El juez del ¡®caso Pegasus¡¯ rechaza la personaci¨®n de la Generalitat por carecer de legitimaci¨®n

Jos¨¦ Luis Calama, juez instructor de la Audiencia Nacional, ha rechazado este mi¨¦rcoles que la Generalitat de Catalu?a ejerza la acusaci¨®n popular en el caso Pegasus. El magistrado, que mantiene abierta una investigaci¨®n sobre el presunto espionaje en 2021 a miembros del Gobierno con el programa inform¨¢tico israel¨ª, argumenta que ¡°las personas jur¨ªdicas p¨²blicas¡± no pueden ejercer la acci¨®n popular. El Govern adopt¨® esta iniciativa a ra¨ªz de que Citizen Lab, un grupo de analistas vinculado la Universidad de Toronto, denunciara que 63 personas relacionadas con el independentismo fueron tambi¨¦n supuestamente atacadas con Pegasus.

La portavoz del Ejecutivo catal¨¢n, Patr¨ªcia Plaja, inform¨® la pasada semana que el Govern hab¨ªa decidido dar este paso para poder tener ¡°m¨¢s informaci¨®n¡± del caso y ¡°proteger¡± los intereses de la Generalitat. De hecho, la abogada de la Administraci¨®n auton¨®mica pidi¨® a Calama que le facilitase una copia de las actuaciones ¡ªaunque actualmente se encuentran bajo secreto de sumario¡ª y recalc¨® la ¡°gravedad extrema¡± de las actividades bajo sospecha, que suponen un ¡°ataque a los derechos fundamentales de las personas afectadas¡±.

Sin embargo, a trav¨¦s de un auto de tres p¨¢ginas fechado hoy, el juez rechaza la personaci¨®n de la Generalitat. Calama basa su decisi¨®n en la doctrina del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional. ¡°Actualmente, no hay habilitaci¨®n legislativa general para que las personas jur¨ªdicas p¨²blicas ejerzan la acci¨®n popular¡±, destaca el magistrado, que a?ade: ¡°Por razones de coherencia interna del sistema, si las entidades jur¨ªdico-p¨²blicas defienden intereses p¨²blicos cuando act¨²an como acusaci¨®n popular, para esa defensa ya se cuenta en el proceso penal con la figura del Ministerio Fiscal¡±.

El juez responsable del caso Pegasus remacha: ¡°Los derechos del acusado podr¨ªan verse seriamente afectados, pues el acusado deber¨ªa defenderse frente a dos entidades p¨²blicas, el Ministerio Fiscal y la persona jur¨ªdico p¨²blica, que no son ofendidas por el delito y defienden intereses similares. En definitiva, mediante el uso generalizado de la acci¨®n popular se llegar¨ªa a generar una acci¨®n p¨²blica alternativa¡±. La Generalitat dispone de tres d¨ªas para recurrir ante el propio magistrado; y de cinco d¨ªas para acudir en apelaci¨®n a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

Los ministros ¡®atacados¡¯

A principios de mayo, Calama abri¨® el caso Pegasus tras recibir una denuncia de la Abogac¨ªa del Estado por la intrusi¨®n con el software esp¨ªa israel¨ª en los tel¨¦fonos m¨®viles de Pedro S¨¢nchez, jefe del Ejecutivo, y Margarita Robles, ministra de Defensa. Las pesquisas se ampliaron posteriormente tras detectarse m¨¢s presuntos ataques contra los dispositivos de los titulares de Interior y Agricultura, Fernando Grande-Marlaska y Luis Planas, respectivamente. La causa se ha declarado secreta.

El 27 de abril, la Generalitat s¨ª consigui¨® personarse como acusaci¨®n en el caso Triacom, una l¨ªnea de investigaci¨®n derivada del caso 3% abierta en la Audiencia Nacional, donde se persigue la presunta financiaci¨®n irregular de la extinta Converg¨¨ncia Democr¨¤tica de Catalu?a (CDC) a trav¨¦s de Triacom, una productora audiovisual que trabaj¨® con frecuencia para la televisi¨®n p¨²blica de la comunidad, TV3. En ese caso, el Govern act¨²a como acusaci¨®n particular, al estar directamente afectado por el desfalco de fondos, y no como acusaci¨®n popular ¡ªcomo ha pretendido en el caso Pegasus¡ª.