El Gobierno y el PP cierran sin acuerdo la negociaci¨®n para desbloquear el Poder Judicial
El Ejecutivo cree que los populares ponen ¡°excusas¡± para no cumplir la Constituci¨®n y estos consideran que la aprobaci¨®n de la reforma expr¨¦s para permitir nombramientos es una ¡°l¨ªnea roja¡±
El PP cambia su direcci¨®n, pero el resultado finalmente es el mismo: nuevo fracaso del en¨¦simo intento de negociar la renovaci¨®n del Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional. Con Pablo Casado hubo dos sonoras marchas atr¨¢s cuando ya todo parec¨ªa pactado, y con Alberto N¨²?ez Feij¨®o al frente del partido, hoy ha llegado el primer fiasco. El resultado final es que el CGPJ lleva tres a?os y medio bloqueado, algo in¨¦dito. El Constitucional a¨²n puede ser renovado, porque el jueves se votar¨¢ una norma para permitirlo que ha indignado al PP, pero a¨²n no est¨¢ todo escrito y los conservadores intentar¨¢n frenar tambi¨¦n esa renovaci¨®n. El desacuerdo es total. Una reuni¨®n la tarde de este lunes en el Congreso entre los negociadores de ambos grupos, el ministro de la Presidencia, F¨¦lix Bola?os, y el vicesecretario Institucional del PP, Esteban Gonz¨¢lez Pons, termin¨® tras menos de una hora sin ning¨²n tipo de acuerdo.
La ruptura llega despu¨¦s de que la direcci¨®n popular haya hecho p¨²blica este lunes su propuesta para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuyo mandato lleva m¨¢s de tres a?os caducado por la resistencia de este partido a desbloquearlo. Al escuchar la oferta, Bola?os llam¨® a Gonz¨¢lez Pons para verse. Pero el representante del PP exigi¨® que para empezar a hablar el Gobierno retirara antes de este jueves, cuando se tiene que votar en el Congreso, la reforma legal expr¨¦s que ha registrado con apoyo de otros grupos para cambiar la composici¨®n del Tribunal Constitucional y que devolv¨ªa al CGPJ la capacidad de nombrar a sus dos magistrados del Constitucional, aunque manteniendo la prohibici¨®n de hacer nombramientos en otras instancias judiciales como el Supremo. La aprobaci¨®n de esa reforma es para los populares la ¨²nica ¡°l¨ªnea roja¡±. Bola?os, seg¨²n fuentes del Ejecutivo, le dijo que no pod¨ªa admitir ese chantaje y le ofreci¨® poder introducir modificaciones en la tramitaci¨®n de la norma, que del Congreso ir¨¢ ahora al Senado. Pero Pons quer¨ªa la retirada o nada y eso hizo imposible avanzar. Bola?os insisti¨® a Pons en que esta norma expr¨¦s estaba pactada con la anterior direcci¨®n del PP para evitar que se bloqueara la renovaci¨®n del Constitucional, pero Pons insisti¨® en que esa era la l¨ªnea roja y nunca se movi¨® de ah¨ª. El Gobierno interpreta que Feij¨®o ya ha tomado la decisi¨®n de no renovar el Poder Judicial en todo lo que queda de legislatura, lo que llevar¨ªa a cinco a?os de bloqueo, algo inaudito, y esperar as¨ª a que cambie la mayor¨ªa en el Congreso tras las elecciones para renovar en condiciones ventajosas para los conservadores. ¡°Pretenden que de los tres poderes, dos se renueven con las elecciones y un tercero sea eterno y siempre en manos de los conservadores, voten lo que voten los ciudadanos. Es inacetable¡±, se?alan fuentes del Ejecutivo.
Tras el desencuentro de esta tarde, fuentes de La Moncloa han puesto el peso de la ruptura en los populares: ¡°El PP sigue poniendo excusas para no hacerlo; en esta ocasi¨®n, exigen la retirada de una proposici¨®n de ley, en tramitaci¨®n en el Congreso, que busca garantizar la renovaci¨®n del Tribunal Constitucional¡±, han se?alado para a?adir que la proposici¨®n de ley que el PP exige ¡°fue acordada con la direcci¨®n anterior del PP en el marco del acuerdo de renovaci¨®n del TC, Tribunal de Cuentas y Defensor del Pueblo que se produjo en octubre de 2021¡å. En el otro lado, los populares insisten en que Gonz¨¢lez Pons ha ofrecido abordar la propuesta de su partido en el tr¨¢mite de enmiendas de la ley que defiende el Ejecutivo, a lo que este se ha negado. El PP insiste en que la aprobaci¨®n de la reforma expr¨¦s es una ¡°l¨ªnea roja¡± que el Gobierno ¡°no deber¨ªa cruzar¡±. Y esta era la principal condici¨®n.
