El blindaje del Constitucional contra las recusaciones del ¡®proc¨¦s¡¯ se recurrir¨¢ ante los tribunales europeos

Los dos autos con los que el Constitucional ha cambiado su doctrina sobre la garant¨ªa de imparcialidad de sus magistrados, restringiendo la posibilidad de que sean recusados y apartados de casos concretos, no van a suponer el final de la controversia sobre los derechos que asisten a cualquier ciudadano en esta materia. Los recursos que han propiciado la nueva tesis del tribunal fueron presentados por los l¨ªderes del proc¨¦s, que van a llevar este asunto ante la justicia europea, tanto al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) como al Tribunal de Justicia de la Uni¨®n Europea (TJUE), en el procedimiento que debe resolver si el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha de ser entregado a Espa?a en funci¨®n de la euroorden de detenci¨®n dictada por el juez del Supremo Pablo Llarena.

Gonzalo Boy¨¦, defensor de Puigdemont, cree en este sentido que el te¨®rico ¡°blindaje¡± del que se ha dotado el Constitucional con sus resoluciones presenta contradicciones y no pasar¨¢ el filtro de los tribunales europeos, con una doctrina muy garantista sobre el derecho al juez imparcial. El prop¨®sito de los recurrentes es presentar como incongruente la decisi¨®n del tribunal, que en ocasiones anteriores acept¨® la abstenci¨®n o la recusaci¨®n de magistrados por falta de apariencia de imparcialidad, en funci¨®n de sus opiniones.

En sus ¨²ltimos autos, los que han resuelto los mencionados recursos de los l¨ªderes del proc¨¦s, el tribunal ha inadmitido por unanimidad las recusaciones contra los magistrados Enrique Arnaldo y Concepci¨®n Espejel, propuestos por el PP en la reciente renovaci¨®n de la instituci¨®n. Con sus dos resoluciones, el Constitucional ha cerrado el paso a este tipo de iniciativas cuando se basen en la atribuci¨®n de afinidades pol¨ªticas o en declaraciones realizadas por sus miembros a lo largo de su vida profesional.

El tribunal ha considerado natural que sus magistrados, como juristas, hayan opinado sobre cuestiones que luego puedan llegar a tener alguna conexi¨®n con recursos que sean sometidos a su decisi¨®n. Es una doctrina que revisa la aplicada durante el debate de la sentencia del Estatut al magistrado Pablo P¨¦rez Tremps, quien fue apartado por haber realizado un trabajo cient¨ªfico sobre las comunidades aut¨®nomas por encargo del Instituto de Estudios Auton¨®micos, vinculado a la Generalitat catalana.

El Constitucional, en cambio, ha estimado ahora que son precisamente el Parlamento, el Gobierno y el Consejo General del Poder Judicial quienes eligen en sucesivas renovaciones a los magistrados, y que les designan precisamente por su perfil ideol¨®gico, lo que luego no puede ser un obst¨¢culo para que se cuestione su labor. Esta argumentaci¨®n ha preocupado por sus posibles consecuencias a la propia Fiscal¨ªa, que en su informe sobre las recusaciones subray¨® la necesidad de que desde las instituciones en que se deciden las designaciones de los aspirantes a formar parte del Constitucional se tenga en cuenta el ¡°perfil p¨²blico¡± de los candidatos que proponen.

Por tanto, no son solo los defensores de los ahora recurrentes quienes piensan que pueden tener recorrido ante la justicia europea las impugnaciones contra la tesis de que los rasgos ideol¨®gicos y las declaraciones de los magistrados, previas a su nombramiento, carecen de trascendencia para dudar de su imparcialidad. Habida cuenta, por otra parte, de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ya ha condenado a Espa?a en m¨¢s de una ocasi¨®n por la apariencia de falta de imparcialidad de los jueces que se encargaron de determinados juicios. Por ejemplo, en el caso de la magistrada ?ngela Murillo, cuando el l¨ªder abertzale Arnaldo Otegi fue juzgado en la Audiencia Nacional.

En este caso, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) consider¨® que el tribunal no actu¨® con apariencia de imparcialidad, porque a Otegi le preguntaron si condenaba la violencia de ETA, y ante su negativa a contestar, la presidenta de la vista le replic¨®: ¡°Muy bien, ya lo sab¨ªa¡±. Y se cita en este mismo sentido el hecho de que el propio Constitucional aceptara el a?o pasado las abstenciones de los magistrados Antonio Narv¨¢ez y C¨¢ndido Conde-Pumpido, tras haber sido recusados por manifestaciones que pronunciaron sobre el proc¨¦s despu¨¦s del refer¨¦ndum ilegal del 1-O. Ah¨ª es donde ahora incidir¨¢n las nuevas impugnaciones para sostener que las tesis del tribunal de garant¨ªas presentan visibles grietas.

Mayores implicaciones puede tener a¨²n el argumento, tambi¨¦n empleado por el Constitucional, de que no pod¨ªa estimar las recusaciones porque si las hubiese aceptado el pleno se hubiera quedado sin qu¨®rum. Es la propia Constituci¨®n la que establece que el tribunal de garant¨ªas se compone de doce integrantes no sustituibles. La hipot¨¦tica exigencia de que el Constitucional tenga magistrados ad hoc, para el supuesto de que prosperen recusaciones contra sus miembros naturales, no podr¨ªa resolverse sin un cambio de la propia Constituci¨®n que contemplase esta posibilidad en casos concretos.