El Gobierno quiere consensuar con el PP la nueva Ley de Secretos Oficiales y el control del CNI
Fuentes del Ejecutivo admiten que las normas que afectan a la seguridad nacional deben pactarse con el primer partido de la oposici¨®n
El Gobierno quiere consensuar con el PP la nueva ley de Informaci¨®n Clasificada (que sustituir¨¢ a la ley franquista de Secretos Oficiales) y la reforma de la ley del control judicial previo del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), anunciadas el jueves en el Congreso de los Diputados por el presidente Pedro S¨¢nchez durante un pleno monogr¨¢fico sobre el caso Pegasus de espionaje a pol¨ªticos independentistas catalanes. Fuentes gubernamentales admiten que estas dos normas, que afectan a la m¨¦dula de la seguridad del Estado, deben contar con el apoyo del principal partido de la oposici¨®n, que se ha alternado con el PSOE en el Gobierno de Espa?a durante los ¨²ltimos 40 a?os. Las fuentes consultadas aseguran que se buscar¨¢ aprobar estas leyes con el m¨¢ximo apoyo, pero admiten que se dar¨¢ prioridad al PP, pues no se entender¨ªa acordarlas solo con los socios de coalici¨®n o investidura.
Las mismas fuentes admiten la dificultad de alcanzar un acuerdo de este calado con el PP, con el que ni siquiera se ha conseguido desbloquear la renovaci¨®n del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Pero no renuncian a lograrlo y recuerdan que el PP apoy¨® la admisi¨®n a tr¨¢mite de la reforma de la Ley de Seguridad Nacional, actualmente en el Congreso.
El debate sobre el caso Pegasus ha servido a S¨¢nchez para realizar tres anuncios que afectan al servicio secreto. El primero es la aprobaci¨®n de una nueva Directiva de Inteligencia, el documento en el que el Gobierno fija los objetivos informativos del CNI. Esta directiva debe aprobarse anualmente, pero no se ha renovado desde marzo de 2019, por lo que sigue en vigor un documento que se elabor¨® en pleno juicio a los m¨¢ximos responsables del proc¨¦s. La directiva la aprueba el presidente a propuesta de la comisi¨®n interministerial de Asuntos de Inteligencia, por lo que el Gobierno se basta por s¨ª solo para sacarla adelante.
En cambio, la reforma de la Ley Org¨¢nica Reguladora del Control Judicial Previo del CNI debe ser aprobada por la mayor¨ªa absoluta del Congreso. S¨¢nchez no ha dado muchas pistas sobre el contenido de esta reforma y se ha limitado a se?alar que se trata de ¡°reforzar las garant¨ªas de control¡± del servicio de inteligencia y de adaptar su marco regulatorio ¡°para que pueda enfrentarse con ¨¦xito a los nuevos retos tecnol¨®gicos y sociales¡±.
M¨¢s expl¨ªcito fue el Defensor del Pueblo, ?ngel Gabilondo, que en su informe sobre el caso Pegasus advert¨ªa: ¡°Los veinte a?os transcurridos [desde la aprobaci¨®n de la ley], la impresionante evoluci¨®n tecnol¨®gica de las ¨²ltimas d¨¦cadas, los cambios que vendr¨¢n en un futuro pr¨®ximo, la ¡®aceleraci¨®n¡¯ de las tecnolog¨ªas de la comunicaci¨®n y la informaci¨®n deben conducir a abrir una reflexi¨®n sobre la suficiencia o insuficiencia del control judicial existente [¡]. La interceptaci¨®n de las comunicaciones no significa lo mismo en 2022 que en 2002, ni significar¨¢ lo mismo en unos pocos a?os¡±. Es decir, una ley dise?ada para controlar la interceptaci¨®n de conversaciones de voz por telefon¨ªa convencional sirve para autorizar la infecci¨®n de m¨®viles con programas esp¨ªa como el Pegasus que permiten sustraer toda la informaci¨®n almacenada, activar a distancia su micr¨®fono o su c¨¢mara o enviar mensajes suplantando la identidad del usuario.
El PNV ha presentado, adem¨¢s, una proposici¨®n de ley que pretende ampliar de uno a tres el n¨²mero de magistrados del Supremo que deben aprobar por unanimidad las interceptaciones y, sobre todo, pasar de un control ¡°previo¡± a otro integral, de forma que los magistrados tambi¨¦n deber¨ªan ser informados a posteriori de la ejecuci¨®n de las interceptaciones que aprueben para comprobar que se adec¨²an a lo autorizado. El PNV viene presentando igualmente, desde 2016, sucesivas iniciativas de reforma de la vigente Ley de Secretos Oficiales, que data de 1968, con retoques en octubre de 1978, antes de la entrada en vigor de la Constituci¨®n. El PP y el PSOE se han confabulado desde entonces para bloquear la tramitaci¨®n de la reforma, recurriendo a maniobras parlamentarias como la de prorrogar indefinidamente el plazo de presentaci¨®n de enmiendas. Ahora, sin embargo, S¨¢nchez ha prometido que remitir¨¢ al Congreso una ley de Informaci¨®n Clasificada (nuevo nombre de la norma) despu¨¦s del verano.
Este proyecto de ley ya figuraba en el plan legislativo del Gobierno para este a?o, pero fuentes de La Moncloa reconoc¨ªan hace pocas semanas que no era prioritario. El caso Pegasus le ha dado un nuevo impulso y el Ejecutivo deber¨¢ sacar del caj¨®n el borrador que una comisi¨®n interministerial, dirigida por la entonces vicepresidenta Carmen Calvo, elabor¨® el a?o pasado y que se?alaba que los documentos de ¡°alto secreto¡± estar¨ªan bajo llave al menos durante medio siglo.
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