Interior aplicar¨¢ las devoluciones en caliente por el aval del Constitucional

El Tribunal Constitucional respaldar¨¢ en el pleno que se inicia ma?ana las devoluciones en caliente o rechazos en frontera regulados en la Ley de Seguridad Ciudadana que aprob¨® el Gobierno del PP en 2015. El Ministerio del Interior aplicar¨¢ esta medida pese a que los dos partidos que forman el Gobierno la rechazaban. El PSOE recurri¨® la ley ante el Constitucional por entender que ¡°vulneraba el derecho de los inmigrantes a la tutela judicial efectiva¡±. Unidas Podemos prometi¨® impulsar la derogaci¨®n de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como ley mordaza, para prohibir las devoluciones en caliente.

El Gobierno quiere esperar a conocer la redacci¨®n final de la sentencia al tratarse de un asunto muy delicado que ya enfrent¨® a los dos socios, PSOE y Unidas Podemos. Fuentes del Ministerio del Interior sostienen que las sentencias del Constitucional est¨¢n para cumplirse y, por tanto, se seguir¨¢ aplicando esta medida con normalidad. Estas fuentes recuerdan, adem¨¢s, que el fallo llega avalado por un pronunciamiento similar del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. ¡°La pol¨ªtica migratoria¡±, se?alan en Interior, ¡°es comunitaria y, por tanto, es dif¨ªcil adoptar una medida sin contar con el consenso europeo¡±. La medida a la que se refieren ser¨ªa una reforma legal para prohibir las devoluciones en caliente, algo que no parece entrar en la agenda del Ejecutivo.

Fuentes de la direcci¨®n de Unidas Podemos admiten que para ellos es un tema ¡°muy importante¡± pero no han tomado una decisi¨®n sobre c¨®mo responder¨¢n a un fallo del Constitucional que todav¨ªa no conocen. En el pasado hubo enfrentamientos entre el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y Pablo Iglesias por este asunto. El acuerdo al que llegaron fue esperar a la sentencia. Una vez publicada, solo quedar¨ªa el margen de cambiar la ley. Pero Interior prefiere aplicar el fallo sin m¨¢s.

El Constitucional avalar¨¢ en su pleno de esta semana las expulsiones en caliente con algunas excepciones que afectan a los menores y personas o colectivos vulnerables. El texto ha sido acordado en una comisi¨®n compuesta por tres magistrados: Ricardo Enr¨ªquez, Antonio Narv¨¢ez y Juan Antonio Xiol. Los dos primeros pertenecen al sector conservador, mayoritario, y el tercero, al progresista. El pacto alcanzado supone un giro radical respecto al texto que hab¨ªa elaborado el anterior encargado de la ponencia, Fernando Vald¨¦s, quien renunci¨® a su puesto en el tribunal el mes pasado tras ser procesado por el Supremo por un supuesto delito de maltrato en el ¨¢mbito familiar.

Lo que propon¨ªa Vald¨¦s en su proyecto de sentencia era que solo se consideraran legales las expulsiones en caliente cuando las personas afectadas hubieran entrado en Espa?a mediante un asalto masivo y de forma violenta. Vald¨¦s entend¨ªa que esta era la lectura m¨¢s correcta de la sentencia dictada en febrero pasado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Ese fallo dio un aval al Estado espa?ol respecto a las devoluciones en caliente al considerar que las autoridades de Melilla no violaron la legalidad cuando acordaron la expulsi¨®n inmediata de dos inmigrantes de Mali y Costa de Marfil que saltaron la valla fronteriza en agosto de 2014.

La sentencia pactada en la comisi¨®n tendr¨¢ un amplio respaldo en el pleno del Constitucional, seg¨²n fuentes del tribunal. Hasta ahora, lo hab¨ªa impedido la persistencia de Vald¨¦s en defender que se pusieran condiciones a estas devoluciones. De hecho, en junio pasado se discuti¨® un proyecto de sentencia que fue rechazado al entender la mayor¨ªa conservadora que el fallo de Estrasburgo no requer¨ªa que solo pudieran acordarse legalmente las devoluciones en caliente para los asaltos masivos y violentos a las vallas de Ceuta o Melilla. De ah¨ª que se formara una comisi¨®n paritaria entre conservadores y progresistas de la que, aparte de los tres mencionados, form¨® parte el propio Vald¨¦s hasta su renuncia.