Antes de la ruptura, la portavoz del Gobierno, Isabel Rodr¨ªguez, se?al¨® que el cumplimiento de la Constituci¨®n y, por tanto, la renovaci¨®n del Consejo General del Poder Judicial¡°es innegociable¡±. Esto es, el Ejecutivo no acepta que el PP plantee condiciones para hacer algo que es su obligaci¨®n: renovar los ¨®rganos constitucionales. Sin embargo, la negociaci¨®n contin¨²a y la soluci¨®n final no est¨¢ escrita. Pedro S¨¢nchez ya anunci¨® en el ¨²ltimo momento, despu¨¦s de decir que no lo har¨ªa, la retirada de una reforma anterior que permit¨ªa renovar el Poder Judicial con la mayor¨ªa absoluta del Congreso, y no los tres quintos como ahora. Pero esta vez el Ejecutivo insiste en que su reforma es ¡°impecable¡± y no tiene intenciones de dar marcha atr¨¢s, aunque nada es definitivo hasta el jueves. El Gobierno est¨¢ muy molesto con el PP porque piensa que Alberto N¨²?ez Feij¨®o ha tenido tiempo de sobra en los cuatro meses que lleva como l¨ªder del partido para pactar la renovaci¨®n, sobre todo del Tribunal Constitucional, lo m¨¢s urgente. Para el Ejecutivo, es muy relevante lograr de momento renovar el Constitucional porque cambiar¨ªa la mayor¨ªa, de conservadora a progresista, y podr¨ªa as¨ª afrontar con ese cambio decisiones hist¨®ricas como el recurso del PP contra la ley del aborto.
Los populares planteaban que esta renovaci¨®n del CGPJ se haga con la ley en vigor (en la que los 20 vocales son elegidos por las Cortes), pero que, a continuaci¨®n, el nuevo Consejo reci¨¦n nombrado formule, en un plazo de seis meses, una propuesta de reforma del sistema de elecci¨®n de los 12 vocales jueces; esa propuesta ser¨ªa despu¨¦s analizada en una ponencia de la Comisi¨®n de Justicia del Congreso, que emitir¨ªa un informe tambi¨¦n en un plazo de seis meses.
El PP hab¨ªa asegurado estar dispuesto a negociar todas sus condiciones y a ceder en algunas de ellas, pero s¨ª fija una ¡°l¨ªnea roja¡±, seg¨²n ha puntualizado Gonz¨¢lez Pons, para sentarse con el Ejecutivo: que este retire la proposici¨®n de ley que se vota esta semana, que devuelve al CGPJ en funciones la capacidad de nombrar a sus dos magistrados del Tribunal Constitucional y, sin embargo, mantiene la prohibici¨®n de hacer nombramientos en otras instancias judiciales como el Supremo, donde la falta de jueces amenaza con llevar al colapso a algunas salas.
En el documento que ha hecho p¨²blico, el PP exige que la reforma que impide al CGPJ hacer nombramientos cuando esta? en funciones ¨Dque aprob¨® el propio Gobierno hace un a?o¨D se derogue ¡°¨ªntegramente y no solo en lo que respecta al Tribunal Constitucional¡±. Pero seg¨²n ha explicado Gonz¨¢lez Pons, el documento es negociable, y la ¨²nica l¨ªnea roja es la que ¨¦l ha verbalizado, que es la que afecta a la votaci¨®n de esta semana. El Gobierno no ha dado muestras de estar dispuesto a retirar su propuesta; sin embargo, fuentes de la direcci¨®n popular conf¨ªan en que La Moncloa ceder¨¢ porque siguen existiendo contactos en privado ¨Dque han continuado tras la rueda de prensa de Gonz¨¢lez Pons¨D y el Gobierno ¡°mantiene el inter¨¦s¡± en pactar con el PP, seg¨²n estas fuentes.
El m¨¦todo de elecci¨®n de los vocales del Poder Judicial hab¨ªa sido el principal campo de batalla entre el Gobierno y el PP con la direcci¨®n anterior de Pablo Casado, que exig¨ªa cambiar el modelo para que los ocho vocales jueces fueran elegidos directamente por las asociaciones de jueces; con el sistema actual, esos 12 vocales (y los otros ocho, juristas de prestigio) son elegidos por el Congreso y el Senado, aunque de una lista de nombres previamente elevada por las asociaciones de jueces. La c¨²pula de Feij¨®o tambi¨¦n insta a modificar el modelo, pero es menos tajante que Casado y no exige que se registre ya una ley cambiando el sistema. En su lugar, plantea una f¨®rmula intermedia: que sea el propio CGPJ el que haga una propuesta de reforma del sistema y que despu¨¦s el Parlamento la analice, en una ponencia creada en el seno de la comisi¨®n de Justicia.
