La entrada de agentes marroqu¨ªes en Melilla despierta dudas legales entre los expertos
Las fuerzas de seguridad de ambos pa¨ªses colaboraron el 24 de junio en suelo espa?ol para devolver en caliente a los migrantes y refugiados que sortearon la valla
El 24 de junio, cuando centenares de migrantes y refugiados intentaban entrar a la fuerza en Melilla, varios agentes marroqu¨ªes dejaron sus puestos en Nador para entrar en suelo espa?ol. Mezclados entre Polic¨ªa y Guardia Civil, los gendarmes y fuerzas auxiliares, visiblemente armados con porras e incluso palos, recogieron a decenas de africanos para llev¨¢rselos a Marruecos. Esa actuaci¨®n de la polic¨ªa marroqu¨ª en territorio espa?ol cau...
El 24 de junio, cuando centenares de migrantes y refugiados intentaban entrar a la fuerza en Melilla, varios agentes marroqu¨ªes dejaron sus puestos en Nador para entrar en suelo espa?ol. Mezclados entre Polic¨ªa y Guardia Civil, los gendarmes y fuerzas auxiliares, visiblemente armados con porras e incluso palos, recogieron a decenas de africanos para llev¨¢rselos a Marruecos. Esa actuaci¨®n de la polic¨ªa marroqu¨ª en territorio espa?ol causa extra?eza entre la media docena de expertos en cooperaci¨®n policial y derecho internacional consultados por EL PA?S. Los hay que no encuentran el marco legal donde encuadrar esa operaci¨®n; los que la ven ilegal; y los que no ven que merezca reproche jur¨ªdico, aunque s¨ª pol¨ªtico. Interior la defiende, aunque el 29 de junio el ministro Fernando Grande-Marlaska tach¨® de ¡°falsedad¡± que se hubiera producido esa actuaci¨®n . Pero la actuaci¨®n coordinada entre las fuerzas del orden de los dos pa¨ªses estaba grabada y llevaba publicada desde el d¨ªa 25 en el diario P¨²blico. Y fuentes de la Guardia Civil admiten que ocurri¨®.
Gil Arias, polic¨ªa retirado y ex director adjunto de Frontex, la Agencia Europea para el Control de Fronteras, prefiere no juzgar la acci¨®n, pero enumera los supuestos en los que est¨¢ regulada la entrada de polic¨ªas extranjeros en Espa?a: las comisiones rogatorias (que permiten que polic¨ªas de un pa¨ªs entren a otro a practicar diligencias con la autorizaci¨®n de un juez), las visitas de autoridades extranjeras acompa?adas de escolta policial (que precisa tr¨¢mites diplom¨¢ticos y un registro detallado del agente y su arma); la llamada vigilancia transfronteriza (limitada a territorio Schengen) y la persecuci¨®n transfronteriza (tambi¨¦n enmarcada en Schengen, y que permite a los polic¨ªas extranjeros traspasar las fronteras de otro pa¨ªs cuando persiguen a un delincuente). Este ¨²ltimo supuesto solo es aplicable para Espa?a con Francia y Portugal.
La cooperaci¨®n policial transfronteriza entre Espa?a y Marruecos est¨¢ fijada en un convenio vigente desde 2012 que regula los llamados Centros de Cooperaci¨®n Policial (CCP), unas comisar¨ªas conjuntas cuyas sedes est¨¢n en Algeciras y T¨¢nger. Entre los objetivos de esta cooperaci¨®n se sit¨²a la lucha contra la inmigraci¨®n irregular. Pero el punto 9 del convenio establece: ¡°Los agentes y funcionarios destinados en los CCP que se encuentren en el territorio de la otra parte no ser¨¢n competentes para la ejecuci¨®n de medidas policiales¡±. Es decir, los agentes marroqu¨ªes no pueden efectuar detenciones en Espa?a. ¡°No hay ning¨²n convenio que permita a la polic¨ªa de Marruecos detener en Espa?a¡±, confirma Antonio D¨ªaz, profesor de Derecho Comunitario de la Universidad de Comillas (ICADE). Este jurista explica que solo cabr¨ªa una excepci¨®n en un caso extremo y siempre que Espa?a autorizara a posteriori esa actuaci¨®n marroqu¨ª. ?Podr¨ªan los propios agentes presentes en la valla de Melilla haber dado permiso sobre la marcha a las fuerzas de seguridad marroqu¨ªes para entrar y detener? ¡°No, eso es ilegal. Si es eso lo que ocurri¨®, se tiene que investigar¡±, dice.
