De ayudar a la investigaci¨®n del ¡®caso P¨²nica¡¯ a boicotearla
El juez imputa a dos funcionarias del Ayuntamiento de Valdemoro que deb¨ªan colaborar en las pesquisas por ocultar documentaci¨®n que les incriminaba
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De ayudar a la justicia en el caso P¨²nica a ser imputadas por siete delitos por presuntamente boicotearla. El juez de la Audiencia Nacional Manuel Garc¨ªa-Castell¨®n ha citado a declarar como investigadas a dos funcionarias del Ayuntamiento de Valdemoro a las que la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n acusa de ocultar documentaci¨®n clave sobre los supuestos ama?os urban¨ªsticos en esta localidad del sur de Madrid cometidos por la trama presuntamente encabezada por el exconsejero del PP Francisco Granados. En un escrito, Anticorrupci¨®n destaca que una de ellas, Montserrat P. G., jefa de los servicios de urbanismo del Consistorio, ¡°se erigi¨® en interlocutora en nombre del Ayuntamiento de Valdemoro con el equipo policial de la causa, a los efectos de ser ella la que proporcionase la documentaci¨®n¡±. La sospecha es que, en realidad, lo que ha hecho ha sido ¡°privar a la causa de parte de la informaci¨®n que la incriminaba a ella y a su compa?era¡±. Esta funcionaria hab¨ªa declarado al principio de la investigaci¨®n como testigo y hab¨ªa denunciado ante el juez que instru¨ªa entonces la causa, Eloy Velasco, supuestas presiones de los principales implicados en la trama.
La Fiscal¨ªa destaca que esta actitud de ambas ¡°ha impedido poder avanzar en el esclarecimiento de los hechos¡±, por lo que ahora ha solicitado al juez que, adem¨¢s de interrogarlas como imputadas, prorrogue otros tres meses la investigaci¨®n, que deb¨ªa haber terminado el pasado 29 de enero. Est¨¢ previsto que una de ellas declare este martes. Anticorrupci¨®n acusa a ambas de los delitos de prevaricaci¨®n, malversaci¨®n de caudales p¨²blicos, fraude contra la administraci¨®n p¨²blica, falsedad en documentos, cohecho, blanqueo de capitales y pertenencia a organizaci¨®n criminal. La imputaci¨®n se produce m¨¢s de siete a?os despu¨¦s de las primeras detenciones del caso.
La imputaci¨®n de las dos funcionarias se produce en la pieza n¨²mero 4 del macrosumario del caso P¨²nica, en el que se investiga las actividades de la trama en Valdemoro a partir de 1999, cuando Francisco Granados se hizo con la alcald¨ªa ¡°dispuesto a enriquecerse¡±, destaca Anticorrupci¨®n en el escrito. Desde entonces e, incluso, cuando ya hab¨ªa abandonado el puesto para ocupar una consejer¨ªa del Gobierno regional liderado por Esperanza Aguirre, el pol¨ªtico presuntamente ¡°habr¨ªa abusado del poder que ten¨ªa¡± para impulsar diversas actuaciones urban¨ªsticas ¡°como mecanismo de enriquecimiento personal, dejando de lado el inter¨¦s general¡±. Entre ellas, la venta de parcelas p¨²blicas por debajo de su valor real, recalificaciones de terrenos r¨²sticos adquiridos por otros implicados y la manipulaci¨®n del plan general de ordenaci¨®n del municipio. Todo ello, a cambio de ¡°ingentes comisiones [...] en severo detrimento de las arcas p¨²blicas del Ayuntamiento¡±.
