El Constitucional, sin renovar y en erupci¨®n

El Tribunal Constitucional, definido muchas veces como ¡°la tercera c¨¢mara¡±, se ha convertido en los ¨²ltimos meses en un foco de cr¨ªtica y cuestionamiento permanente para el Gobierno de Pedro S¨¢nchez a trav¨¦s de sus sentencias, marcadas por una fuerte divisi¨®n en la interpretaci¨®n de la Constituci¨®n y por el predominio del sector conservador (siete de los once magistrados que componen el pleno).

Esta situaci¨®n tiene en parte su origen en un incidente ocurrido hace 14 meses y que afect¨® al magistrado ...

El Tribunal Constitucional, definido muchas veces como ¡°la tercera c¨¢mara¡±, se ha convertido en los ¨²ltimos meses en un foco de cr¨ªtica y cuestionamiento permanente para el Gobierno de Pedro S¨¢nchez a trav¨¦s de sus sentencias, marcadas por una fuerte divisi¨®n en la interpretaci¨®n de la Constituci¨®n y por el predominio del sector conservador (siete de los once magistrados que componen el pleno).

Esta situaci¨®n tiene en parte su origen en un incidente ocurrido hace 14 meses y que afect¨® al magistrado Fernando Vald¨¦s, del sector progresista. Dos j¨®venes paseantes oyeron un d¨ªa de agosto del a?o pasado gritar ¡°socorro¡± desde el balc¨®n del chalet de Vald¨¦s y llamaron a la Guardia Civil. Los agentes que intervinieron describieron el hecho en su atestado como un presunto delito de maltrato en el ¨¢mbito familiar. El magistrado progresista renunci¨® dos meses m¨¢s tarde a su puesto en el Constitucional mediante una carta en la que defend¨ªa su inocencia y explicaba que tomaba esta decisi¨®n para no perjudicar al tribunal. Todav¨ªa est¨¢ pendiente de juicio.

Vald¨¦s hab¨ªa preparado aquellos d¨ªas una ponencia sobre el recurso de Vox contra el primer decreto de alarma del Gobierno. Tras la renuncia del magistrado progresista, el proyecto de sentencia recay¨® en el magistrado conservador Pedro Gonz¨¢lez-Trevijano, quien propuso declarar inconstitucional el confinamiento de la poblaci¨®n porque ello hab¨ªa supuesto una suspensi¨®n, y no una mera limitaci¨®n, de derechos fundamentales, como el de libre circulaci¨®n.

La sentencia se aprob¨® por seis votos a favor y cinco en contra. Faltaba el voto de Vald¨¦s, que hubiera podido inclinar la balanza a favor del decreto de alarma dado que el presidente del Constitucional, Juan Jos¨¦ Gonz¨¢lez Rivas, rechaz¨® el recurso de Vox y hubiera tenido voto de calidad para desempatar. El reproche del Constitucional a la medida principal del Gobierno para combatir la pandemia complic¨® la relaci¨®n entre los magistrados de ese ¨®rgano. Las marcas que dej¨® aquel debate siguen muy visibles.

El fallo obtuvo el respaldo de la mayor¨ªa conservadora, compuesta por los magistrados Alfredo Montoya, Santiago Mart¨ªnez Vares, Antonio Narv¨¢ez y Ricardo Enr¨ªquez, a los que en los minutos de descuento de la deliberaci¨®n se a?adi¨® la vicepresidenta, Encarnaci¨®n Roca, magistrada propuesta en su d¨ªa por el PSOE para entrar en el tribunal y que se sit¨²a en muchas ocasiones con el sector conservador.

La marcha de Vald¨¦s alter¨® los equilibrios internos del Constitucional. El magistrado progresista era el encargado tambi¨¦n del fallo sobre la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como ley mordaza, que tras cambiar de ponente fue avalada pr¨¢cticamente en su integridad. En ambos casos, las frustradas propuestas de Vald¨¦s eran muy distintas de las que finalmente se aprobaron. Pero quedaron olvidadas en un caj¨®n.

El premio de consolaci¨®n de los magistrados progresistas es en estos casos la posibilidad de acompa?ar las sentencias de la mayor¨ªa con votos particulares en contra. Contra el fallo sobre el primer estado de alarma, que abri¨® otro episodio de tensi¨®n en el tribunal, hubo votos discrepantes por parte de Mar¨ªa Luisa Balaguer, Juan Antonio Xiol y C¨¢ndido Conde Pumpido. A los tres se unieron esta vez el magistrado Andr¨¦s Ollero y el presidente del Constitucional, ambos conservadores y convencidos como los anteriores de que la declaraci¨®n del estado de excepci¨®n, ¨²nica alternativa posible al de alarma, no era la reacci¨®n id¨®nea frente a la pandemia.

