El pasado nunca se quema

A ?scar Alzaga no se le han olvidado las columnas de humo elev¨¢ndose sobre el cielo de Madrid durante aquellos d¨ªas del comienzo de 1978. En la sede de la Direcci¨®n General de la Guardia Civil, las calderas funcionaban sin descanso para destruir los archivos de la represi¨®n franquista, decenas de miles de fichas de opositores a la dictadura, entre ellos el propio Alzaga, un hombre de trayectoria singular: entregado desde joven a la causa democristiana, se bati¨® como activo dirigente estudiantil en los a?os sesenta, se adhiri¨® en la Transici¨®n a UCD y, tras la desintegraci¨®n de esta, acab¨® su carrera pol¨ªtica en una ef¨ªmera coalici¨®n con Manuel Fraga. De 1979 a 1986 tuvo asiento en el Congreso, adonde regres¨® el pasado martes, con 79 a?os, para presentar un libro de memorias, La conquista de la Transici¨®n, y deplorar a¨²n aquella ¡°quema indiscriminada¡± con la que se inciner¨® un episodio crucial de la historia reciente de Espa?a.

La orden de destruir las pruebas de la represi¨®n hab¨ªa partido de un antiguo hombre del r¨¦gimen, Rodolfo Mart¨ªn Villa, entonces ministro de la Gobernaci¨®n y, aunque parezca asombroso escuchando hoy a Alzaga, compa?ero de este en UCD. La Transici¨®n se fragu¨® en esos retorcidos laberintos. Alzaga la defiende, pero tambi¨¦n lamenta alg¨²n precio pagado: ¡°Privarle a nuestro pueblo del derecho a conocer su historia, aun la m¨¢s triste¡±. As¨ª lo dice en su libro, escrito con un prop¨®sito fundamental, seg¨²n cont¨® ante la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, y los portavoces de los principales grupos parlamentarios: ¡°Rebatir esa idea a¨²n tan extendida por algunos de que fueron los franquistas quienes nos donaron la democracia¡±.

¡°El olvido es incompatible con la democracia¡±, sentencia Fernando Mart¨ªnez, historiador y secretario de Estado de Memoria Democr¨¢tica, que la pr¨®xima semana tambi¨¦n estar¨¢ muy pendiente del Congreso. Una de las grandes apuestas legislativas del Gobierno, la Ley de Memoria Democr¨¢tica, que sustituye a la de Zapatero de 2007 y la ampl¨ªa, afronta el jueves su primer tr¨¢mite parlamentario. Una ley que quiere ¡°ser de todos¡±, inspirada en los principios del ¡°humanitarismo y los derechos humanos¡± y que, subraya Mart¨ªnez, no persigue abrir heridas sino ¡°retribuir a las v¨ªctimas¡±. El proyecto, coinciden los grupos pol¨ªticos, salvar¨¢ el primer escollo parlamentario, pero su tramitaci¨®n se adivina m¨¢s compleja, porque no solo la derecha se opone radicalmente, tambi¨¦n el independentismo ha abierto otro frente por los motivos contrarios. Donde PP y Vox ven un mero instrumento revanchista de la izquierda, ERC solo encuentra peque?os avances que en ning¨²n caso acaban con lo que define como ¡°la legitimaci¨®n de la impunidad¡±.

Esquerra ya se opuso a la ley de Zapatero en 2007. Entonces tambi¨¦n integraba la mayor¨ªa que sosten¨ªa al Gobierno, pero sus votos no eran tan decisivos como ahora. En las ¨²ltimas semanas, el Ejecutivo ha mantenido contactos con ERC a trav¨¦s del exdiputado Joan Tard¨¤, abanderado durante estos 13 a?os de las reivindicaciones de su partido: anulaci¨®n de los juicios del franquismo, revisi¨®n de la ley de amnist¨ªa de 1977 para permitir la investigaci¨®n penal de los cr¨ªmenes de la dictadura e indemnizaciones a las v¨ªctimas.

Las conversaciones no avanzaron y ERC se ha descolgado con una enmienda a la totalidad, al igual que PP y Vox. Los republicanos presentan un texto alternativo, que se votar¨¢ aparte, lo que garantiza al Ejecutivo salvar el primer obst¨¢culo, aunque habr¨¢ que ver con cu¨¢ntos apoyos. ERC puede arrastrar al resto del independentismo catal¨¢n y al vasco de EH Bildu, mientras Ciudadanos, que se muestra favorable a las pol¨ªticas de memoria, tiene reticencias ante el texto. Con toda esa mezcla deber¨¢ cocer el Gobierno la nueva ley cuando se empiece a debatir art¨ªculo por art¨ªculo.

¡°Nuestra posici¨®n se ha folclorizado, nos han presentado como frikis¡±, se queja Tard¨¤, ¡°pero lo que pedimos es lo que est¨¢ en las legislaciones de pa¨ªses como Francia o Alemania¡±. El dirigente de ERC defiende revisar uno de los pilares de la Transici¨®n, la ley de amnist¨ªa de 1977, porque ¡°en la pr¨¢ctica se convirti¨® en una ley de punto final para garantizar la impunidad¡±. ¡°Tenemos el antifascismo en nuestro ADN¡±, enfatiza Tard¨¤ para remitirse a la historia de su partido, con cientos de militantes ejecutados, entre ellos su gran s¨ªmbolo, el president Llu¨ªs Companys. ERC sabe que su enmienda ser¨¢ testimonial, pero se apresta a dar la batalla en el debate del articulado.

Hay una cuesti¨®n de fondo que separa las posiciones del Gobierno y de su habitual apoyo parlamentario. La ley, subraya el secretario de Estado, se inspira en los principios de la ¡°justicia restaurativa¡±, es decir, la satisfacci¨®n de las v¨ªctimas, y no en la ¡°justicia punitiva¡± por la que aboga ERC. Aun as¨ª, los socialistas est¨¢n dispuestos a negociar algunos aspectos, como la exigencia de Esquerra de declarar ¡°ilegales¡± los juicios pol¨ªticos del franquismo, sobre los que el texto del Gobierno arroja m¨¢s bien una ¡°condena moral¡± al se?alarlos como ¡°ileg¨ªtimos¡±. Mart¨ªnez ha conversado con la mayor¨ªa de los grupos pol¨ªticos y ve campo abierto a las propuestas para ¡°enriquecer el texto¡±. La derogaci¨®n de la ley de amnist¨ªa de 1977, sin embargo, est¨¢ descartada. El responsable de Memoria Democr¨¢tica arguye que no tendr¨ªa efectos pr¨¢cticos, porque los delitos ya han prescrito y prevalece el principio de la ¡°irretroactividad de las leyes penales¡±.

Mart¨ªnez destaca que el proyecto ¡°recoge las demandas de las v¨ªctimas y del movimiento memorialista¡±, obliga al Estado a acometer la exhumaci¨®n de fosas o crea un fiscal de sala para que se puedan dilucidar hechos pasados, aun sin condena penal. Su objetivo, insiste, es que sea una ¡°ley de todos¡±. El Congreso de la polarizaci¨®n no se lo va a poner f¨¢cil.