En estos supuestos ama?os, Anticorrupci¨®n considera que Granados cont¨® presuntamente con el apoyo tanto de su mano derecha en el Consistorio, el concejal del PP Jos¨¦ Luis Moreno Torres ¨Dque luego le sustituir¨ªa como alcalde¨D como de los constructores Ramiro Cid y David Marjaliza, todos ellos imputados, as¨ª como ¡°con el respaldo y asesoramiento de t¨¦cnicos municipales¡±. Dos de ellos, el arquitecto municipal y el jefe de contrataci¨®n ya fueron imputados. Ahora, la Fiscal¨ªa extiende las sospechas a otros dos, Montserrat P. y su compa?era Mar¨ªa R. F., t¨¦cnica de urbanismo.
Seg¨²n el informe que ha desembocado en la imputaci¨®n de ambas, ¡°el Ayuntamiento ha venido desatendiendo sistem¨¢ticamente los requerimientos¡± de documentaci¨®n sobre distintas operaciones urban¨ªsticas que iban haciendo tanto el magistrado, como la Guardia Civil, los peritos judiciales y la propia Fiscal durante la investigaci¨®n. ¡°Los convenios presuntamente il¨ªcitos que firm¨® el Ayuntamiento con empresas de la trama han sido entregados incompletos y carentes de los informes t¨¦cnicos¡±, destaca en su escrito el Ministerio P¨²blico.
Pese a estas carencias en la documentaci¨®n, los investigadores localizaron finalmente informes t¨¦cnicos de una de las operaciones urban¨ªsticas bajo sospecha que ¡°han permitido profundizar en el conocimiento de los hechos y delatado que [las dos funcionarias] tambi¨¦n habr¨ªan ocupado un rol nuclear en los hechos indiciariamente delictivos¡±. En concreto, el informe de Anticorrupci¨®n hace hincapi¨¦ que ambas tuvieron una ¡°intervenci¨®n proactiva¡± y que, incluso, asesoraron a la trama, adem¨¢s de emitir informes favorables presuntamente mendaces ¡°para que la trama pudiese consumar los ardides dise?ados, en perjuicio de las arcas del Consistorio¡±. Entre estas irregularidades, la Fiscal¨ªa destaca siete cometidos entre 2007 y 2011 que permitieron a los constructores implicados, entre otras irregularidades, construir en espacios libres municipales las piscinas de algunas urbanizaciones o repartirse ¡°a la carta¡± la vivienda protegida del municipio.
Pese al tiempo transcurrido desde el inicio de las pesquisas ¨Dfueron iniciadas por la Guardia Civil en febrero de 2014 y las primeras detenciones se realizaron en octubre de aquel a?o¨D, Anticorrupci¨®n considera que al menos dos de los supuestos delitos cometidos por ambas funcionarias, los de prevaricaci¨®n y malversaci¨®n de caudales p¨²blicos, no habr¨ªan prescrito hasta 2026, ya que fueron cometidos de manera continuada entre los a?os 2000 y 2011.
Robos, p¨¦rdidas y traspapeleos
No es la primera vez que la investigación del caso Púnica se ve obstaculizada por la desaparición o destrucción de documentación. En noviembre de 2014, pocos días después de que se produjeran las detenciones, la Guardia Civil descubrió al entonces alcalde de Serranillos del Valle (Madrid), Antonio Sánchez Fernández, mientras se llevaba cajas de documentación de su despacho. Meses después, en abril de 2015, fue imputada una funcionaria del Ayuntamiento de Valdemoro, estrecha colaboradora de Granados, acusada de un delito contra la Administración de Justicia por ordenar presuntamente a varios trabajadores del consistorio, entre ellos uno con discapacidad psíquica, destruir en una trituradora de papel gran cantidad de escritos. En marzo de 2016, la entonces alcaldesa de Moraleja de Enmedio, otro de los municipios salpicados por la trama, denunció tres episodios sospechosos de destrucción y desaparición de información que afectaba a su antecesor en el cargo, imputado en el cargo. En julio de 2017, la sociedad pública Arpegio, Nuevo Arpegio, encargada de la gestión de suelo de la Comunidad de Madrid, comunicó a la Audiencia Nacional que había “traspapelado” unos contratos que le reclamaba el juez del caso Púnica.
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