La Fiscal¨ªa pide 20 meses de inhabilitaci¨®n para el consejero catal¨¢n Roger Torrent
Los fiscales acusan al expresidente del Parlament de un delito de desobediencia grave por tramitar resoluciones a favor de la autodeterminaci¨®n y contra Felipe VI
La Fiscal¨ªa ha solicitado un a?o y ocho meses de inhabilitaci¨®n para el expresidente del Parlamento catal¨¢n Roger Torrent ¨Dhoy consejero de Empresa en el Govern de Pere Aragon¨¦s¨D por un supuesto delito de desobediencia grave. Torrent tramit¨® en octubre de 2019, cuando presid¨ªa la C¨¢mara auton¨®mica, diversas resoluciones favorables al derecho de autodeterminaci¨®n y contra el jefe del Estado, a pesar de que el Constitucional hab¨ªa ordenado su paralizaci¨®n en sendas providencias de los d¨ªas 10 y 16 de dicho mes.
En las providencias dictadas, el Constitucional acordaba requerir individual y personalmente a todos los miembros de la Mesa del Parlamento catal¨¢n de ¡°su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa parlamentaria que supusiera ignorar o eludir la suspensi¨®n acordada, apercibi¨¦ndoles de las eventuales responsabilidades, incluida la penal, en las que pudieran incurrir en caso de incumplimiento¡±. El escrito de la Fiscal¨ªa subraya que, a pesar de todo ello, Torrent, junto a otros miembros de la Mesa, acept¨® tramitar las mociones presentadas, en las que se dec¨ªa que la C¨¢mara catalana ¡°expresa la voluntad de ejercer de forma concreta el derecho de autodeterminaci¨®n y de respetar la voluntad del pueblo catal¨¢n¡±.
Adem¨¢s de la resoluci¨®n sobre el derecho a la autodeterminaci¨®n, en otra de las mociones se manifestaba ¡°la reprobaci¨®n de Felipe VI por su posicionamiento y su intervenci¨®n en relaci¨®n al conflicto democr¨¢tico que genera la denegaci¨®n de derechos civiles y pol¨ªticos en Catalu?a por parte del Estado espa?ol¡±. Los partidos de la oposici¨®n pidieron la reconsideraci¨®n de la tramitaci¨®n de estos textos, que fue desestimada.
En diciembre de 2019, el Constitucional anul¨® ambas resoluciones, por ser contrarias a sus anteriores mandatos sobre el deber del Parlament de paralizar e impedir su tramitaci¨®n. El tribunal de garant¨ªas remiti¨® a la Fiscal¨ªa General del Estado notificaci¨®n o testimonio de particulares sobre la supuesta desobediencia, lo que desde el primer momento se consider¨® por los fiscales como una petici¨®n ¨Daunque formalmente no lo fuera¨D de presentaci¨®n de una querella por la actuaci¨®n de Torrent como presidente del Parlament, y de los miembros de la Mesa que le apoyaron en sus decisiones: Josep Costa (Junts per Catalunya), Eusebi Campdepadr¨®s (Junts) y Adriana Delgado (ERC). Tras casi dos a?os de investigaci¨®n en contacto permanente entre la Fiscal¨ªa General y la de Catalu?a, el escrito de conclusiones del ministerio p¨²blico ha sido presentado este jueves ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a (TSJC).
La Fiscal¨ªa pide para Torrent un a?o y ocho meses de inhabilitaci¨®n ¡°para el ejercicio de cargos p¨²blicos electivos y de funciones de gobierno o administraci¨®n, sean del ¨¢mbito local, provincial, auton¨®mico, estatal o supranacional¡±. La misma pena se solicita para Costa y Campred¨®s, y para todos ellos tambi¨¦n una multa de 10 meses, con una cuota diaria de 100 euros. Para Adriana Delgado ¨Dque no tom¨® parte en todas las decisiones investigadas¨D se pide una pena de inhabilitaci¨®n de un a?o y cuatro meses, con los mismos efectos que para los anteriores, y una multa de ocho meses, con una cuota diaria de 100 euros.
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