El interventor de Motril considera contrario a la ley el traspaso de dinero del grupo municipal popular a la alcaldesa para pagar una multa

El interventor del Ayuntamiento de Motril ha determinado que el traspaso de 4.000 euros que el grupo municipal del PP realiz¨® a la cuenta corriente de la actual alcaldesa motrile?a, Luisa Garc¨ªa Chamorro, no es legal. En noviembre de 2019, la alcaldesa recibi¨® ese dinero para abonar una multa de 1.080 euros y parte de las costas judiciales consecuencia de una condena judicial por injurias. Seg¨²n admiti¨® Garc¨ªa Chamorro, dio con esa soluci¨®n cuando el juzgado avis¨® de que le embargaba las cuentas si no pagaba. Ahora, seg¨²n explica el interventor en un informe, esas dos transferencias de 2.000 euros cada una ¡°vulneran la normativa que regula el destino de la asignaci¨®n a los grupos pol¨ªticos¡±, al no ser un gasto destinado al funcionamiento del grupo.

Esas transferencias se conocieron a principios de este mes de octubre y menos de 48 horas despu¨¦s de hacerse p¨²blicas, Luisa Garc¨ªa Chamorro reintegr¨® el dinero. Lo hizo, adem¨¢s, pocas horas antes del inicio del congreso local en el que asumi¨® la presidencia del PP de Motril. Garc¨ªa Chamorro solicit¨® a la vez al interventor que emitiera un informe sobre la legalidad o no de aquellas transferencias. Este concluye que aunque en la ley no hay menci¨®n expl¨ªcita y detallada sobre en qu¨¦ se puede gastar ese dinero, s¨ª existe una gen¨¦rica que indica que ¡°debe destinarse al funcionamiento del propio grupo pol¨ªtico, siendo una dotaci¨®n de car¨¢cter finalista, sin que pueda realizarse un uso discrecional o destinarla a finalidades ilimitadas no relacionadas con dicho funcionamiento¡±. Tanto el PSOE de Motril como IU-Equo y Vox trasladaron a la Fiscal¨ªa los hechos sin que hasta este momento, seg¨²n fuentes de la Fiscal¨ªa en Granada, esta se haya pronunciado en ning¨²n sentido.

Este diario ha contactado con Luisa Garc¨ªa Chamorro que ha declinado hacer declaraciones aunque, a trav¨¦s de un portavoz, ha considerado suficiente haber devuelto el dinero y haber solicitado ella personalmente el informe del interventor. El PP provincial, por su parte, tambi¨¦n defiende que el asunto, para ellos, termina aqu¨ª y que no hay ning¨²n paso ni explicaci¨®n m¨¢s que dar. Fuentes jur¨ªdicas conocedoras del caso consideran, no obstante, que la devoluci¨®n del dinero no es el final del caso. ¡°En los delitos econ¨®micos, la devoluci¨®n del dinero, incluso antes de que se incoe el procedimiento aten¨²a, si acaso, la responsabilidad, pero no la cancela definitivamente¡±, aseguran, ¡°porque como administradores p¨²blicos, en el ¨¢mbito penal, el bien protegido es el concepto de buena administraci¨®n, un paso anterior al uso indebido o no del dinero¡±.

El informe analiza espec¨ªficamente, adem¨¢s, si el dinero de los grupos municipales puede utilizarse para el pago de ¡°indemnizaciones por gastos de defensa y representaci¨®n de los miembros de la corporaci¨®n¡±. La conclusi¨®n del empleado municipal es que, de nuevo, no concurre en este caso ning¨²n requisito que lo permita, ya que ¡°el hecho de que haya reca¨ªdo condena impide que el ayuntamiento tuviera cobertura legal alguna para asumir esos gastos¡±. Diferencia as¨ª entre los gastos de defensa, previos, y que deben estar relacionados con el trabajo municipal y los gastos derivados de cualquier condena posterior, que ya son responsabilidad exclusiva de la persona condenada. La ahora alcaldesa fue declarada culpable de un delito de injurias en 2017 por unas declaraciones suyas de 2011, cuando era vicepresidenta de la Diputaci¨®n provincial y directora gerente de una empresa de gesti¨®n de suelo y vivienda de esa instituci¨®n y, por tanto, aquello no ten¨ªa nada que ver con su funci¨®n entonces de concejala en el ayuntamiento motrile?o.