El oto?o judicial m¨¢s tenso para el Gobierno y el PP
Los indultos del ¡®proc¨¦s¡¯ y los ¡®papeles de B¨¢rcenas¡¯, entre los asuntos pendientes de resoluci¨®n en los pr¨®ximos meses
El inicio del a?o judicial acerca tanto al Gobierno como al PP a importantes pronunciamientos de los tribunales. El oto?o caliente en el ¨¢mbito de la justicia coincide con la crisis institucional que supone la existencia de un Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) con un mandato caducado desde hace m¨¢s de dos a?os y medio, y sin perspectivas de acuerdo, pese a los contundentes llamamientos que se vienen realizando para que se pacte su renovaci¨®n.
En parte, la relevancia de los fallos que se ir¨¢n conociendo en los pr¨®ximos meses ayuda a identificar las razones de fondo del pulso que mantiene el Gobierno con el principal partido de la oposici¨®n. En el Tribunal Supremo, no se trata tanto de las mayor¨ªas existentes en cada una de sus cinco Salas como de la pol¨ªtica de nombramientos, una competencia clave del Consejo del Poder Judicial. Ahora es la Sala de lo Contencioso la que suscita un especial inter¨¦s.
Los dos principales asuntos que explican el foco puesto sobre esta Sala son los recursos contra el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general, tras haber sido ministra de Justicia, y las impugnaciones contra los indultos de los l¨ªderes del proc¨¦s. Ha habido alguna escaramuza, pero no una aut¨¦ntica batalla en los proleg¨®menos de estos asuntos. El primer debate fue si el caso de la fiscal del Estado se llevaba o no a pleno. Pidieron que as¨ª se hiciera nueve magistrados, pero hubiera hecho falta que lo solicitara una mayor¨ªa de los actuales 27 miembros de la Sala.
El asunto se ver¨¢ en la Secci¨®n Cuarta, compuesta por seis magistrados, a los que se sumar¨¢ el presidente de la Sala, C¨¦sar Tolosa. En el Supremo se dice que se actuar¨¢ as¨ª para evitar riesgos de empate. Lo m¨¢s probable es que se desestimen los recursos del PP y Vox, porque Delgado cumple los requisitos objetivos para acceder al cargo. Las valoraciones sobre su idoneidad que han hecho los citados partidos pertenecen, m¨¢s que al ¨¢mbito jur¨ªdico, al del debate pol¨ªtico.
El caso de los indultos del proc¨¦s, a su vez, tardar¨¢ muchos meses en resolverse. Son varias las impugnaciones presentadas y el plazo para recurrir termina a finales de ese mes. No se espera que haya resoluci¨®n alguna hasta el segundo trimestre de 2022. En medios del Supremo se consideran remotas las posibilidades de que los recursos prosperen, porque para ello ser¨ªa preciso que se estimaran insuficientemente motivados, y el Gobierno se encarg¨® de forma preventiva de tramitar unos expedientes detallados.
Mucho m¨¢s margen parece haber para que sea en el Tribunal Constitucional donde el Gobierno pueda recibir varapalos en los pr¨®ximos meses. En primer lugar, con la sentencia sobre el segundo estado de alarma. El presidente del Tribunal, Juan Jos¨¦ Gonz¨¢lez Rivas, explic¨® este lunes que ese recurso plantea problemas distintos al del primero, pero en medios del Constitucional se vaticina un fallo alineado con el anterior. Aquella primera sentencia supuso declarar inconstitucional el confinamiento con el paraguas legal del estado de alarma. Ahora se va a discutir mucho sobre la falta de control parlamentario en la segunda fase de la crisis sanitaria.
Tambi¨¦n habr¨¢ mucho debate sobre las f¨®rmulas alternativas de juramento empleadas por diputados independentistas y de otras minor¨ªas del Congreso y del Senado. Aqu¨ª el problema ser¨¢ si se entiende que los a?adidos al juramento suponen que quienes los pronunciaron no adquirieron la condici¨®n de parlamentarios. Todo ello podr¨ªa llegar a poner en tela de juicio las mayor¨ªas existentes. En el Tribunal de Cuentas, a su vez, la decisi¨®n pendiente con mayor trascendencia pol¨ªtica es la aceptaci¨®n o no de los avales propuestos por la Generalitat en el expediente por sus gastos en la promoci¨®n exterior del proc¨¦s.
Para el PP, a su vez, el horizonte judicial aparece especialmente complejo en la Audiencia Nacional. Faltan la sentencia sobre los papeles de B¨¢rcenas, en relaci¨®n con la denominada caja B de dicho partido y la reforma de su sede en la calle G¨¦nova. De las piezas separadas de G¨¹rtel se espera un pronunciamiento sobre la supuesta responsabilidad del PP en las acciones de dicha trama a t¨ªtulo lucrativo.
Por otra parte, en octubre pr¨®ximo el excomisario Villarejo ser¨¢ juzgado por tres piezas de la Operaci¨®n T¨¢ndem, y volver¨¢n a aparecer las descripciones del modus operandi de la mafia policial que actu¨® durante a?os en Espa?a.
Con este panorama, si cabe m¨¢s encrespado que en a?os anteriores, se explica que tanto el presidente del Consejo y del Supremo, Carlos Lesmes, como la fiscal general, Dolores Delgado, hicieran este lunes un llamamiento a evitar que se trate a la justicia como un espacio pol¨ªtico susceptible de control. En RNE, el presidente del Constitucional, Gonz¨¢lez Rivas, pidi¨® a su vez a ambas partes implicadas en la renovaci¨®n del Consejo del Poder Judicial que abandonen las ¡°veleidades individualizadas¡± para no anteponer sus intereses particulares a la necesidad de un pacto.
La realidad, con todo, es que existen unas mayor¨ªas conservadoras tanto en el propio Consejo, como en el Tribunal de Cuentas y en el Constitucional, instituciones en las que se da una situaci¨®n de interinidad. En las dos primeras, por haber cumplido ya su mandato; y en el Constitucional, por haberlo hecho 4 de sus 12 magistrados, entre ellos su presidente y su vicepresidenta.
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