El PP defiende, as¨ª, que no est¨¢ imponiendo un nuevo m¨¦todo de elecci¨®n de los vocales, sino solo planteando que se estudie. Gonz¨¢lez Pons ha especificado, adem¨¢s, que ninguna de sus condiciones es ¡°innegociable¡±, salvo la retirada de la reforma que se vota esta semana. ¡°No son innegociables porque si hici¨¦ramos eso no hablar¨ªamos de pacto. Claro que podemos hablar de todo esto. Habr¨¢ lugares en los que se pueda ir a menos¡±, ha dicho.
El Gobierno sostiene que el pacto no se ha producido a¨²n porque los populares solo han dado largas a la negociaci¨®n durante meses. Seg¨²n el PP, las conversaciones flu¨ªan ¡ªaunque admiten que a trompicones porque el Ejecutivo ¡°les insultaba en p¨²blico¡±¡ª y Gonz¨¢lez Pons y Bola?os llegaron a reunirse f¨ªsicamente, sin que ese encuentro trascendiera.
Otros cambios en la justicia
El documento de propuesta del PP, de siete p¨¢ginas, establece siete ¡°principios¡± en los que se deber¨ªa desarrollar el acuerdo y 11 exigencias de reforma en materia de justicia. En primer lugar, los populares piden que la negociaci¨®n de los nombres que deben integrar el CGPJ se haga entre los grupos parlamentarios del PSOE y del PP, y no como hasta ahora entre el Gobierno (formado por PSOE y UP) y la direcci¨®n popular. En segundo lugar, los populares plantean que sean los vocales del CGPJ los que elijan a su presidente, ¡°sin pactos previos¡±. Y, tercero, reclaman que de forma ¡°simult¨¢nea¡± al proceso de renovaci¨®n se presente una proposici¨®n de ley en el Congreso de forma conjunta entre el PSOE y el PP (y abierta a otros grupos que quieran sumarse) que incluya una serie de reformas sobre la justicia.
Entre estas reformas, los populares exigen derogar la norma ¡°que impide al CGPJ tomar casi cualquier decisi¨®n estando en funciones¡±. Asimismo, establecen que no podr¨¢n ser nombrados vocales del CGPJ quienes hayan desempe?ado cargos vinculados a la pol¨ªtica en los cinco a?os inmediatamente anteriores, y plantean que los magistrados del Tribunal Supremo deban tener 25 a?os de servicio activo en la carrera judicial.
Adem¨¢s, el PP apunta contra la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, porque indica que en esa proposici¨®n de ley ¡°se recoger¨¢ expresamente la posible recusaci¨®n del fiscal general del Estado y se establecer¨¢ que no podr¨¢n ejercer esta funci¨®n quienes hayan desempe?ado cargos pol¨ªticos en los cinco a?os anteriores¡±. Esto es, Feij¨®o pretende que Delgado, que fue ministra de Justicia antes de ser nombrada fiscal general por el Gobierno de Pedro S¨¢nchez, pueda ser recusada.
De Prada, fuera del Consejo con la propuesta del PP
Seg¨²n la propuesta del PP, el juez Jos¨¦ Ricardo de Prada, magistrado del caso G¨¹rtel y escollo en la ¨²ltima negociaci¨®n entre el Gobierno y el PP de Casado, tambi¨¦n quedar¨ªa fuera del pr¨®ximo CGPJ. El motivo es que es un magistrado en activo y, sin embargo, entr¨® en la terna por el turno de juristas. En el documento del PP se hace hincapi¨¦ en que se deben respetar los turnos establecidos por la Constituci¨®n, 12 vocales procedentes de la carrera judicial y ocho vocales juristas, ¡°sin que quepa introducir por este ¨²ltimo cupo a integrantes de la carrera judicial en ejercicio¡±.
De Prada es ahora mismo magistrado en la secci¨®n primera de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional, pero en 2018, cuando fue propuesto como vocal para el CGPJ, se encontraba en servicios especiales, y por eso entr¨® por la terna de juristas. Lo que plantea el PP en su propuesta ya figura as¨ª en la ley vigente, pero sobre el caso de De Prada hubo una agitada pol¨¦mica entre el Gobierno y el PP, porque seg¨²n el Ejecutivo la situaci¨®n a tener en cuenta era en la que estaba el juez en 2018. Ahora, el PP introduce una disposici¨®n para asegurarse de que el magistrado autor de la sentencia del caso G¨¹rtel quede fuera.
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