La Abogac¨ªa del Estado renuncia a seguir acusando a los l¨ªderes del ¡®proc¨¦s¡¯ por los gastos de Diplocat

La Abogac¨ªa del Estado ha decidido retirarse del procedimiento abierto contra los l¨ªderes del proceso independentista catal¨¢n por la promoci¨®n exterior de los planes secesionistas. Transcurrido el plazo de nueve d¨ªas h¨¢biles para personarse en el caso, la Abogac¨ªa ¡ªdependiente del Ministerio de Justicia¡ª no ha respondido al Tribunal de Cuentas, lo que implica que se aparta del expediente y, por tanto, renuncia a seguir ejerciendo la acusaci¨®n contra los 34 ex altos cargos y funcionarios de la Generalitat acusados del uso il¨ªcito de 5,4 millones de euros para promover en el extranjero los objetivos de separaci¨®n de Catalu?a del resto de Espa?a.

Si la Abogac¨ªa hubiera querido presentar demanda contra los investigados habr¨ªa tenido que personarse ahora, en el plazo dado por el Tribunal de Cuentas el 30 de diciembre. La falta de respuesta supone su retirada efectiva, que cobra a¨²n mayor relevancia por el hecho de que este procedimiento ha terminado por unirse con el instruido sobre los gastos de organizaci¨®n del refer¨¦ndum ilegal del 1-O, en el que se reclaman a los l¨ªderes del proc¨¦s otros 4,1 millones de euros. La Abogac¨ªa, por tanto, deja de reclamar un total de 9,5 millones de euros de fondos p¨²blicos supuestamente desviados para fines ilegales.

Desde el inicio de la causa, la Abogac¨ªa hab¨ªa acompa?ado a la Fiscal¨ªa y a Sociedad Civil Catalana como acusaciones que han venido imputando responsabilidad contable a los expresidentes de la Generalitat Carles Puigdemont y Artur Mas, al exvicepresidente Oriol Junqueras, y a los exconsejeros Andreu Mas Colell (Econom¨ªa) y Ra¨¹l Romeva, investigados junto a otros 29 implicados en el caso. Sus defensas denunciaron que con ello se un¨ªa la persecuci¨®n econ¨®mica a la represi¨®n penal por el proc¨¦s, y la Generalitat present¨® los avales del Institut Catal¨¤ de Finances para el aseguramiento de la cantidad que se les reclamaba conjunta y solidariamente.

Aceptaci¨®n de avales

La definitiva aceptaci¨®n o no de dichos avales est¨¢ pendiente de que el Tribunal de Cuentas adopte una decisi¨®n definitiva sobre su validez, dado que proviene de una entidad vinculada a la Generalitat, que es la administraci¨®n supuestamente perjudicada por el desv¨ªo de los fondos. La administraci¨®n catalana, sin embargo, no solo no ha ejercido acusaci¨®n alguna contra los investigados, sino que aparte de proponer el pago de sus fianzas, present¨® recurso contra el acta de liquidaci¨®n provisional, argumentando que sus ex altos cargos y funcionarios no solo no malversaron cantidad alguna, sino que actuaron amparados por las competencias que la administraci¨®n catalana tiene en materia de acci¨®n exterior.

La retirada de la Abogac¨ªa del Estado deja ahora en manos del fiscal del Tribunal de Cuentas y de Societat Civil Catalana la presentaci¨®n formal de demanda contra los acusados. El siguiente paso supondr¨¢ darles sucesivamente un plazo de 20 d¨ªas para que presenten el correspondiente escrito. Luego, los investigados dispondr¨¢n de otro per¨ªodo igual para el mismo tr¨¢mite, seguido de una comparecencia para que las partes puedan formular las observaciones y peticiones de prueba que estimen convenientes. Con ello se dar¨¢ ya paso al juicio oral, que dif¨ªcilmente se celebrar¨¢ antes del verano, seg¨²n el tribunal.

La renuncia de la Abogac¨ªa es coherente con su cambio de actitud de los ¨²ltimos meses, desde que la notificaci¨®n del acta de liquidaci¨®n provisional por los gastos de Diplocat produjo una fuerte reacci¨®n de protesta por parte de la Generalitat, en respaldo de los investigados, y luego el intento de abonar sus fianzas.

El Tribunal de Cuentas dirigi¨® entonces una consulta a la Abogac¨ªa sobre si deb¨ªa aceptarse esta forma de pago. La Abogac¨ªa contest¨® que como parte acusadora no le correspond¨ªa contestar a consultas t¨¦cnicas y evit¨® pronunciarse as¨ª sobre la validez del aval. Ahora bien, en el mismo escrito le record¨® al tribunal que la ley que cre¨® los avales no hab¨ªa sido recurrida por el Gobierno central y, por tanto estaba en vigor, sin que hubiese sido pedida su suspensi¨®n.

Paralelamente, la entonces vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, manifest¨® que la falta de intervenci¨®n de la Abogac¨ªa en lo sucesivo tendr¨ªa l¨®gica a la vista del antecedente que supuso el proceso por los gastos indebidos de la Generalitat para la anterior consulta ilegal a la poblaci¨®n catalana, que tuvo lugar el 9-N de 2014.

La Abogac¨ªa fue apartada de aquel procedimiento por no ser la del Estado ¡ªsino la auton¨®mica¡ª la administraci¨®n perjudicada en dicho caso. Dicha decisi¨®n fue incluida en la sentencia dictada sobre el 9-N, de la que fue ponente la exconsejera y exministra del PP Margarita Mariscal de Gante, cuya ¨²ltima decisi¨®n en el tribunal, el pasado noviembre ¡ªtras el acuerdo entre socialistas y populares para renovar el Tribunal de Cuentas¡ª, fue abrir la fase de enjuiciamiento en el expediente por los gastos del 1-O y los de Diplocat.

No hay un plazo concreto para que la Secci¨®n de Enjuiciamiento se pronuncie sobre los avales de la Generalitat. Fuentes del tribunal afirman que est¨¢ ¡°en estudio¡±.