El Constitucional estima que la prisi¨®n permanente revisable no es ¡°inhumana¡± ni ¡°degradante¡±

El Tribunal Constitucional considera que la prisi¨®n permanente revisable no es ¡°inhumana¡± ni ¡°degradante¡±, seg¨²n hace constar en la sentencia aprobada el pasado 6 de octubre (y cuyo texto se ha conocido este martes) para rechazar el recurso presentado contra la ley de 2015 que introdujo esta pena en el C¨®digo Penal. Los tres magistrados que votaron en contra, en cambio, estiman que la regulaci¨®n de dicha pena vulnera no menos de seis art¨ªculos de la Constituci¨®n, seg¨²n se recoge en el voto particular conjunto que han redactado.

La prisi¨®n permanente revisable, que el PP introdujo en el C¨®digo Penal en 2015, es una especie de cadena perpetua en la que el reo puede recuperar la libertad si ¨Da partir de los 25 a?os de cumplimiento y a trav¨¦s de ex¨¢menes peri¨®dicos¨D se considera que se ha reinsertado.

La sentencia subraya que ¡°la calificaci¨®n como inhumana o degradante de una pena no puede derivarse exclusivamente de su duraci¨®n, sino que exige un contenido material que asociamos a su forma de ejecuci¨®n y a sus modalidades¡±. El tribunal sostiene asimismo que la prisi¨®n permanente revisable no va a equivaler en la pr¨¢ctica a una cadena perpetua. Lo explica con este argumento: ¡°Se puede afirmar que la reductibilidad de iure queda suficientemente garantizada al imponerse al tribunal un examen actualizado y peri¨®dico de la evoluci¨®n personal del interno y de sus condiciones de reingreso en la sociedad tras un procedimiento oral contradictorio en el que intervendr¨¢n el Ministerio Fiscal y el penado, asistido por su abogado¡±. Es decir, que los ex¨¢menes que peri¨®dicamente deber¨¢ pasar el reo a partir de los 25 a?os de cumplimiento de la pena, y que le abrir¨ªan la puerta de la libertad si demuestra su rehabilitaci¨®n, bastan para eliminar el factor de perpetuidad.

En los votos particulares ¨Des un ¨²nico texto, pero lo suscriben los magistrados C¨¢ndido Conde Pumpido, Mar¨ªa Luisa Balaguer y Juan Antonio Xiol¨D se sostiene, en cambio, que la ley aprobada vulnera ¡°el mandato de reinserci¨®n social (art¨ªculo 25.2 de la Constituci¨®n), del que se deriva la prohibici¨®n de penas potencialmente a perpetuidad; y los derechos a la libertad (art¨ªculo 17.1) y a la legalidad sancionadora (art¨ªculo 25.1), en relaci¨®n con el principio de seguridad jur¨ªdica (art¨ªculo 9.3), de los que se deriva la prohibici¨®n de penas temporalmente indeterminadas¡±. Todo ello vinculado ¡°al constante perfeccionamiento de la democracia como proyecto civilizador unido en su esencia a la protecci¨®n de los derechos humanos, cuyo eje central en el debate sobre las penas se ubica en su humanizaci¨®n (art¨ªculos 10.1 y 15).

A ello responde la propia sentencia que hay normativa europea en materia penitenciaria, con recomendaciones espec¨ªficas, que ¡°prev¨¦n como medios de compensaci¨®n de los efectos nocivos de la prisi¨®n prolongada el fomento de la participaci¨®n de la poblaci¨®n reclusa en las actividades y decisiones que conforman la vida del centro penitenciario, la conservaci¨®n de sus v¨ªnculos con familia y allegados, evitando su alejamiento geogr¨¢fico y facilitando su contacto por medio de comunicaciones postales, telef¨®nicas, y visitas, el mantenimiento de su contacto con el mundo exterior mediante el acceso a prensa, radio, televisi¨®n y medios de comunicaci¨®n social, el disfrute de permisos y salidas al exterior y el acceso a la asistencia que precisen por sus circunstancias espec¨ªficas¡±.

Est¨¢ndares europeos

El Constitucional considera que la prisi¨®n permanente revisable cumple con los est¨¢ndares europeos sobre el tratamiento que debe dispensarse a los condenados a penas perpetuas o de larga duraci¨®n. No obstante, el tribunal se?ala que la constitucionalidad se admite a condici¨®n de que se interpreten as¨ª estos dos aspectos singulares: a) Una vez concedida la libertad provisional, s¨®lo podr¨¢ revocarse si el reo vuelve a delinquir o infringe las prohibiciones y reglas de conducta establecidas en el auto de libertad condicional; b) La revocaci¨®n de la libertad condicional no puede impedir que el penado pueda obtener en un futuro una nueva revisi¨®n de la pena, pues denegarle definitivamente toda expectativa de libertad ser¨ªa incompatible con la Constituci¨®n.

La sentencia explica que la pena de prisi¨®n permanente no vulnera el derecho fundamental a no sufrir penas o tratos inhumanos o degradantes garantizado en el art¨ªculo 15 de la Constituci¨®n, en la medida en que puede ser revisada tras el cumplimiento de un periodo m¨ªnimo de 25 a?os en centro penitenciario, mediante la concesi¨®n al penado por el tribunal sentenciador de la libertad condicional, siempre y cuando este cumpla las condiciones legales exigibles para ello, esto es, buena conducta, estar clasificado en el tercer grado penitenciario, pron¨®stico positivo de comportamiento futuro en libertad. En este sentido, la sentencia toma en consideraci¨®n los pronunciamientos precedentes del propio Tribunal Constitucional, as¨ª como del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que consideran la revisabilidad de la pena como factor determinante de su legitimidad.

Los votos particulares, en cambio, estiman que ¡°no se justifica suficientemente desde la perspectiva constitucional el retorno a una pena que llevaba casi cien a?os desaparecida y que durante casi cuarenta a?os del presente r¨¦gimen democr¨¢tico no se ha considerado necesaria por el legislador ni siquiera en contextos en que ciertos delitos de extrema gravedad parec¨ªan poner en peligro la paz social y la propia pervivencia del sistema constitucional¡±.

El magistrado Conde-Pumpido, en otro voto particular, tambi¨¦n expresa su discrepancia espec¨ªfica con la regulaci¨®n legal respecto de la suspensi¨®n de la ejecuci¨®n de la pena de prisi¨®n permanente revisable. En su opini¨®n, las rigurosas condiciones que exige el art¨ªculo 92 del C¨®digo Penal (para suspender la pena) ¡°nos aleja cuantitativamente de los modelos europeos de referencia y desatiende el mandato de resocializaci¨®n expresamente recogido en la Constituci¨®n como principio orientador del sistema de penas privativas de libertad (art. 25.2)¡±.