Juan Santos, profesor de derecho internacional de la Universidad de Salamanca, sostiene que ning¨²n agente del orden puede ejercer funciones de car¨¢cter coercitivo en otro Estado si no media consentimiento. En las im¨¢genes se observa a los agentes de ambos pa¨ªses trabajando conjuntamente en el lado espa?ol y no ha habido un reproche posterior, por lo que parece claro que hab¨ªa consentimiento, expl¨ªcito o t¨¢cito. Con consentimiento, Santos no ve irregularidad, pero s¨ª un reproche pol¨ªtico: ¡°No se suele delegar el uso de la fuerza en otros pa¨ªses. Y delegar en polic¨ªas marroqu¨ªes es muy grave. Porque al rev¨¦s no ocurrir¨ªa¡±.
El Ministerio del Interior descarta que la presencia de agentes marroqu¨ªes en el lado espa?ol de la frontera de Melilla sea ilegal. ¡°Est¨¢ avalado por el derecho internacional que las fuerzas de seguridad de dos pa¨ªses fronterizos puedan deambular por ambos lados del l¨ªmite territorial para facilitar el trabajo de control¡±, se?alan fuentes del departamento, informa ?scar L¨®pez-Fonseca. Estas fuentes no esgrimen ninguna ley o normativa concreta, sino que aluden a un supuesto ¡°derecho consuetudinario¡±, es decir, normas jur¨ªdicas no escritas, pero que se cumplen porque se han hecho costumbre a lo largo del tiempo. Fuentes de la Guardia Civil tampoco ven irregularidades y hablan de ¡°operatividad¡±. ¡°Era m¨¢s r¨¢pido y eficaz que ellos pasasen a llevarse a los inmigrantes que ¨ªbamos a rechazar, a que esperaran al otro lado de la valla a que los llev¨¢semos nosotros¡±, explican. Los agentes consultados coinciden en que no era la primera vez que ocurr¨ªa y no entienden la pol¨¦mica surgida.
Esta es tambi¨¦n la tesis de Luis Arroyo Zapatero, catedr¨¢tico de derecho penal y director del Instituto de Derecho penal europeo e internacional de la Universidad de Castilla©\La Mancha. ¡°No se trata de que los gendarmes marroqu¨ªes se hayan adentrado en Espa?a para detener a supuestos delincuentes, sino que est¨¢n en la frontera, en la pr¨¢ctica es una devoluci¨®n. Cuando hay un salto masivo es normal que se haga as¨ª¡±.
El profesor Antonio D¨ªaz admite que lo ocurrido hace dos semanas pueda interpretarse como un rechazo de migrantes en la frontera y que el Gobierno tiene argumentos para defender esta tesis, pero advierte de que, incluso en ese caso, no se actu¨® correctamente porque la polic¨ªa marroqu¨ª no ten¨ªa que haber entrado en Espa?a a recogerlos. ¡°Las formas son importantes, y Espa?a las debe cuidar, y m¨¢s cuando sabes que al otro lado ha habido muertos. Es, como m¨ªnimo, una chapuza. Y en ese contexto, si dejas que entren y se los lleven, Espa?a ya se convierte en c¨®mplice¡±, advierte. En su opini¨®n, no obstante, no fueron entregas en frontera sino detenciones efectuadas en suelo espa?ol por polic¨ªa marroqu¨ª y, por tanto, irregulares.
¡°El problema no es tanto que entren los agentes marroqu¨ªes, sino lo que hacen al entrar, que es contrario al derecho internacional en materia de derechos humanos¡±, advierte Ruth Bermejo, profesora de ciencia pol¨ªtica en la Universidad Rey Juan Carlos. Las devoluciones en caliente que ejecutaron los agentes de ambos pa¨ªses, insiste Bermejo, son contrarias al derecho internacional si no respetan principios b¨¢sicos como la identificaci¨®n, un procedimiento individual y no colectivo, el acceso al asilo o la asistencia letrada.
Rechazos en frontera, el eufemismo de las devoluciones en caliente
El Ministerio del Interior, que dirige Fernando Grande-Marlaska, insiste en que las 102 personas que fueron expulsadas de vuelta a Marruecos el 24 de junio una vez en España constituían “rechazos en frontera de libro”. El rechazo en frontera es como llama Interior a las devoluciones en caliente, pero no significan lo mismo. A diferencia de la devolución en caliente, que se hace de forma exprés y sin procedimiento ni identificación, el rechazo en frontera (equivalente legalmente a la denegación de entrada) supone impedir la entrada a un extranjero que no cumple los requisitos legalmente establecidos. Esta debe estar motivada y se permite asistencia letrada y recurso.
El departamento de Grande-Marlaska, en cualquier caso, defiende que esas devoluciones exprés y sin procedimiento, que fueron regularizadas por el PP en la llamada ley mordaza, fueron respaldadas por el Tribunal Constitucional en noviembre de 2020.
El fallo del tribunal, no obstante, advierte de que esas expulsiones deben observar la normativa nacional e internacional y no puede afectar a colectivos vulnerables, entre ellos los menores. Entre los testimonios recogidos por EL PAÍS estos días, al menos uno de los devueltos aseguraba no llegar a los 18 años.