenci¨®n supervisado por un ¨®rgano aut¨®nomo¡±.

El juez manten¨ªa imputados a varios directivos de Indra por supuesta corrupci¨®n, relacionada con la financiaci¨®n del PP de Madrid, pero entend¨ªa que la compa?¨ªa no ten¨ªa responsabilidad en lo ocurrido porque hab¨ªa aplicado sistemas para prevenir justamente la comisi¨®n de delitos entre sus empleados.

La Fiscal¨ªa sostuvo que Indra ¡°colabor¨® en el pago a empresas amigas del PP-Madrid a trav¨¦s de la contrataci¨®n fraudulenta de estas¡± y recurri¨® el archivo provisional, atribuyendo al juez instructor ¡°un modo de razonar il¨®gico y arbitrario¡±. Anticorrupci¨®n record¨® que Indra identific¨® a los responsables y despidi¨® a quienes aparec¨ªan como sospechosos, pero lo hizo el 10 de diciembre de 2019, cinco a?os despu¨¦s de que ocurrieran los hechos. Y se preguntaba: ¡°?Un programa de cumplimiento normativo es eficaz cuando no solo no detecta los hechos, sino que tarda cinco a?os en identificar las irregularidades y tomar medidas?¡±. El auto del juez Garc¨ªa-Castell¨®n ¡°carece de l¨®gica en cuanto a las causas del sobreseimiento acordado¡± y genera ¡°una infracci¨®n al derecho de la tutela judicial efectiva causante de indefensi¨®n¡±.

Los fiscales anticorrupci¨®n, conocedores de la intenci¨®n del juez de poner fin a la instrucci¨®n sin aceptar las diligencias solicitadas y aprobando el archivo de la causa contra Indra, denunciaron ¡°la extra?a posici¨®n procesal [del instructor], incompatible con los principios de celeridad y tutela de los derechos fundamentales¡±.

La acusaci¨®n popular de Adade y del PSOE recurri¨®, por su parte, la denegaci¨®n de diligencias que solicitaron casi hace un a?o, pero a las que el juez ha respondido ahora. ¡°Resulta llamativo¡±, denuncian, ¡°la diligencia del juzgado para cerrar la instrucci¨®n, sus referencias a los a?os que lleva instruy¨¦ndose el caso, y que no haya encontrado tiempo para poner las actuaciones a disposici¨®n de las partes¡±.