Un banco de ADN preventivo para las v¨ªctimas del franquismo
La Diputaci¨®n de C¨¢diz impulsa la recopilaci¨®n masiva de muestras gen¨¦ticas de familiares de represaliados para facilitar un proceso lleno de trabas burocr¨¢ticas y cuyo porcentaje de ¨¦xito es muy limitado
En noviembre de 2018, Mari Isabel Aretxabala recibi¨® en su casa de Getxo (Vizcaya) una carta de la Junta de Andaluc¨ªa en la que se le comunicaba que los restos hallados en el cementerio gaditano de San Jos¨¦ se correspond¨ªan con los de su padre. Dionisio Anton Aretxabala fue un marinero vasco fallecido en extra?as circunstancias el 19 de abril de 1939, mientras estaba encarcelado, acusado de ¡°desafecci¨®n al R¨¦gimen¡± de Franco. Para la familia terminaba con aquella misiva una odisea que su hijo Xabi Azkalgorta hab¨ªa iniciado en 2009. Fueron las pruebas de ADN las que permitieron identificar el cad¨¢ver. Este cotejo gen¨¦tico se ha convertido en la ¨²ltima esperanza para muchos familiares de v¨ªctimas del franquismo para cerrar el largo viacrucis que comienza, si lo hace, por la localizaci¨®n del cuerpo y las exhumaciones. Los resultados positivos, sin embargo, son escasos y no todas las comunidades aut¨®nomas tienen bancos de ADN.
En Espa?a solo Andaluc¨ªa, Catalu?a, Navarra y Pa¨ªs Vasco disponen de archivos de muestras gen¨¦ticas de v¨ªctimas del franquismo. El banco andaluz de ADN cuenta con 2.143 muestras, 1.367 de familiares y 776 de restos ¨®seos. ¡°La casu¨ªstica es distinta en funci¨®n de c¨®mo fue la guerra¡±, explica una portavoz del Instituto Gogora del Gobierno vasco, encargado de las exhumaciones y de las muestras gen¨¦ticas. Desde que en 2017 se puso en marcha el del Pa¨ªs Vasco se han recopilado 400 muestras. Los cotejos positivos son pocos. De las 110 v¨ªctimas exhumadas, se han identificado 27 gracias al ADN de familiares. En Catalu?a hasta la fecha, de acuerdo con los datos facilitados por la Conselleria de Justicia de la Generalitat catalana, se han realizado 2.708 an¨¢lisis a familiares y se han exhumado 810 individuos, de los que 17 han sido identificados gracias al cotejo gen¨¦tico. En Navarra, hay 305 expedientes de ADN abiertos, 130 cad¨¢veres exhumados y 32 identificados, informa Amaia Otazu.
Muchos descendientes o familiares directos de quienes fallecieron en la Guerra Civil o en la dictadura no llegan siquiera a este hito final del camino. Es al excavar en una fosa cuando se acude a los familiares para que cedan su ADN. El proceso puede prolongarse d¨¦cadas, un tiempo del que muchos, por su edad avanzada, no disponen. La Diputaci¨®n de C¨¢diz busca revertir esa espiral y la semana pasada anunci¨® un programa de recogida masiva de muestras de cualquier persona de la provincia que sospeche que alguno de sus familiares pudo ser represaliado. ¡°La finalidad es conformar una base de datos con perfiles gen¨¦ticos sin necesidad de esperar a que se vayan abriendo fosas¡±, explic¨® la presidenta de la Diputaci¨®n, Irene Garc¨ªa.
Las muestras se enviar¨¢n al laboratorio Genyo de la Universidad de Granada (UGR), un centro de referencia al que no paran de llegar tomas gen¨¦ticas ¡ª1.469 restos ¨®seos de 43 fosas y 1.389 muestras de familiares de 51 fosas, seg¨²n los datos recopilados por la Junta¡ª de todas las sepulturas en las que ahora se est¨¢ trabajando en Andaluc¨ªa, la comunidad con m¨¢s fosas de represaliados (708). El plan permitir¨¢ disponer de muestras de familiares con un v¨ªnculo de primera generaci¨®n, donde es m¨¢s factible encontrar coincidencias, ahorr¨¢ndoles la tarea de localizaci¨®n y exhumaci¨®n, puesto que el ADN estar¨¢ disponible con anterioridad, sin depender de d¨®nde est¨¦n los restos de la v¨ªctima.
¡°La mayor¨ªa de familiares de primera generaci¨®n ya han fallecido y la coincidencia con los de segunda y tercera generaci¨®n es menos factible¡±, explica el profesor Francisco Carri¨®n, uno de los investigadores principales del proyecto iniciado en las fosas del Barranco de V¨ªznar (Granada). ¡°El porcentaje de identificaci¨®n por ADN es muy peque?o y se lo advertimos a los familiares¡±.
La de Anton Aretxabala fue la primera identificaci¨®n de un represaliado a trav¨¦s del ADN de la provincia de C¨¢diz, y una de las 19 confirmadas en Andaluc¨ªa. Los Azkalgorta Aretxabala han tenido suerte. Hay otros que siguen esperando. El 8 de marzo de 2019, Teresa L¨®pez, que entonces ten¨ªa 88 a?os, viaj¨® de Barcelona al cementerio de la Salud en su C¨®rdoba natal para ceder su ADN, junto con el de 179 familiares de otras v¨ªctimas, para ser cotejados con las muestras gen¨¦ticas de 23 cuerpos exhumados. ¡°Fui con un ramo de flores para pon¨¦rselas en una l¨¢pida en la que aparece su nombre. Pero ya tengo 91 a?os y me voy a morir sin tener los restos de mi padre¡±, se lamenta. ¡°Vino gente muy mayor de muchas partes de Espa?a, han pasado tres a?os y algunos han fallecido sin recibir un resultado¡±, denuncia Pablo P¨¦rez, presidente de la Asociaci¨®n para la Recuperaci¨®n Memoria Hist¨®rica Aguilar de la Frontera (C¨®rdoba).
