Un Constitucional a¨²n conservador examina las reformas clave de Pedro S¨¢nchez

El Tribunal Constitucional inicia este lunes un semestre que marcar¨¢ su historia, tanto por los asuntos que tiene pendientes de resoluci¨®n como por las condiciones en que se dispone a afrontarlos.

El orden concreto en que los magistrados abordar¨¢n los distintos recursos presentados est¨¢ todav¨ªa pendiente de elaboraci¨®n, pero deber¨¢ incluir algunas de las reformas m¨¢s importantes que el Gobierno ha impulsado en esta legislatura, desde la ley Cela¨¢, en materia educativa, hasta la ley de eutanasia, pasando por la norma que impide al Consejo del Poder Judicial efectuar nombramientos estando en funciones (han pasado m¨¢s de 1.000 d¨ªas desde que caduc¨® su mandato y la renovaci¨®n permanece bloqueada), a las que podr¨ªa a?adirse la ley del aborto, pendiente de fallarse desde hace m¨¢s de 11 a?os.

Para enjuiciar estas leyes y responder as¨ª a los recursos presentados por el Partido Popular y Vox, el tribunal de garant¨ªas cuenta con una mayor¨ªa conservadora que hasta ahora ha sido m¨¢s proclive a hacer valer sus criterios que a negociar.

El ejemplo m¨¢s palmario fueron los fallos que tumbaron aspectos esenciales de los dos estados de alarma acordados por el Ejecutivo para hacer frente a la pandemia del coronavirus. A estas sentencias se sum¨® la que consider¨® ilegal el par¨®n de la actividad del Congreso al inicio de la emergencia sanitaria. Todas estas decisiones provocaron fuertes tensiones y divisiones en el Tribunal Constitucional. El primero se aprob¨® por seis votos a cinco y los otros dos, por seis a cuatro.

Tras estas experiencias, el semestre que empieza va a poner a prueba la presunta voluntad de pacto anunciada por la mayor¨ªa conservadora, muy cohesionada en torno a Pedro Gonz¨¢lez-Trevijano como presidente. El primer gesto en esa direcci¨®n fue el ofrecimiento hecho al magistrado de la minor¨ªa progresista Juan Antonio Xiol para que ocupara la vicepresidencia del tribunal. Como resultado de esa operaci¨®n, tanto Trevijano como Xiol fueron elegidos por 11 votos; es decir, por unanimidad, ya que estaba de baja por enfermedad el duod¨¦cimo miembro del pleno, el magistrado Alfredo Montoya, para cuya reincorporaci¨®n a¨²n no hay fecha prevista.

La aceptaci¨®n de la propuesta de abrir una nueva etapa fue una apuesta m¨¢s que un acto de fe por parte del minoritario sector progresista del alto tribunal Este bloque, y en paralelo el Gobierno de coalici¨®n, est¨¢ a la espera de hechos que desmientan la sospecha de que la mayor¨ªa conservadora tratar¨¢ de seguir cortocircuitando las reformas del Ejecutivo, en un contexto de incertidumbre sobre el futuro del propio Constitucional a medio plazo.

La siguiente renovaci¨®n del tribunal debe llevarse a cabo en junio pr¨®ximo. Para que pueda realizarse sin nuevas controversias es preciso que el Consejo General del Poder Judicial pueda nombrar a los dos magistrados que le corresponden, lo que ahora no podr¨ªa hacer por la reforma legal que limit¨® sus competencias mientras siga en funciones con el mandato caducado.

Renovaci¨®n bloqueada

La Constituci¨®n exige que las renovaciones se hagan por tercios. Por tanto, si el Poder Judicial no puede nombrar a los dos magistrados que le tocan, podr¨ªa arg¨¹irse que el Gobierno ¡ªque en junio debe proponer a otros dos¡ª tampoco puede hacerlo.

Si, a pesar de todo, la renovaci¨®n se llevara a cabo en forma y plazo cambiar¨ªa la mayor¨ªa del tribunal. De la actual situaci¨®n de siete a cinco a favor del sector conservador se pasar¨ªa a otra en que la correlaci¨®n de fuerzas ser¨ªa la inversa, es decir, con mayor¨ªa progresista.

