El Defensor del Pueblo asegura que los derechos de las v¨ªctimas de ETA ¡°no est¨¢n satisfechos¡± por los ¡°centenares de asesinatos sin resolver¡±

El Defensor del Pueblo, ?ngel Gabilondo, ha entregado este viernes su primer informe anual en el cargo, relativo al a?o 2021, a la presidenta del Congreso, Meritxel Batet. En el texto concluye que ¡°los derechos a la verdad y a la justicia de las v¨ªctimas de ETA no est¨¢n completamente satisfechos, pues hay centenares de asesinatos sin resolver de la mencionada organizaci¨®n terrorista¡±, entre otros asuntos relativos a la seguridad p¨²blica. En su balance, Gabilondo tambi¨¦n se refiere a los casos de abusos policiales y recomienda que se cree ¡°un libro de registro o de hojas de custodia, donde se detallen las incidencias producidas en el per¨ªodo transcurrido entre la detenci¨®n de un ciudadano y su puesta a disposici¨®n judicial o en libertad¡±. Tambi¨¦n reitera la necesidad de ¡°concretar de manera detallada los procedimientos de uso de los recursos antidisturbios en los dispositivos de orden p¨²blico¡± y recuerda casos como los incidentes de Linares (Ja¨¦n), en febrero de 2021, donde varios manifestantes resultaron heridos por errores en el uso de la munici¨®n.

La Oficina Defensor del Pueblo recibi¨® un total de 29.015 quejas en 2021, un 3,5% m¨¢s con respecto a las 28.020 registradas en 2020, en un a?o marcado por las consecuencias de la pandemia de covid-19. Las quejas suben, pero lo hacen en menor medida que en el a?o en el que empez¨® la pandemia, cuando aumentaron un 26,4% respecto al ejercicio anterior. Se trata del primer informe que Gabilondo entrega como alto comisionado, aunque gran parte de la gesti¨®n de la Instituci¨®n durante el a?o pasado correspondi¨® al Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fern¨¢ndez Marug¨¢n.

La Comisi¨®n de Peticiones del Parlamento Europeo visit¨® Madrid entre el 3 y el 5 de noviembre de 2021 para mantener entrevistas con jueces, fiscales, expertos de la seguridad del Estado y v¨ªctimas, tras la petici¨®n presentada por la Asociaci¨®n Dignidad y Justicia, en la que denunciaba el incumplimiento de Espa?a de su deber de llevar a cabo ¡°una investigaci¨®n oficial, eficaz e independiente¡± de los 379 asesinatos de ETA sin resolver. El Defensor del Pueblo compareci¨® ante esa comisi¨®n y expuso que, a juicio de la instituci¨®n, el problema de los cr¨ªmenes no resueltos exige soluciones desde dos perspectivas: la justicia (juzgar) y la verdad (conocer). ¡°Los poderes p¨²blicos debieran ofrecer a las familias toda la informaci¨®n disponible y seguir trabajando (en estrecha cooperaci¨®n con las asociaciones) para aclarar todos los cr¨ªmenes no resueltos¡±, se?ala a este respecto el informe, que abunda luego en la cuesti¨®n, al pedir que el derecho penal y el sistema judicial faciliten ¡°los enjuiciamientos¡±.

El Defensor hace hincapi¨¦ tambi¨¦n en el dolor y humillaci¨®n que supone para las v¨ªctimas los actos p¨²blicos de homenaje a terroristas que se convocan bajo diversas denominaciones y modalidades, pero que sustancialmente suponen apoyo y reconocimiento. ¡°Con independencia del reproche moral que merecen estos actos, es manifiesto que son contrarios a lo dispuesto en el art¨ªculo 61.3 de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protecci¨®n Integral a las V¨ªctimas del Terrorismo: las Administraciones P¨²blicas ¡®prevendr¨¢n y evitar¨¢n la realizaci¨®n de actos efectuados en p¨²blico que entra?en descr¨¦dito, menosprecio o humillaci¨®n de las v¨ªctimas o de sus familiares, exaltaci¨®n del terrorismo, homenaje o concesi¨®n p¨²blica de distinciones a los terroristas¡±, apunta el informe.

Actuaci¨®n policial y uso de la fuerza

El informe se refiere tambi¨¦n a las quejas por presuntos malos tratos policiales en las que, se?ala, persisten reticencias de la Administraci¨®n para investigar debidamente los hechos y las alegaciones de los ciudadanos. Este hecho ¡°va en contra de la obligaci¨®n positiva de investigar de forma eficaz las alegaciones de malos tratos sufridos por parte de la polic¨ªa o de otros servidores p¨²blicos¡±, especifica.

En ese sentido el Defensor del Pueblo especifica los casos en algunas polic¨ªas municipales, y de manera espec¨ªfica cuando se detiene a un ciudadano: las quejas apuntan a una insuficiencia de medios tecnol¨®gicos en las dependencias de detenci¨®n y custodia y la falta de libro de registro o de hojas de custodia, donde se detallen las incidencias producidas en el per¨ªodo transcurrido entre el arresto y la puesta a disposici¨®n judicial o en libertad. En estas hojas de custodia o libro de registro de detenidos, especifica el informe, se debe anotar cualquier incidencia relevante que se produzca (¡±cacheo, desnudo integral, medicaci¨®n, comidas, visitas, toma de declaraci¨®n, asistencia letrada, entrega de efectos, entrada/salida de los calabozos, asistencia m¨¦dica, traslado a un servicio m¨¦dico, diligencias realizadas, etc¨¦tera¡±), y qu¨¦ funcionario policial es el responsable directo de la custodia en cada momento, como garant¨ªa si hay que revisar las actuaciones y depurar responsabilidades cuando se denuncian malos tratos.

El Defensor del Pueblo hace referencia a casos concretos como dos muertes ocurridas en Valencia, la de un detenido de la Polic¨ªa Nacional que falleci¨® (presuntamente por un traumatismo craneoencef¨¢lico) y otro hombre que muri¨® tras una actuaci¨®n con una pistola Taser de la Polic¨ªa Local.

Tambi¨¦n se refiere a los disturbios ocurridos en Linares en febrero de 2021, en los que se produjeron cargas policiales contra algunos ciudadanos en las que varias personas resultaron heridas por error en el uso de la munici¨®n por parte de la polic¨ªa, y reitera por ello su recomendaci¨®n ¡ªya realizada en 2012 por el uso de las pelotas de goma¡ª de que se elabora una normativa complementaria a la que ya existe sobre la utilizaci¨®n del material antidisturbios. En ese texto normativo se deber¨ªa precisar tambi¨¦n los mecanismos de control interno que eviten que la munici¨®n se asigne incorrectamente o que no se est¨¦n identificados el responsable del operativo o el agente que act¨²a en cada caso.

El informe recoge una consideraci¨®n final sobre el r¨¦gimen electoral. Aunque el Defensor se?ala que no le corresponde proponer, dentro del marco constitucional, una u otra f¨®rmula para garantizar de la mejor manera el principio de representaci¨®n, alerta de la ¡°necesidad de garantizar el voto de los ciudadanos espa?oles residentes en el extranjero, de implantar m¨¢s resueltamente las nuevas tecnolog¨ªas en el procedimiento electoral y de adecuarlo a situaciones tan excepcionales como las sufridas durante los estados de alarma de 2020 y 2021, durante los cuales se celebraron varias elecciones a parlamentos auton¨®micos, en las que juntas electorales y jueces debieron suplir las insuficiencias de la legislaci¨®n electoral, que no pudo prever los efectos de una pandemia sobre el derecho fundamental a la participaci¨®n pol¨ªtica¡±.