El Gobierno culmina la ley de memoria en plena ola de revisionismo hist¨®rico de la derecha

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el texto definitivo del proyecto de ley de memoria democr¨¢tica que llevar¨¢ a las Cortes. All¨ª le espera la oposici¨®n del PP y de Vox. Ambos partidos no solo han prometido derogar la ley ¡ªa¨²n no aprobada¡ª si llegan al Gobierno, sino que en las ¨²ltimas semanas han impulsado una ola de revisionismo hist¨®rico criticada por algunos de los especialistas en la materia y por la mayor¨ªa de los portavoces parlamentarios.

Este lunes, en un acto en ?vila al que el PP invit¨® a Ignacio Camu?as, exministro de UCD y uno de los padrinos de Vox, este neg¨® que fuera un golpe de Estado lo que provoc¨® el inicio de la Guerra Civil. ¡°Si hay un responsable de la guerra, este es el Gobierno de la Rep¨²blica¡±, dijo. El l¨ªder de la oposici¨®n, Pablo Casado, no le corrigi¨®. De hecho, el pasado 30 de junio ya hizo unas declaraciones similares en el Congreso de los diputados, cuando afirm¨®: ¡°La Guerra Civil fue el enfrentamiento entre los que quer¨ªan la democracia sin ley y los que quer¨ªan la ley sin democracia. Y nuestra Constituci¨®n es el pacto por el cual no puede haber democracia sin ley ni ley sin democracia¡±. Catedr¨¢ticos de historia contempor¨¢nea desmintieron inmediatamente ese discurso revisionista.

F¨¦lix Bola?os, que se ha estrenado este martes como ministro en la rueda de prensa posterior al Consejo, destac¨® que esta es ¡°la primera ley que repudia el golpe de Estado de 1936¡å y asegur¨® que el objetivo es corregir las deficiencias de la norma aprobada en 2007 se?aladas, entre otros, por el entonces relator de Naciones Unidas Pablo de Greiff. ¡°Ninguna fuerza democr¨¢tica deber¨ªa tener ning¨²n problema en homenajear a las v¨ªctimas de una dictadura. La voluntad del Gobierno es que se sumen a una ley homologable a otros pa¨ªses de nuestro entorno¡±, ha insistido el ministro.

06:15

F¨¦lix Bola?os explica todas las medidas de la nueva ley de memoria democr¨¢tica

Estas son las claves del texto redactado tras escucharse las recomendaciones de asociaciones de v¨ªctimas, el Consejo General del Poder Judicial, el Consejo Fiscal y el exrelator de Naciones Unidas Pablo de Greiff.

Ense?anza de la represi¨®n franquista. Como adelant¨® este diario hace un a?o, la nueva norma pretende actualizar todos los contenidos curriculares para incorporar en ESO, bachillerato y FP la ense?anza de lo que supuso la represi¨®n franquista y la defensa de los valores democr¨¢ticos. En su informe sobre Espa?a, el relator de Naciones Unidas dedic¨® un apartado espec¨ªfico a la educaci¨®n. De Greiff lament¨® que ¡°algunos libros de texto¡± continuaran refiri¨¦ndose a la Guerra Civil ¡°en t¨¦rminos gen¨¦ricos, perpetuando la idea de una responsabilidad sim¨¦trica¡±.

Nulidad de las condenas. La ley de memoria de 2007 declar¨® ileg¨ªtimos los tribunales franquistas, pero no anul¨® las sentencias que hab¨ªan impuesto porque en aquel momento el Gobierno de Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero tem¨ªa que los afectados reclamaran indemnizaciones. El estado de guerra, declarado el 28 de julio de 1936, estuvo en vigor hasta marzo de 1948. El decreto facult¨® a los sublevados a castigar por rebeli¨®n militar a quien ¡°por acci¨®n u omisi¨®n¡± perjudicase al ¡°Movimiento redentor¡±. Solo hasta finales de 1938, la Auditor¨ªa de Guerra juzg¨® a 30.224 personas, de las que 3.189 fueron condenadas a muerte, como recoge Paul Preston en El holocausto espa?ol. Los militares eleg¨ªan al juez, al fiscal y al abogado de los acusados, que no hablaba con sus clientes y sol¨ªa ser un oficial sin formaci¨®n legal. Juicios a 29 personas con 15 condenas a muerte se despachaban en 90 minutos: tres por acusado. El texto de la norma que ser¨¢ debatida en las Cortes declara la nulidad de las ¡°condenas y sanciones¡± de tribunales franquistas y descarta expresamente la posibilidad de indemnizaciones.

Exhumaciones, censo y banco de ADN. El forense Francisco Etxeberria, que asesora al Gobierno en materia de memoria hist¨®rica, calcul¨® entre 20.000 y 25.000 las v¨ªctimas que se podr¨ªan recuperar de fosas comunes en cuatro o cinco a?os. La ley de 2007 estableci¨® un sistema de subvenciones de forma que eran las asociaciones de familiares las que asum¨ªan todo el proceso de localizaci¨®n de los desaparecidos. Esa era la principal cr¨ªtica de Naciones Unidas, que hablaba de ¡°privatizaci¨®n¡± de las exhumaciones y ¡°abandono¡± de los descendientes de los represaliados. El Gobierno pretende involucrar ahora a todas las Administraciones y al ministerio fiscal en la localizaci¨®n y apertura de fosas. Adem¨¢s se elaborar¨¢ un censo oficial de v¨ªctimas, reuniendo informaci¨®n dispersa y d¨¢ndole un car¨¢cter oficial a la cifra del episodio m¨¢s tr¨¢gico de la historia contempor¨¢nea espa?ola. Tambi¨¦n habr¨¢ un banco de ADN. Un programa inform¨¢tico permitir¨¢ crear un repositorio, de forma que cada laboratorio pueda subir los perfiles gen¨¦ticos de familiares y de los restos recuperados en las fosas para realizar cotejos e identificaciones.

