La acusaci¨®n rebaja la causa del ¡®proc¨¦s¡¯ en el Tribunal de Cuentas
Sociedad Civil Catalana interpone una demanda contra solo 11 de los 34 expedientados
La investigaci¨®n del Tribunal de Cuentas sobre los gastos de la Generalitat para el refer¨¦ndum ilegal del 1-O y la promoci¨®n exterior del proc¨¦s se redimensiona a la baja. Tras la retirada de la Abogac¨ªa del Estado, la entidad Sociedad Civil Catalana (SCC), que act¨²a como representante de la acci¨®n p¨²blica en este procedimiento, ha interpuesto demanda solo contra 11 de los 34 ex altos cargos y funcionarios expedientados, concentrando sus acusaciones en los l¨ªderes pol¨ªticos del proc¨¦s. El escrito presentado critica a la Abogac¨ªa por su renuncia, al considerarlo un comportamiento incoherente con el papel que tuvo en el juicio en el Supremo, como parte acusadora.
La reclamaci¨®n inicial de casi 10 millones de euros por los gastos irregulares vinculados con los planes independentistas queda reducida en esta primera demanda a 5,3 millones. Esta cifra es la que resulta de sumar el dinero gastado, por una parte, en organizar el refer¨¦ndum del 1-O y por otra en sufragar los costes de las iniciativas de Diplocat y los viajes de los altos cargos de la Generalitat a diversos pa¨ªses, as¨ª como las invitaciones a representantes de organismos internacionales para que visitaran Catalu?a entre 2011 y 2017, todo ello con el fin de promover los planes independentistas.
Sociedad Civil ha actuado solo contra un una tercera parte de los investigados, salvando de toda acusaci¨®n a 23 de ellos. La demanda se dirige contra los expresidentes Carles Puigdemont y Artur Mas, el exvicepresidente Oriol Junqueras, y siete exconsejeros del Gobierno catal¨¢n, entre los que no figura Andreu Mas-Colell, ex titular de Economia, a quien se le excluye al no ser parte del n¨²cleo duro independentista.
La demanda deja fuera del caso a todos los interventores y funcionarios de la Generalitat, as¨ª como a sus delegados en diversos pa¨ªses de Europa y Am¨¦rica en los que se llevaron a cabo actos que en su momento tanto la Abogac¨ªa del Estado como la Fiscal¨ªa y la propia entidad Sociedad Civil Catalana consideraron parte esencial de la actividad de promoci¨®n del proyecto independentista en el extranjero. La exclusi¨®n de los t¨¦cnicos tambi¨¦n rebaja la presi¨®n en torno al expediente, ya que algunas estrategias de defensa pasaban por interesar la exculpaci¨®n de estos funcionarios en virtud de las instrucciones recibidas y el temor a sufrir consecuencias en caso de desatenderlas.
La demanda de Sociedad Civil Catalana se centra sobre todo en los fondos empleados para el 1-O, que denunci¨® inicialmente. Luego se uni¨® a este expediente el de los gastos de Diplocat, materia sobre la que dicha entidad considera que la Abogac¨ªa del Estado y la Fiscal¨ªa tienen especial responsabilidad, por haber instado la investigaci¨®n de este cap¨ªtulo.
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