¡°El trabajo de muestras conlleva una serie de problemas t¨¦cnicos y una complejidad burocr¨¢tica, que incluye la normativa de protecci¨®n de datos, la del laboratorio, las disposiciones en materia de memoria¡ El resultado final es de una enorme complejidad, como una telara?a paralizante que no ha podido resolverse por la falta de desarrollo normativo¡±, se lamenta Juanma Guijo, antrop¨®logo de la sociedad de ciencias Aranzadi, responsable de las exhumaciones de Pico Reja, en el cementerio de Sevilla, la segunda fosa m¨¢s grande de Espa?a, con 4.453 sujetos intervenidos, 869 de ellos asesinados, y que tambi¨¦n particip¨® en la identificaci¨®n de Anton Aretxabala.
La ley de Memoria Hist¨®rica de Andaluc¨ªa de 2017, como el resto de las normas auton¨®micas, otorga a la Junta la competencia para la recopilaci¨®n de muestras y su an¨¢lisis a trav¨¦s de universidades p¨²blicas, una circunstancia que, de acuerdo con el historiador Jos¨¦ Luis Guti¨¦rrez Molina, clave en la localizaci¨®n de Anton Aretxabala, ¡°ralentiza el proceso de identificaci¨®n¡±. ¡°Aqu¨ª las muestras se analizan en la Universidad de Granada y eso crea un cuello de botella perverso, porque los resultados tardan demasiado tiempo¡±. La hija de Anton Aretxabala tard¨® casi un a?o en recibir una respuesta. ¡°El mismo tiempo que otras v¨ªctimas encontradas en C¨¢diz¡±, puntualiza Guti¨¦rrez. El hijo de Teresa L¨®pez, Juan Carlos Fern¨¢ndez, ve ¡°una clara relaci¨®n entre la llegada a la Junta del PP y la tardanza en el cotejo de los resultados¡± del ADN de su madre.
La Junta de Andaluc¨ªa firm¨® en 2018 un convenio con la UGR para que el laboratorio Genyo se encargara del an¨¢lisis de las muestras de los restos y de los familiares, en un plazo de cuatro meses, y otro en 2019 para la creaci¨®n de un banco de ADN andaluz de las v¨ªctimas del franquismo. Un portavoz de la Consejer¨ªa de Cultura, de la que dependen las pol¨ªticas sobre memoria hist¨®rica, subraya que el retraso se debe ¡°a la gran cantidad de restos que est¨¢n llegando de las numerosas exhumaciones que se est¨¢n llevando a cabo en Andaluc¨ªa y que multiplican las de anteriores legislaturas¡±, y adelanta que ¡°se va a ampliar el laboratorio y que se le ha dotado de un software espec¨ªfico para modernizar las t¨¦cnicas de identificaci¨®n y acelerar los trabajos¡±.
¡°Sin un banco de ADN nacional, estas iniciativas no tendr¨¢n mucho recorrido¡±, advierte el arque¨®logo Jes¨²s Rom¨¢n, uno de los impulsores del proyecto gaditano. Solo Navarra tiene convenios con Pa¨ªs Vasco y Catalu?a para cruzar datos, aunque la colaboraci¨®n es muy fluida entre las cuatro administraciones cuando se requiere, coinciden todas. La nueva ley estatal va en sinton¨ªa con la demanda de Rom¨¢n y plantea un banco de ADN. El di¨¢logo con los 11 laboratorios que participar¨ªan, entre ellos el de la UGR, est¨¢ muy avanzado, seg¨²n confirman a este diario fuentes vinculadas con los colectivos de memoria democr¨¢tica. El archivo gen¨¦tico estar¨ªa centralizado en el Instituto de Toxicolog¨ªa.
La ¨²ltima b¨²squeda: el porqu¨¦ y los responsables
Cuando Txabi Azkalgorta inició la búsqueda de los restos de su abuelo, su único interés era “localizarlo y trasladarlo”. Para eso contaba con las 19 cartas que el marinero fallecido había enviado a su esposa mientras estuvo prisionero y una confirmación de que se había suicidado “por estrangulamiento”. “Algo que no se deduce del tono de las últimas cartas, una de ellas dos días antes de que falleciera”, puntualiza su nieto. Ha conseguido dar con su abuelo “más por el voluntarismo de las personas que trabajan sobre el terreno, que por la Administración”, señala. Pero ahora, como explica su hermano Anton, “aunque la posesión y ubicación conocida es fundamental a nivel emocional”, le queda saber por qué les fue arrebatado su familiar “en unas circunstancias irregulares” que la dictadura franquista nunca quiso aclarar para “no asumir responsabilidades”.
En la penúltima carta de su abuelo, que no fue censurada, explica a su mujer que “la denuncia la han hecho el capitán y el jefe de escolta”. Azkalgorta ha preguntado por los archivos del Puerto de Cádiz y tiene previsto acudir al armador del barco para conocer los nombres de la tripulación. “Cuando mi madre dijo que habían recuperado los restos de su padre, alguien del pueblo le dijo: ‘Pero si se suicidó’. Eso le dolió”, recuerda. Después de 80 años, la búsqueda no se ha cerrado. Queda ahora la de los porqués y los responsables.
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