Fiscal espec¨ªfico para impulsar investigaciones. Una de las grandes novedades de la nueva ley es que establece que ¡°el Estado garantizar¨¢ el derecho a la investigaci¨®n¡± y a conocer la verdad de las v¨ªctimas. Para ello se crea la figura del ¡°fiscal de sala de derechos humanos y memoria democr¨¢tica¡±, que podr¨¢ impulsar la b¨²squeda de desaparecidos del franquismo e investigar violaciones del derecho internacional humanitario ocurridas en la Guerra Civil y la dictadura y hasta la aprobaci¨®n de la Constituci¨®n, en 1978. En 2014, el relator especial de la ONU Pablo De Greiff emiti¨® un informe en el que instaba a Espa?a a dejar sin efecto la Ley de Amnist¨ªa para investigar los cr¨ªmenes del franquismo. El informe del Consejo Fiscal que examin¨® el texto de la nueva norma defendi¨® el concepto de ¡°justicia restaurativa¡± como la v¨ªa para hacerlo independientemente de la posibilidad de castigar a los culpables. Cinco fiscales del Consejo emitieron votos discrepantes al considerar que generaba ¡°falsas expectativas¡± en los familiares de las v¨ªctimas. Bola?os ha admitido este martes que existen ¡°dificultades y limitaciones¡±, entre las que ha citado la irretroactividad y la prescripci¨®n, para realizar investigaciones penales y ha animado a los grupos a presentar enmiendas ¡°para mejorar¡± el texto de la norma si es necesario. En todo caso, ha asegurado que ¡°en la mayor¨ªa de los casos¡± lo previsible es que los responsables de los cr¨ªmenes hayan fallecido.

Extinci¨®n de la Fundaci¨®n Franco. El pasado junio, el pleno del CGPJ aprob¨®, dividido (15 votos a favor y 6 en contra), un informe que cuestionaba la posibilidad de extinguir esta fundaci¨®n al entender que ¡°la exaltaci¨®n o apolog¨ªa de hechos hist¨®ricos, por dolorosos o reprobables¡± que fueran, entraba ¡°en el ¨¢mbito de protecci¨®n de la libertad de expresi¨®n¡±, salvo cuando supusieran ¡°una lesi¨®n de derechos o bienes de relevancia constitucional¡±. El texto que el Gobierno llevar¨¢ finalmente a las Cortes trata de blindar la eliminaci¨®n de una fundaci¨®n como la que lleva el nombre del dictador Francisco Franco a?adiendo, cuando habla de la causa de extinci¨®n, que se considerar¨¢ contrario al inter¨¦s general la apolog¨ªa y exaltaci¨®n del golpe de Estado, la guerra o la dictadura franquista o el enaltecimiento de sus dirigentes ¡°con menosprecio y humillaci¨®n de la dignidad de las v¨ªctimas o incitaci¨®n al odio¡±. El presidente de dicha fundaci¨®n, Juan Chicharro, asegura que es un ataque a la ¡°libertad¡± pese a que defiende un periodo donde no exist¨ªa, la dictadura, y amenaza con batallar en los tribunales.

Retirada de s¨ªmbolos y sanciones. La ley de 2007 recog¨ªa un solo art¨ªculo sobre simbolog¨ªa franquista ¡ªahora son siete y se incluye la toponimia¡ª y no establec¨ªa sanciones por incumplimiento ¡ªahora se proponen multas de entre 200 y 150.000 euros, seg¨²n la gravedad de la infracci¨®n¡ª. Son ¡°muy graves¡±, por ejemplo, las que implican trasladar sin autorizaci¨®n restos de v¨ªctimas, destruir monumentos de homenaje ¡ªa menudo aparecen da?ados¡ª o convocar actos contrarios a la ley que humillen a los represaliados y sus familias ¡ªse considerar¨¢ responsable solidario a quien los ordene¡ª. No retirar los s¨ªmbolos y vestigios franquistas se considera infracci¨®n ¡°grave¡±.

Dos nuevos supuestos para optar a la nacionalidad espa?ola. Tras recibir varias peticiones de colectivos de exiliados, el Gobierno ha decidido ampliar los criterios para conceder la nacionalidad espa?ola en aplicaci¨®n de la ley de memoria. As¨ª, el nuevo texto permitir¨¢ acceder a la nacionalidad espa?ola a los hijos de espa?olas que se casaron con extranjeros durante la dictadura y a los hijos mayores de edad de exiliados ¡ªen la norma de 2007 solo pod¨ªan hacerlo los hijos menores¡ª.

Valle de los Ca¨ªdos. Bola?os, que dirigi¨® la operaci¨®n de exhumaci¨®n de Franco, ha explicado en la rueda de prensa que se extinguir¨¢ la Fundaci¨®n de la Santa Cruz del Valle de los Ca¨ªdos, creada por un decreto franquista de 1957, ¡°contrario a la Constituci¨®n¡±. Cualquier resto mortal que ocupe un lugar preeminente en el recinto ser¨¢ reubicado. Eso, una vez trasladados los restos de Franco, afecta a la tumba de Jos¨¦ Antonio Primo de Rivera, junto al altar. El Gobierno dar¨¢ a la familia la opci¨®n de llevarlo a las criptas donde yacen el resto de v¨ªctimas o a otro lugar que deseen.

Retirada de t¨ªtulos nobiliarios. El ministro tambi¨¦n ha explicado que ser¨¢n retirados los t¨ªtulos nobiliarios concedidos entre 1948 y 1978 que representen la exaltaci¨®n de la Guerra Civil y la dictadura.