Al producirse la dimisi¨®n de este magistrado, el asunto qued¨® formalmente asignado al presidente del tribunal, Juan Jos¨¦ Gonz¨¢lez Rivas, quien como ponente de la resoluci¨®n asumir¨ªa el criterio de la comisi¨®n. Ahora bien, este punto fue incluido a mediados de la semana pasada, mediante una adici¨®n al orden de d¨ªa del pr¨®ximo pleno, ya sobrecargado de materias. Ello provoc¨® gran malestar en un sector minoritario del Constitucional, opuesto a debatir con prisas los aspectos m¨¢s sensibles de la Ley de Seguridad Ciudadana, entre ellos el de los derechos de los inmigrantes.

Dos factores han influido en las prisas con las que ahora se quiere ventilar un recurso que lleva cinco a?os pendiente. En primer lugar, el consenso existente sobre la cuesti¨®n. El tribunal no quiso hincarle el diente al asunto hasta que se pronunciara Estrasburgo, pero desde febrero, en que fall¨® el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, hubiera podido abordarlo. La urgencia que se quiere dar a este fallo deriva del inter¨¦s del presidente del tribunal por dejar despejado el asunto antes de la posible renovaci¨®n de los mandatos caducados en la instituci¨®n, entre ellos el de la propia presidencia.

Dos d¨¦cadas de rechazos en frontera

Las devoluciones en caliente llevan realiz¨¢ndose desde que se concluy¨® la construcci¨®n de las vallas de Ceuta y Melilla a finales de los a?os noventa. Al principio, las fuerzas de seguridad lo ocultaban, pero esta pr¨¢ctica comenz¨® a ser ampliamente documentada por diversas ONG a partir de 2002. Desde que el Gobierno de Mariano Rajoy las ampar¨® con la Ley de Seguridad Ciudadana de 2015, tanto el PSOE como Unidas Podemos han prometido desde la oposici¨®n que acabar¨ªan con ellas, pero la realidad es que se han mantenido independientemente del color de quien gobierne.

La sentencia del 20 de febrero del Tribunal de Estrasburgo, en la que se absolv¨ªa a Espa?a de haber vulnerado los derechos de dos migrantes cuando fueron entregados a las autoridades marroqu¨ªes inmediatamente despu¨¦s de saltar la valla de Melilla en agosto de 2014, gener¨® las primeras tensiones en el Gobierno de coalici¨®n apenas seis semanas despu¨¦s de conformarse.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, recibi¨® con agrado la decisi¨®n que justificaba la devoluci¨®n en el uso de la violencia de los inmigrantes y ya sugiri¨® que la aplicar¨ªa, una postura que gener¨® malestar entre los miembros de Unidas Podemos. ¡°Elogiar sentencias que avalan la violaci¨®n de derechos humanos no solo es lo contrario a lo que figura en el acuerdo de coalici¨®n, es adem¨¢s lo contrario de lo que desean la inmensa mayor¨ªa de los votantes del PSOE y de Unidas Podemos¡±, afirmaron entonces a EL PA?S fuentes del grupo parlamentario de la formaci¨®n. La pol¨¦mica, sin embargo, acab¨® enterrada r¨¢pidamente por otras batallas y la emergencia sanitaria.

Las entradas irregulares por tierra a Ceuta y Melilla (que incluyen los saltos, pero tambi¨¦n otras v¨ªas como el ingreso con documentaci¨®n falsa o escondidos en veh¨ªculos) apenas superan este a?o las 1.500 personas (la inmensa mayor¨ªa en Melilla) frente a las casi 5.000 del a?o anterior, seg¨²n datos del Ministerio del Interior. La ca¨ªda en picado de los intentos de colarse en ambas ciudades aut¨®nomas responde a las restricciones de movimientos y el cierre de fronteras impuesto por la pandemia. El foco se ha desviado de las vallas, pero las devoluciones se han seguido realizando, seg¨²n el veterano activista de Melilla, Jos¨¦ Palaz¨®n, fundador de la ONG Prodein.

¡°No ha habido un cambio en la forma de actuaci¨®n. Ni antes, ni despu¨¦s de la sentencia. En un intento de salto, los que pillan entre vallas han continuado siendo devueltos en caliente a Marruecos¡±, mantiene Palaz¨®n. ¡°Lo conocemos por declaraciones de los que entran o por testimonios de los propios afectados, pero no son expulsiones documentadas¡±. Desde Ceuta, fuentes de la Guardia Civil, afirman que con la pandemia han dejado de detectarse movimientos de subsaharianos en torno a la valla, por lo que no se han ejecutado devoluciones.

Con informaci¨®n de Mar¨ªa Mart¨ªn