El Constitucional bordea la falta de qu¨®rum en las causas del ¡®proc¨¦s¡¯
Las recusaciones de los magistrados Enrique Arnaldo y Concepci¨®n Espejel dejar¨ªan al tribunal, si prosperan, sin los miembros que exige la ley para poder deliberar
La tramitaci¨®n de los recursos pendientes sobre el proceso independentista catal¨¢n en el Tribunal Constitucional est¨¢ en riesgo de embarrancar por falta de qu¨®rum, tras la recusaci¨®n presentada este viernes por el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, contra los magistrados Enrique Arnaldo y Concepci¨®n Espejel. De prosperar las iniciativas planteadas por el abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, estos magistrados con...
La tramitaci¨®n de los recursos pendientes sobre el proceso independentista catal¨¢n en el Tribunal Constitucional est¨¢ en riesgo de embarrancar por falta de qu¨®rum, tras la recusaci¨®n presentada este viernes por el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, contra los magistrados Enrique Arnaldo y Concepci¨®n Espejel. De prosperar las iniciativas planteadas por el abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, estos magistrados conservadores quedar¨ªan apartados de la causa, y se encontrar¨ªan en la misma situaci¨®n que sus compa?eros Antonio Narv¨¢ez y C¨¢ndido Conde-Pumpido, que optaron por inhibirse el pasado abril despu¨¦s de que el expresident fugado en B¨¦lgica tambi¨¦n los recusara.
La ley org¨¢nica del Tribunal Constitucional exige, en su art¨ªculo 14, que para adoptar acuerdos est¨¦n presentes, al menos ¡°dos tercios de los miembros que en cada momento lo componen¡±. El tribunal de garant¨ªas est¨¢ formado oficialmente por sus doce miembros, sin embargo, uno de ellos, Alfredo Montoya, no participa temporalmente en las deliberaciones al estar recuper¨¢ndose de un ictus que sufri¨® en agosto pasado. De este modo, de salir adelante las recusaciones de Arnaldo y Espejel ¡ªdos magistrados pr¨®ximos al PP que entraron en la ¨²ltima renovaci¨®n de tribunal, el pasado noviembre¡ª solo siete magistrados estar¨ªan en condiciones de decidir sobre estas causas, esto es uno por debajo de los ocho que marcan el l¨ªmite de los dos tercios que exige la ley.
La recusaci¨®n presentada por el letrado Boye ¡ªque tendr¨¢ que resolver el propio tribunal¡ª, alega ¡°falta de imparcialidad¡± de Arnaldo y Espejel, y para ello se fija, entre otros datos, en la ¡°estrecha relaci¨®n¡± de dichos magistrados con el PP. Los exconsejeros del Govern Toni Com¨ªn, Clara Ponsat¨ª y Llu¨ªs Puig, tambi¨¦n huidos de la justicia en B¨¦lgica, se han unido a la misma iniciativa.
El escrito sostiene que ambos magistrados se han significado en su trayectoria por su falta de imparcialidad en relaci¨®n con el independentismo en general y con los hechos del refer¨¦ndum ilegal del 1 de octubre de 2017 en particular. Puigdemont considera que los pronunciamientos de Enrique Arnaldo han sido especialmente expl¨ªcitos. El escrito recuerda que este magistrado pidi¨® que ¡°caiga todo el peso de la ley¡± sobre los dirigentes independentistas, en coincidencia con manifestaciones realizadas por el l¨ªder del PP, Pablo Casado. Cita tambi¨¦n que en septiembre de 2017 Arnaldo suscribi¨® el manifiesto titulado ¡°Parar el golpe¡±, en el que se afirmaba que el Ejecutivo catal¨¢n no hab¨ªa dudado en ¡°traspasar todos los l¨ªmites de la legalidad y la decencia¡± para poner en riesgo ¡°la convivencia y la paz civil¡±.
La recusaci¨®n afirma que ¡°ya incluso antes de la celebraci¨®n del refer¨¦ndum de autodeterminaci¨®n que tuvo lugar el 1 de octubre de 2017, el excelent¨ªsimo se?or Arnaldo Alcubilla solicitaba del Gobierno de Espa?a que se ejerciera la acci¨®n penal¡± contra los l¨ªderes independentistas. Se inici¨® entonces, sostiene Boye, una ¡°persecuci¨®n pol¨ªtica por la v¨ªa penal¡± de la que se derivan los distintos recursos de amparo sobre los que tiene que resolver el Constitucional, y sobre los que Arnaldo ¡°pretende conocer como magistrado¡±.
¡°Enfermos de sectarismo¡±
Tambi¨¦n se citan otras manifestaciones de Arnaldo en las que calific¨® de ¡°enfermos de sectarismo¡± a quienes discreparon de la decisi¨®n tomada por la Fiscal¨ªa para presentar una querella por rebeli¨®n contra los dirigentes independentistas. El escrito a?ade que Arnaldo tuvo una relaci¨®n de amistad con el entonces fiscal general del Estado, Jos¨¦ Manuel Maza, ya fallecido, que fue quien firm¨® la querella, como m¨¢ximo representante del ministerio p¨²blico.
El escrito cuestiona asimismo la imparcialidad de Espejel a la vista del voto particular que emiti¨® como componente del tribunal que absolvi¨® al major (m¨¢xima graduaci¨®n) de los Mossos d¡¯Esquadra, Josep Llu¨ªs Trapero. En ese voto discrepante, la entonces presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional atribuy¨®, se?ala Boye, ¡°car¨¢cter delictivo a la conducta de los recusantes¡±. Tambi¨¦n subraya que Espejel fue apartada del caso G¨¹rtel, que afectaba al PP, el partido que la ha propuesto para formar parte del Constitucional. El escrito menciona que Espejel pertenece a la conservadora Asociaci¨®n Profesional de la Magistratura, la de mayor implantaci¨®n entre los jueces y a la que atribuye una ¡°beligerancia desmedida¡± contra los l¨ªderes independentistas.
Las recusaciones planteadas por Puigdemont y sus compa?eros contra los magistrados Arnaldo y Espejel no solo buscan apartarlos de conocer sobre los recursos contra las diferentes resoluciones dictadas contra los pol¨ªticos por el Tribunal Supremo en el marco de la causa del proc¨¦s. Tambi¨¦n se extienden a los recursos contra las decisiones tomadas contra tres de ellos ¡ªPuigdemont, Ponsat¨ª y Com¨ªn¡ª por la Junta Electoral Central, que trat¨® de privarles de su condici¨®n de diputados del Parlamento Europeo y de sus inmunidades asociadas al encontrarse procesados en rebeld¨ªa por el Supremo en la causa del proc¨¦s.
El precedente de Narv¨¢ez y Conde-Pumpido
Las recusaciones del expresidente catalán Carles Puigdemont tienen el precedente de las presentadas contra los magistrados Antonio Narváez y Cándido Conde-Pumpido. Narváez dijo en una conferencia que la “crisis” derivada de los hechos de 2017 en Cataluña fue “un golpe de Estado encubierto, mucho más grave por sus consecuencias que el golpe de Estado que se dio en el año 1981″, con el asalto al Congreso. Conde-Pumpido, a su vez, afirmó que con el 1-O “se invoca la democracia precisamente como una forma de atacar el Estado de Derecho, cuando en realidad no puede existir democracia sin Estado de Derecho”.