En el propio Tribunal Constitucional no existe seguridad sobre lo que pueda ocurrir dentro de seis meses, ni sobre cu¨¢l fue el prop¨®sito del Partido Popular al facilitar la renovaci¨®n en noviembre pasado, realizada con m¨¢s de dos a?os de retraso.

La duda, en suma, es si el objetivo de los populares fue facilitar acuerdos y cumplir las previsiones legales, o m¨¢s bien forzar la salida del anterior presidente, Juan Jos¨¦ Gonz¨¢lez Rivas, y del magistrado Andr¨¦s Ollero. Ambos fueron propuestos en su d¨ªa por los populares, pero se hab¨ªan opuesto a la anulaci¨®n del confinamiento acordado durante el primer estado de alarma. Precisamente, el ponente de esa sentencia fue Trevijano, cuyo mandato como presidente se prolongar¨ªa ¡ªy con ¨¦l la actual mayor¨ªa conservadora¡ª si en junio encalla la renovaci¨®n del Tribunal Constitucional prevista para esas fechas.

En definitiva, sobre el tablero se amontonan las piezas pendientes de las decisiones del Gobierno y del PP ¡ªen forma de leyes para unos, y de recursos para otros¡ª, a sabiendas de que la situaci¨®n no es de igualdad de armas ¡ªporque hay una mayor¨ªa conservadora clara¡ª, y de que este tipo de partidas no acaba nunca en tablas.

Una primera prueba de fuego sobre la voluntad de di¨¢logo del sector mayoritario puede llegar con las sentencias sobre los recursos del PP y Vox contra la LOMLOE (Ley Org¨¢nica de Modificaci¨®n de la Ley Org¨¢nica de Educaci¨®n) o ley Cela¨¢. Los magistrados han hecho llegar al primer ponente, el magistrado conservador Ricardo Enr¨ªquez, propuestas de cambio de su proyecto inicial de sentencia.

Algunas de ellas ponen objeciones al borrador de fallo porque propon¨ªa declarar inconstitucional la posibilidad de negar subvenciones a los centros que segreguen por sexos. La pregunta es si la sentencia mantendr¨¢ este pronunciamiento, y qu¨¦ propondr¨¢ respecto al tratamiento de las lenguas cooficiales en el sistema educativo, dos de los puntos b¨¢sicos ¡ªjunto a la regulaci¨®n de la escuela concertada¡ª en los recursos de Vox y el PP. De la segunda de estas impugnaciones es ponente el magistrado Antonio Narv¨¢ez, tambi¨¦n del sector conservador.

Poder Judicial en funciones

Lo que suceda con esta ley, o con la Ley Org¨¢nica de Regulaci¨®n de la Eutanasia, dos medidas clave en la presente legislatura, marcar¨¢ los pasos que d¨¦ el Gobierno como respuesta. Si empiezan a caer estas piezas, la minor¨ªa progresista puede replicar no solo con la presentaci¨®n de votos particulares en contra, de valor puramente testimonial. La anunciada pax romana en el tribunal de garant¨ªas puede dar paso a otro per¨ªodo de enfrentamientos y a situaciones te¨®ricamente contradictorias.

Los fallos sobre la posible anulaci¨®n de la prohibici¨®n impuesta al Consejo General del Poder Judicial para que no efect¨²e nombramientos encontr¨¢ndose en funciones, por ejemplo, corresponden a dos miembros del sector progresista del Constitucional, el vicepresidente Juan Antonio Xiol y la magistrada Mar¨ªa Luisa Balaguer. Podr¨ªa resultar parad¨®jico que sean sentencias de magistrados progresistas las que intenten tumbar una reforma impulsada por el Gobierno para tratar de facilitar la renovaci¨®n del Poder Judicial, bloqueada desde hace m¨¢s de tres a?os. Pero la ganancia que se derivar¨ªa de esta operaci¨®n para el Ejecutivo ser¨ªa la de abrir camino a un Constitucional con mayor¨ªa progresista.