Las claves de un ¡®caso Pegasus¡¯ lleno de interrogantes

Este es un resumen de lo que se conoce hasta ahora sobre el caso de supuesto espionaje a l¨ªderes independentistas catalanes.

?C¨®mo arranca la investigaci¨®n? El 7 de julio de 2020, EL PA?S y The Guardian investigan un presunto caso de espionaje al independentismo catal¨¢n. Los periodistas informan al entonces presidente del Parlament, Roger Torrent, de ERC, de que el programa Pegasus intent¨® colarse en su m¨®vil entre abril y mayo de 2019. Tras el aviso, Torrent contacta con Citizen Lab, un laboratorio de ciberseguridad de la Universidad de Toronto (Canad¨¢), que le confirma que su tel¨¦fono figura entre los 1.400 atacados en el mundo a trav¨¦s a trav¨¦s de un fallo de seguridad de WhatsApp. Tambi¨¦n est¨¢n entre los tel¨¦fonos infectados por el virus los del exconsejero Ernest Maragall, la exdiputada de la CUP Anna Gabriel (huida a Suiza) y un militante del PDCAT con id¨¦ntico nombre que un abogado que defiende una hipot¨¦tica Constituci¨®n catalana, Jordi Domingo.

Temiendo que no sean los ¨²nicos casos, los partidos independentistas catalanes encargan entonces a Citizen Lab que analice centenares de m¨®viles de dirigentes pol¨ªticos y activistas. Esa investigaci¨®n dura 21 meses y su conclusi¨®n es lo que Citizen Lab ha bautizado como CatalanGate.

?Qui¨¦n particip¨® en la investigaci¨®n? Dirigentes de Junts, ERC y la CUP, cargos p¨²blicos y miembros de las entidades independentistas ANC y ?mnium. Tambi¨¦n, abogados vinculados al proc¨¦s y expertos en tecnolog¨ªa conectados a la ofensiva independentista. Aunque la muestra inicial de m¨®viles que todas estas organizaciones llevaron a Citizen Lab es una inc¨®gnita, Gonzalo Boye, letrado del expresidente Carles Puigdemont, pr¨®fugo en Bruselas, asegura que solo Junts facilit¨® al estudio 110 tel¨¦fonos. Y que Citizen Lab concluy¨® que el 10% de estos terminales hab¨ªan sido infectados o atacados por Pegasus. La n¨®mina de personas a cuyos tel¨¦fonos lleg¨® el virus incluye al presidente, Pere Aragon¨¨s, a expresidentes (Artur Mas y Quim Torra) y a familiares como la esposa de Puigdemont. Tambi¨¦n a diputados auton¨®micos, nacionales y eurodiputados, empresarios de ideolog¨ªa independentista y alguno de los abogados que han defendido a los art¨ªfices del proc¨¦s.

?Hay m¨¢s casos? Puede, pero todav¨ªa no han sido acreditados. El investigador senior de Citizen Lab, John Scott-Railton, asegur¨® a este peri¨®dico que las v¨ªctimas conocidas son la ¡°punta del iceberg¡±. Y sugiri¨® que entre el resto, a¨²n no conocido, podr¨ªa haber pol¨ªticos de otros partidos o ciudadanos de otros ¨¢mbitos. S¨®lo se conocer¨ªa, por tanto, el caso de los independentistas porque fueron estos quienes llevaron sus tel¨¦fonos a analizar.

?Cu¨¢ndo se produjeron las intrusiones en los m¨®viles? El m¨®vil del entonces presidente de la ANC, Jordi S¨¤nchez, sufri¨® un primer ataque en 2015 y otros cinco en 2017, el a?o de estallido del proc¨¦s. Pero el resto de ataques registrados se produjo en 2018 ¡ªcuando el pulso al Estado se hab¨ªa rebajado tras el encarcelamiento de sus principales art¨ªfices¡ª y, sobre todo, en 2019 (a?o en el que se produjo la condena judicial a los l¨ªderes del proc¨¦s, que dio lugar a violentos disturbios en Catalu?a) y 2020.

Los ataques acreditados ?pudieron producirse con autorizaci¨®n judicial? El CNI est¨¢ obligado a recabar una autorizaci¨®n judicial para adoptar medidas que afecten a la inviolabilidad del domicilio y al secreto de las comunicaciones. Por tanto, el uso del programa Pegasus para espiar a independentistas solo ser¨ªa legal si se hizo con permiso del juez del Supremo designado para este cometido, el magistrado Pablo Lucas.

Los servicios de inteligencia tienen entre sus funciones la de ¡°prevenir y evitar cualquier amenaza a la integridad territorial de Espa?a¡±, y la ley que lo regula considera que se pueden avalar medidas que afecten al secreto de las comunicaciones cuando ¡°resulten necesarias para el cumplimiento de las funciones asignadas al Centro¡±. Fuentes jur¨ªdicas interpretan que solo cabr¨ªa la autorizaci¨®n judicial cuando exista un indicio de riesgo real.

?C¨®mo se solicita y se concede la autorizaci¨®n judicial? La ley que regula el control judicial previo del CNI, de 2002, establece que el permiso se solicitar¨¢ mediante un escrito en el que se deben concretar las medidas que se piden (por ejemplo, el uso de un programa inform¨¢tico para acceder al contenido de un m¨®vil) e identificar una por una a las personas afectadas. No pueden adoptarse medidas generales contra un colectivo ¡ªpor ejemplo, el movimiento independentista¡ª, sino que la autorizaci¨®n debe recoger los nombres y apellidos de cada investigado. Adem¨¢s, el escrito expondr¨¢ los ¡°hechos en los que se apoya [la medida], fines que la motivan y razones que aconsejan la adopci¨®n de las medidas solicitadas¡±; tambi¨¦n debe especificarse la duraci¨®n, que no podr¨¢ exceder de tres meses para la interceptaci¨®n de las comunicaciones ¡°postales, telegr¨¢ficas, telef¨®nicas o de cualquier otra ¨ªndole¡±, aunque ambos plazos son prorrogables. El magistrado del Supremo acordar¨¢ en un m¨¢ximo de 72 horas la concesi¨®n o no de la autorizaci¨®n solicitada.

?Qu¨¦ ha dicho el CNI? El CNI sostiene, seg¨²n han explicado fuentes del organismo a EL PA?S, que us¨® Pegasus en alg¨²n momento para investigar a l¨ªderes independentistas catalanes (sin precisar ni a qui¨¦nes ni cu¨¢ndo), pero que siempre lo hizo con autorizaci¨®n judicial y nunca pinch¨® tel¨¦fonos institucionales. Estas fuentes desconf¨ªan de la investigaci¨®n realizada por Citizen Lab, descartan que tenga que ver con esas actuaciones autorizadas por un juez y aseguran que muchas de las personas que figuran en esa lista de supuestamente espiados no lo fueron ¡°jam¨¢s¡± por el CNI.