La decisi¨®n del Constitucional deja en el aire el pago de decenas de miles de multas del estado de alarma

La sentencia anunciada este mi¨¦rcoles por el Tribunal Constitucional, que tumba parte del decreto de estado de alarma que confin¨® en 2020 a millones de espa?oles en sus casas durante la primera etapa de la pandemia del coronavirus, abre un escenario inesperado para el Gobierno de Pedro S¨¢nchez: la devoluci¨®n de miles de multas impuestas a los ciudadanos por saltarse las restricciones. La resoluci¨®n del alto tribunal, que se publicar¨¢ en su integridad en los pr¨®ximos d¨ªas, dejar¨¢ sin cobertura legal a estas sanciones al entender que se ordenaron bajo el paraguas de una norma que queda anulada finalmente, seg¨²n fuentes del alto tribunal.

A falta de conocer los recovecos del fallo y el alcance pr¨¢ctico de sus detalles, esas mismas fuentes se?alan que la idea es que decaigan todas las multas emitidas que afectasen al derecho de circulaci¨®n, que se suspendi¨® por una v¨ªa considerada ahora inconstitucional. De esta forma, quienes a¨²n no las hayan pagado, no tendr¨ªan que hacerlo finalmente. Y quienes ya las hayan abonado, tendr¨ªan que reclamar para que les reintegren el dinero. Eso s¨ª, el texto de los magistrados tendr¨¢ que delimitar qu¨¦ ocurre, por ejemplo, con aquellos casos que han sido ya analizados en los tribunales y se ha dictado sentencia firme.

Los datos que maneja el Ministerio del Interior es que, entre el primer estado de alarma que se prolong¨® del 14 marzo al 21 de junio de 2020, las distintas polic¨ªas propusieron m¨¢s de 1,14 millones de multas. En muchos casos, para aplicar las restricciones, los agentes aplicaron el art¨ªculo 36.6 de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida popularmente como ley mordaza, que prev¨¦ castigar por falta grave ¡ªde 601 a 30.000 euros¡ª la desobediencia a las Fuerzas de Seguridad. El enorme volumen de sanciones provoc¨® en un primer momento el colapso de las delegaciones del Gobierno en las diferentes comunidades, encargadas de tramitar cada expediente (a excepci¨®n de Catalu?a y Pa¨ªs Vasco, donde dichas competencias se encuentran transferidas).

Ese cuello de botella se ha ido solucionando progresivamente, aunque los ¨²ltimos datos disponibles evidenciaban que a¨²n quedaba mucho camino por recorrer. A 24 de marzo de este a?o, solo se hab¨ªan finalizado 161.702 de los expedientes abiertos por el primer estado de alarma, seg¨²n detall¨® el Gobierno en una respuesta parlamentaria al diputado Jon I?arritu (EH Bildu) y que no recoge las multas de Pa¨ªs Vasco y Catalu?a. Esa cifra apenas representa el 16,8% de todas las sanciones propuestas en las comunidades incluidas en la contestaci¨®n del Ejecutivo socialista.

A la expectativa

Tras conocerse el fallo del Constitucional, La Moncloa no tard¨® en reaccionar. Mostr¨® su sorpresa y malestar por un fallo que estudiar¨¢ a fondo para ver qu¨¦ margen de maniobra le deja, seg¨²n explican fuentes gubernamentales. La propia ministra de Justicia, Pilar Llop, compareci¨® por la tarde en un formato que no permit¨ªa preguntas de los periodistas: ¡°En aquel momento, el deber del Gobierno era tomar medidas inmediatas, urgentes y proporcionadas para contener la propagaci¨®n de un virus desconocido y defender la vida de millones de compatriotas. El confinamiento decretado en el estado de alarma y la conducta ejemplar de los espa?oles nos permiti¨® frenar el virus¡±, dijo, sin ofrecer m¨¢s detalles del nuevo escenario que se abre.

Las delegaciones del Gobierno en las diferentes comunidades aut¨®nomas, encargadas de tramitar las sanciones, optaron este mi¨¦rcoles por la m¨¢xima cautela. Seg¨²n detallaron fuentes de varias de ellas consultadas por EL PA?S, estos organismos quieren conocer tambi¨¦n primero el contenido exacto del fallo del alto tribunal ¡ªes decir, c¨®mo queda plasmada la anulaci¨®n de las multas en la resoluci¨®n de los magistrados¡ª y, adem¨¢s, esperar¨¢n a recibir ¡°indicaciones¡± desde el Ejecutivo central para saber c¨®mo actuar.

El fallo pone en jaque varios millones de euros. Por ejemplo, seg¨²n los datos de la Comunidad Valenciana, la Administraci¨®n ya ha recaudado en sus tres provincias 14,1 millones de euros por infracciones a la ley de Seguridad Ciudadana durante el primer estado de alarma. De ese importe, 8,3 millones son sanciones abonadas mediante el pago anticipado.

El Gobierno del Pa¨ªs Vasco, que tiene transferidas las competencias para tramitar los expedientes sancionadores, tambi¨¦n mostr¨® este mi¨¦rcoles una actitud similar de prudencia. Seg¨²n fuentes del Ejecutivo de I?igo Urkullu (PNV), la sentencia dictada por el Tribunal Constitucional deja en el aire hasta 31.000 multas impuestas entre marzo y junio del pasado a?o.

Con informaci¨®n de Mar¨ªa Fabra, Mikel Ormazabal, Silvia R. Pontevedra, Luc¨ªa Boh¨®rquez, Elisa Tasca y Juan Navarro.