Las claves de un ¡®caso Pegasus¡¯ lleno de interrogantes

Este es un resumen de lo que se conoce hasta ahora sobre el caso de supuesto espionaje a l¨ªderes independentistas catalanes.

?C¨®mo arranca la investigaci¨®n? El 7 de julio de 2020, EL PA?S y The Guardian investigan un presunto caso de espionaje al independentismo catal¨¢n. Los periodistas informan al entonces presidente del Parlament, Roger Torrent, de ERC, de que ...

Este es un resumen de lo que se conoce hasta ahora sobre el caso de supuesto espionaje a l¨ªderes independentistas catalanes.

?C¨®mo arranca la investigaci¨®n? El 7 de julio de 2020, EL PA?S y The Guardian investigan un presunto caso de espionaje al independentismo catal¨¢n. Los periodistas informan al entonces presidente del Parlament, Roger Torrent, de ERC, de que el programa Pegasus intent¨® colarse en su m¨®vil entre abril y mayo de 2019. Tras el aviso, Torrent contacta con Citizen Lab, un laboratorio de ciberseguridad de la Universidad de Toronto (Canad¨¢), que le confirma que su tel¨¦fono figura entre los 1.400 atacados en el mundo a trav¨¦s a trav¨¦s de un fallo de seguridad de WhatsApp. Tambi¨¦n est¨¢n entre los tel¨¦fonos infectados por el virus los del exconsejero Ernest Maragall, la exdiputada de la CUP Anna Gabriel (huida a Suiza) y un militante del PDCAT con id¨¦ntico nombre que un abogado que defiende una hipot¨¦tica Constituci¨®n catalana, Jordi Domingo.

Temiendo que no sean los ¨²nicos casos, los partidos independentistas catalanes encargan entonces a Citizen Lab que analice centenares de m¨®viles de dirigentes pol¨ªticos y activistas. Esa investigaci¨®n dura 21 meses y su conclusi¨®n es lo que Citizen Lab ha bautizado como CatalanGate.

?Qui¨¦n particip¨® en la investigaci¨®n? Dirigentes de Junts, ERC y la CUP, cargos p¨²blicos y miembros de las entidades independentistas ANC y ?mnium. Tambi¨¦n, abogados vinculados al proc¨¦s y expertos en tecnolog¨ªa conectados a la ofensiva independentista. Aunque la muestra inicial de m¨®viles que todas estas organizaciones llevaron a Citizen Lab es una inc¨®gnita, Gonzalo Boye, letrado del expresidente Carles Puigdemont, pr¨®fugo en Bruselas, asegura que solo Junts facilit¨® al estudio 110 tel¨¦fonos. Y que Citizen Lab concluy¨® que el 10% de estos terminales hab¨ªan sido infectados o atacados por Pegasus. La n¨®mina de personas a cuyos tel¨¦fonos lleg¨® el virus incluye al presidente, Pere Aragon¨¨s, a expresidentes (Artur Mas y Quim Torra) y a familiares como la esposa de Puigdemont. Tambi¨¦n a diputados auton¨®micos, nacionales y eurodiputados, empresarios de ideolog¨ªa independentista y alguno de los abogados que han defendido a los art¨ªfices del proc¨¦s.

?Hay m¨¢s casos? Puede, pero todav¨ªa no han sido acreditados. El investigador senior de Citizen Lab, John Scott-Railton, asegur¨® a este peri¨®dico que las v¨ªctimas conocidas son la ¡°punta del iceberg¡±. Y sugiri¨® que entre el resto, a¨²n no conocido, podr¨ªa haber pol¨ªticos de otros partidos o ciudadanos de otros ¨¢mbitos. S¨®lo se conocer¨ªa, por tanto, el caso de los independentistas porque fueron estos quienes llevaron sus tel¨¦fonos a analizar.

?Cu¨¢ndo se produjeron las intrusiones en los m¨®viles? El m¨®vil del entonces presidente de la ANC, Jordi S¨¤nchez, sufri¨® un primer ataque en 2015 y otros cinco en 2017, el a?o de estallido del proc¨¦s. Pero el resto de ataques registrados se produjo en 2018 ¡ªcuando el pulso al Estado se hab¨ªa rebajado tras el encarcelamiento de sus principales art¨ªfices¡ª y, sobre todo, en 2019 (a?o en el que se produjo la condena judicial a los l¨ªderes del proc¨¦s, que dio lugar a violentos disturbios en Catalu?a) y 2020.

Los ataques acreditados ?pudieron producirse con autorizaci¨®n judicial? El CNI est¨¢ obligado a recabar una autorizaci¨®n judicial para adoptar medidas que afecten a la inviolabilidad del domicilio y al secreto de las comunicaciones. Por tanto, el uso del programa Pegasus para espiar a independentistas solo ser¨ªa legal si se hizo con permiso del juez del Supremo designado para este cometido, el magistrado Pablo Lucas.

Los servicios de inteligencia tienen entre sus funciones la de ¡°prevenir y evitar cualquier amenaza a la integridad territorial de Espa?a¡±, y la ley que lo regula considera que se pueden avalar medidas que afecten al secreto de las comunicaciones cuando ¡°resulten necesarias para el cumplimiento de las funciones asignadas al Centro¡±. Fuentes jur¨ªdicas interpretan que solo cabr¨ªa la autorizaci¨®n judicial cuando exista un indicio de riesgo real.

?C¨®mo se solicita y se concede la autorizaci¨®n judicial? La ley que regula el control judicial previo del CNI, de 2002, establece que el permiso se solicitar¨¢ mediante un escrito en el que se deben concretar las medidas que se piden (por ejemplo, el uso de un programa inform¨¢tico para acceder al contenido de un m¨®vil) e identificar una por una a las personas afectadas. No pueden adoptarse medidas generales contra un colectivo ¡ªpor ejemplo, el movimiento independentista¡ª, sino que la autorizaci¨®n debe recoger los nombres y apellidos de cada investigado. Adem¨¢s, el escrito expondr¨¢ los ¡°hechos en los que se apoya [la medida], fines que la motivan y razones que aconsejan la adopci¨®n de las medidas solicitadas¡±; tambi¨¦n debe especificarse la duraci¨®n, que no podr¨¢ exceder de tres meses para la interceptaci¨®n de las comunicaciones ¡°postales, telegr¨¢ficas, telef¨®nicas o de cualquier otra ¨ªndole¡±, aunque ambos plazos son prorrogables. El magistrado del Supremo acordar¨¢ en un m¨¢ximo de 72 horas la concesi¨®n o no de la autorizaci¨®n solicitada.

?Qu¨¦ ha dicho el CNI? El CNI sostiene, seg¨²n han explicado fuentes del organismo a EL PA?S, que us¨® Pegasus en alg¨²n momento para investigar a l¨ªderes independentistas catalanes (sin precisar ni a qui¨¦nes ni cu¨¢ndo), pero que siempre lo hizo con autorizaci¨®n judicial y nunca pinch¨® tel¨¦fonos institucionales. Estas fuentes desconf¨ªan de la investigaci¨®n realizada por Citizen Lab, descartan que tenga que ver con esas actuaciones autorizadas por un juez y aseguran que muchas de las personas que figuran en esa lista de supuestamente espiados no lo fueron ¡°jam¨¢s¡± por el CNI.