En el caso de la ley mordaza, las impugnaciones procedieron de un amplio abanico de partidos, el centroizquierda parlamentario pr¨¢cticamente al completo, desde el PSOE hasta el grupo de Izquierda Plural, pasando por la Chunta Aragonesista o IU, a los que se uni¨® el Parlamento catal¨¢n con un recurso propio. Todos ellos estimaron que la Ley de Seguridad Ciudadana entra?¨® una regresi¨®n en materia de libertad de expresi¨®n y un tratamiento equivocado e injusto del problema de la inmigraci¨®n ilegal. La crisis fronteriza de mayo pasado en Ceuta, con la entrada desde Marruecos de unas 10.000 personas en pocos d¨ªas, y la paralizaci¨®n judicial de las devoluciones de menores al pa¨ªs magreb¨ª evidenci¨® lo espinoso de la cuesti¨®n. El tribunal aval¨® la ley con una sentencia de la mayor¨ªa conservadora muy distinta de la que hab¨ªa preparado Vald¨¦s, que se basaba en una concepci¨®n garantista frente a los abusos policiales en materia de orden p¨²blico y con condiciones para limitar las expulsiones en caliente.

En cambio, el decreto del primer estado de alarma fue apoyado inicialmente por la pr¨¢ctica totalidad del arco parlamentario, incluidos el PP y Vox. No obstante, el l¨ªder popular, Pablo Casado, precis¨® que lo hac¨ªa por ¡°sentido de Estado¡± y pese a considerar que se trataba de ¡°un estado de excepci¨®n encubierto¡±. En pr¨®rrogas posteriores, el PP se abstuvo primero y vot¨® en contra despu¨¦s, criticando la paulatina reducci¨®n de las posibilidades de control parlamentario al Gobierno. Ahora, m¨¢s de un a?o m¨¢s tarde, llegar¨¢ en el pr¨®ximo pleno otra sentencia que cuestionar¨¢ esa falta de control en el segundo estado de alarma. Y acaba de aprobarse esta semana el fallo por la restricci¨®n de actividades en las Cortes durante las primeras semanas de la pandemia. Ser¨¢n, pues, tres sentencias contra la estrategia jur¨ªdica del Gobierno frente a la pandemia.

La sentencia contra el primer estado de alarma fue la madre de todas las batallas libradas hasta ahora con la actual composici¨®n del tribunal. El Gobierno se movi¨® para evitar un rev¨¦s, convencido de que el fallo iba a crear m¨¢s problemas de los que pretend¨ªa solucionar y de que la anulaci¨®n no se iba a entender en los pa¨ªses que hab¨ªan aplicado id¨¦nticas medidas. Hizo algunas gestiones y levant¨® el tel¨¦fono, pero sin ¨¦xito. Incluso hubo quien contest¨® la llamada con aparente cortes¨ªa y luego se quej¨® de haberla recibido. Nada detuvo una sentencia que para la oposici¨®n debi¨® haber significado la ca¨ªda del Ejecutivo y que en el tribunal permiti¨® detectar algunos movimientos de fondo, con la vista puesta en la presidencia del Constitucional.

En teor¨ªa, esa presidencia estar¨¢ en juego el a?o pr¨®ximo. En julio de 2022 el Consejo General del Poder Judicial deber¨ªa nombrar a dos magistrados, y el Gobierno a otros dos. Otros cuatro ¡ªentre ellos el presidente, Juan Jos¨¦ Gonz¨¢lez Rivas, y la vicepresidenta, Encarnaci¨®n Roca¡ª deber¨ªan haber salido ya. Va para dos a?os de prolongaci¨®n del mandato. Tambi¨¦n estaba caducado el dimitido Fernando Vald¨¦s, que no ha sido sustituido. El a?o pr¨®ximo, por tanto, deber¨ªan cambiar hasta ocho miembros del tribunal, si las dos renovaciones se resuelven a la vez.

Ocho magistrados equivalen a dos tercios del Constitucional, que de este modo cambiar¨ªa de signo. Se terminar¨ªa la etapa de la mayor¨ªa conservadora y podr¨ªa entrar en escena una mayor¨ªa progresista, de siete a cinco. En ese supuesto la presidencia cambiar¨ªa tambi¨¦n de signo. A Gonz¨¢lez Rivas ¡ªo a quien entonces est¨¦ presidiendo el tribunal si antes ha habido pacto para la primera renovaci¨®n entre PP y PSOE¡ª le suceder¨ªa un magistrado de sesgo progresista.

