El abogado de la UE da la raz¨®n a Espa?a frente a Belgica y abre la puerta a la entrega de Puigdemont

El Abogado General de la UE ha dado este jueves la raz¨®n a Espa?a en el largo pulso que la justicia espa?ola mantiene con B¨¦lgica por las ¨®rdenes europeas de detenci¨®n (ODE) dictadas contra Carles Puigdemont y los exconsejeros independentistas catalanes huidos a ese pa¨ªs desde 2017. El Abogado General Richard de la Tour considera que B¨¦lgica no puede cuestionar la competencia del Tribunal Supremo espa?ol para emitir una euroorden ni puede denegar la entrega de los fugados del proc¨¦s alegando posible vulneraci¨®n de derechos fundamentales si no demuestra antes la existencia de ¡°deficiencias sist¨¦micas¡± en la justicia de Espa?a. Esa es la respuesta del Abogado General a las preguntas que plante¨® el magistrado del Supremo Pablo Llarena, que consideraba que la interpretaci¨®n del derecho europeo que est¨¢ aplicando la justicia belga en las decisiones que tienen que ver con los l¨ªderes independentistas discrepa de la que recoge la decisi¨®n marco que regula las euro¨®rdenes. ¡°La decisi¨®n marco no permite a una autoridad judicial de ejecuci¨®n controlar si una autoridad judicial emisora es competente, en virtud del derecho del Estado miembro emisor, para dictar una ODE¡±, confirma el Abogado General.

Puigdemont ha lamentado esa decisi¨®n del Abogado General, aunque ha asegurado que se la esperaba y que esperar¨¢ a la resoluci¨®n definitiva del tribunal. ¡°Lucharemos por cada derecho y por cada opci¨®n. Hasta el final¡±, ha escrito en Twitter.

La opini¨®n del Abogado General no es vinculante, pero suele coincidir con las resoluciones que emite despu¨¦s el Tribunal de Justicia de la Uni¨®n Europea (TJUE), que es quien en los pr¨®ximos meses ¡ªen oto?o o final de a?o, previsiblemente¡ª dar¨¢ las respuestas definitivas a las preguntas del magistrado espa?ol. Si estas van en la l¨ªnea de lo expresado este jueves por De la Tour, las posibilidades de B¨¦lgica para seguir rechazando la entrega de los l¨ªderes independentistas quedar¨¢n muy limitadas y el Supremo ver¨¢ abrirse las puertas para la entrega de Puigdemont y el resto de fugados.

B¨¦lgica ya deneg¨® en enero de 2021 la entrega del exconseller Llu¨ªs Puig, y esa decisi¨®n encendi¨® todas las alarmas en el Supremo y precipit¨® la presentaci¨®n de esta cuesti¨®n prejudicial. Aunque el escrito se bas¨® en las razones esgrimidas por la justicia belga para no entregar a Puig (procesado por malversaci¨®n y desobediencia), el objetivo ¨²ltimo de Llarena era que el TJUE fijara unos criterios estables que restringieran las opciones de rechazo de la euroorden por sedici¨®n y malversaci¨®n dictada contra Puigdemont y los exconsejeros Toni Com¨ªn y Clara Ponsat¨ª (esta ¨²ltima solo por sedici¨®n).

El TJUE, por otra parte, tiene pendiente decidir si devuelve definitivamente a Puigdemont, Com¨ªn y Ponsat¨ª su inmunidad como eurodiputados. Ahora mismo la tienen reconocida de forma provisional, lo que les permite viajar por la UE en el ejercicio del cargo sin ser detenidos en pa¨ªses que s¨ª cumplen la orden de detenci¨®n europea dictada contra ellos por la justicia espa?ola.

