La Fiscal¨ªa se querella contra Roger Torrent por deso¨ªr al Tribunal Constitucional para reprobar la Monarqu¨ªa

La Fiscal¨ªa ha presentado querella por supuesto delito de desobediencia contra el presidente del Parlament de Catalu?a, Roger Torrent, y otros tres miembros de la Mesa de la C¨¢mara que en 2019 apoyaron la tramitaci¨®n de resoluciones en favor de la autodeterminaci¨®n y en contra de la Monarqu¨ªa. Los fiscales consideran que esta decisi¨®n contravino las expresas ¨®rdenes del Tribunal Constitucional para que esas resoluciones no se tramitasen, por la falta de competencias del parlamento aut¨®nomo sobre esas materias.

La querella, presentada por la Fiscal¨ªa de Catalu?a tras obtener luz verde de la Fiscal¨ªa General del Estado, considera que los hechos ser¨ªan constitutivos del delito de desobediencia previsto en el art¨ªculo 410.1 del C¨®digo Penal. Este precepto prev¨¦ una pena de multa de tres a doce meses e inhabilitaci¨®n para empleo o cargo p¨²blico por tiempo de seis meses a dos a?os.

En una de las resoluciones aprobadas se afirmaba que el Parlament ¡°reitera y reiterar¨¢ tantas veces como lo quieran los diputados y las diputadas (¡­) la defensa del derecho a la autodeterminaci¨®n y la reivindicaci¨®n de la soberan¨ªa del pueblo de Catalu?a para decidir su futuro pol¨ªtico¡±. En otra se subrayaba que el parlamento aut¨®nomo ¡°reiterar¨¢ tantas veces como lo quieran los diputados y las diputadas la reprobaci¨®n de la monarqu¨ªa¡±. Previamente, el Constitucional hab¨ªa admitido a tr¨¢mite los incidentes de ejecuci¨®n de sentencia presentados por el Gobierno contra estas resoluciones, acordando la suspensi¨®n de su tramitaci¨®n. El tribunal hab¨ªa ordenado asimismo advertir personalmente al presidente y a los miembros de la Mesa de la C¨¢mara catalana ¡°de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que supusiera ignorar o eludir la suspensi¨®n acordada, con apercibimiento de incurrir en eventuales responsabilidades, incluida la penal¡±.

La actuaci¨®n de la Fiscal¨ªa fue instada por el Constitucional el 28 de enero de 2020, desde el convencimiento de que era preciso estudiar la procedencia de la actuaci¨®n en v¨ªa penal despu¨¦s de que la Mesa del Parlament hubiera deso¨ªdo varias veces sus advertencias. Adem¨¢s de Torrent, la querella se dirige contra Josep Costa y Eusebi Campdepadr¨®s, ambos de JxCat, y contra Adriana Delgado, de ERC. En el Constitucional exist¨ªa extra?eza por la falta de respuesta de la Fiscal¨ªa, un a?o despu¨¦s de la resoluci¨®n por la que se acord¨® remitir a los fiscales testimonio de particulares sobre la supuesta desobediencia.

La Fiscal¨ªa no pudo obtener con rapidez toda la documentaci¨®n parlamentaria del caso, y luego decidi¨® esperar a que el Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a (TSJC) celebrase el juicio oral contra cuatro diputados de la Mesa del Parlament en la anterior legislatura, tambi¨¦n acusados de desobedecer con ¡°contumacia¡± al Tribunal Constitucional en 2017.

El objetivo de los fiscales era comprobar qu¨¦ hac¨ªan los tribunales en ese caso precedente en el que los querellados fueron acusados tambi¨¦n de desobediencia por permitir que se tramitaran varias resoluciones que derivaron en el refer¨¦ndum ilegal de 2017 y en la declaraci¨®n unilateral de independencia. La sentencia, dictada en octubre de 2020, expuso que no se juzg¨® la ideolog¨ªa de los acusados, y consider¨® que todos ellos hab¨ªan actuado en funci¨®n de un ¡°c¨¢lculo estrat¨¦gico¡± a sabiendas de que incurr¨ªan en actos ilegales.

Una vez conocida la resoluci¨®n del Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a acerca de las resoluciones parlamentarias de 2017, y viendo su identidad con las investigadas en este caso, de 2019, la Fiscal¨ªa de Catalu?a remiti¨® a la Fiscal¨ªa General del Estado un borrador de querella sobre el que las dos instancias han intercambiado criterios.

Acci¨®n penal

De hecho, la acci¨®n penal hubiera podido producirse antes, pero la disoluci¨®n del Parlament el pasado 22 de diciembre, y la convocatoria de elecciones auton¨®micas para el pasado 14 de febrero retrasaron la formalizaci¨®n de la iniciativa. Eso con objeto de evitar interpretaciones pol¨ªticas, tras la salida de Quim Torra de la presidencia de la Generalitat, el pasado 28 de septiembre, una vez que el Supremo confirm¨® su condena a un a?o y medio de inhabilitaci¨®n por el delito de desobediencia. Torra no retir¨® una pancarta a favor de los presos del proc¨¦s durante la campa?a de las elecciones generales de abril de 2019, desoyendo las ¨®rdenes dadas por la Junta Electoral Central.

La querella llega cuando se negocia la renovaci¨®n del Consejo General del Poder Judicial, con la posible participaci¨®n de un vocal que ser¨ªa designado a propuesta de ERC. Podr¨ªa ser Joan Ridao, letrado mayor del Parlament en el momento de los hechos descritos en la querella y ahora en excedencia en dicho puesto. Ridao solicit¨® ese permiso tras haber instado su reincorporaci¨®n a la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona, una labor que es compatible con la pertenencia al ¨®rgano de gobierno de los jueces, al que podr¨ªa acceder por el turno de juristas de reconocido prestigio. La querella recoge que el secretario general del Parlament advirti¨® de la ilegalidad de las iniciativas parlamentarias por las que se ha iniciado la v¨ªa penal, un aviso que tambi¨¦n transmiti¨® Ridao en su condici¨®n de letrado mayor de la C¨¢mara.