Las alternativas que se manejan desde la actual minor¨ªa progresista del tribunal volver¨¢n a aparecer ahora en los votos particulares que tanto Balaguer como Conde-Pumpido ¡ªal igual que Xiol¡ª van a presentar contra la sentencia que ha avalado la prisi¨®n permanente revisable. Con este fallo han vuelto a temblar los cimientos de una instituci¨®n cuya sede ¡ªun edificio inicialmente destinado a acoger una mutua sanitaria¡ª, con forma de cono, comparan muchos con un volc¨¢n. De nuevo la sensibilidad progresista, preocupada por garantizar el acceso de los presos a la reinserci¨®n social, choc¨® con el orden de prioridades conservador, partidario de mantener a la vez el car¨¢cter retributivo de las penas frente a los delitos m¨¢s graves.

Este ¨²ltimo sector, ahora mayoritario, no funciona como un rodillo, porque a veces se le escapa alg¨²n voto, pero en pocas ocasiones pierde una votaci¨®n importante. Pas¨® hace un a?o, cuando los progresistas consiguieron imponer la prioridad de proteger el bien de la salud p¨²blica, frente al deseo de garantizar el derecho de manifestaci¨®n en plena pandemia, o el pasado mes de marzo cuando impidieron que Toni Cant¨® se presentara en las listas del PP a la Comunidad de Madrid, encabezadas por Isabel D¨ªaz Ayuso, por haberse empadronado tarde en Madrid.

En ambos casos, el presidente se decant¨® por el sector progresista y su voto de calidad determin¨® el resultado. Ni hubo manifestaciones primero, ni pudo presentarse Cant¨® despu¨¦s. En el ¨¢mbito de la derecha judicial y medi¨¢tica, esta deriva le ha costado cierto precio a Gonz¨¢lez Rivas. En el Constitucional se dice que Gonz¨¢lez Rivas se echa a re¨ªr cuando le cuentan, escucha o lee que se especula con que ha cambiado de bando. En realidad, lo que ha hecho es tratar de contener los enfrentamientos en el tribunal y de evitar que la din¨¢mica pol¨ªtica y sus emanaciones se introduzcan en sus despachos.

En paralelo, llegan nuevos recursos. Los m¨¢s recientes, presentados por Vox, a veces en directa competencia con el PP. Ambos partidos han impugnado algunas de las normas m¨¢s importantes de la legislatura, como la ley Cel¨¢a, en materia educativa, o la de eutanasia. Casado anunci¨® el pasado domingo que derogar¨ªa ambas normas si gana las elecciones. En medios del propio tribunal ha habido comentarios en el sentido de que podr¨ªa no tener de qu¨¦ preocuparse, porque si pasa cierto tiempo hasta que se pacte la renovaci¨®n del Constitucional, quiz¨¢ se encuentre con el trabajo hecho.

El aborto, en un caj¨®n

En la capa m¨¢s profunda de los recursos pendientes est¨¢ el relativo al derecho al aborto, guardado en un caj¨®n desde hace 11 a?os. Hay una querella por supuesto retardo malicioso presentada en el Tribunal Supremo por la Asociaci¨®n de Abogados Cristianos contra el magistrado Andr¨¦s Ollero, ponente de la resoluci¨®n. En realidad, ha sido el Constitucional en su conjunto el que ha ido dejando pasar el tiempo, una vez comprobado que el PP, que present¨® la impugnaci¨®n, manten¨ªa la actual ley de plazos cuando tuvo la oportunidad de cambiarla en su anterior etapa de Gobierno.

Ollero, a su vez, son¨® mucho como candidato a presidir el tribunal en la ¨²ltima renovaci¨®n, en marzo de 2017, pero su trayectoria como portavoz de justicia del PP durante 17 a?os y sus convicciones pol¨ªticas y religiosas no lo facilitaron. Un acuerdo entre el Gobierno y el PSOE hizo que la designaci¨®n recayera en Gonz¨¢lez Rivas, tambi¨¦n conservador, pero cuya ¨¦tica de la responsabilidad ¡ªpara usar la conocida expresi¨®n de Max Weber¡ª ofrece matices distintos. En medios del tribunal se recuerda aquel pacto y se afirma con iron¨ªa que los tiempos parecen haber cambiado, porque ahora no hay d¨ªa en que no se oiga hablar a los partidos de la importancia de garantizar la independencia de la justicia.