La raz¨®n fundamental que aleg¨® B¨¦lgica para denegar la entrega del exconsejero Puig fue que el Supremo, en su opini¨®n, no ten¨ªa competencia para juzgarlo, sino que deb¨ªan ser los tribunales de Catalu?a los que lo hicieran. Llarena pregunt¨® al tribunal europeo si la justicia belga ¡°puede cuestionar la competencia¡± del Supremo en este caso, y la respuesta de Abogado General es que no: ning¨²n pa¨ªs puede controlar si el juez que emite una euroorden es competente para juzgar ese caso, sostiene De la Tour. ¡°Autorizar tal control contravendr¨ªa el principio de autonom¨ªa procesal, conforme al cual los Estados miembros pueden designar en su derecho nacional a la autoridad judicial competente para dictar ODE, y el principio de reconocimiento mutuo, piedra angular de la cooperaci¨®n judicial en materia penal en virtud del cual la ejecuci¨®n de la ODE constituye la regla, mientras que la denegaci¨®n de la ejecuci¨®n se concibe como una excepci¨®n que debe ser objeto de interpretaci¨®n estricta¡±, recuerda el Abogado General.

Al rechazar la entrega de Puig, y durante todo el proceso de tramitaci¨®n de las euro¨®rdenes, la justicia belga ha puesto en entredicho, adem¨¢s, que Espa?a vaya a respetar los derechos fundamentales de los l¨ªderes independentistas huidos. El Abogado General advierte, sin embargo, de que no se puede denegar la ejecuci¨®n de una ODE cuando no se disponga de datos que permitan demostrar, ¡°mediante una apreciaci¨®n global basada en datos objetivos, fiables, precisos y debidamente actualizados¡±, la existencia de un riesgo real de vulneraci¨®n del derecho fundamental a un proceso equitativo. Para ello, B¨¦lgica deber¨ªa probar que Espa?a sufre ¡°deficiencias sist¨¦micas o generalizadas en el funcionamiento del sistema judicial¡±, se?ala De la Tour, que recuerda que, cuando no existen tales deficiencias, no cabe que la autoridad judicial de ejecuci¨®n (B¨¦lgica, en este caso) asuma a priori ese riesgo de vulneraci¨®n de derechos.

El Abogado General subraya que entrar en un proceso de ¡°comprobaci¨®n en profundidad¡± de la existencia de un hipot¨¦tico riesgo de vulneraci¨®n del derecho fundamental a un proceso equitativo cuando no existen deficiencias sist¨¦micas o generalizadas en el funcionamiento del sistema judicial del Estado emisor (en este caso, Espa?a) ¡°no ser¨ªa sino la expresi¨®n de una desconfianza hacia los tribunales de ese Estado miembro, contraria a los principios de confianza y de reconocimiento mutuos entre Estados miembros establecido por la Decisi¨®n Marco¡±.

Sin l¨ªmite a las euro¨®rdenes

Llarena quer¨ªa saber tambi¨¦n si pod¨ªa o no volver a enviar a B¨¦lgica una euroorden contra Puig, una vez que la justicia de ese pa¨ªs hab¨ªa rechazado la anterior. La tesis del Abogado General es tambi¨¦n favorable a esa opci¨®n cuando la primera se haya resuelto ¡°contraviniendo el derecho de la Uni¨®n¡±. ¡°El objetivo de luchar contra la impunidad aboga efectivamente en favor de la posibilidad de que se emitan contra la misma persona varias ODE dirigidas a la misma autoridad judicial de ejecuci¨®n al objeto de procesarla penalmente o de ejecutar la pena que se le haya impuesto¡±, concluye De la Tour, para quien imponer un l¨ªmite al n¨²mero de euro¨®rdenes que pueden dictarse ¡°supondr¨ªa poner en entredicho la efectividad del sistema de cooperaci¨®n judicial y debilitar los esfuerzos encaminados a sancionar de manera efectiva las infracciones dentro del espacio de libertad, seguridad y justicia el Derecho de la Uni¨®n¡±.

El TJUE ha dictado ese jueves sentencia, en un caso distinto, que va en una l¨ªnea similar a la que argumenta el abogado De la Tour. Se trata de una causa en la que un tribunal franc¨¦s se neg¨® a cumplir una euroorden italiana y se escud¨® en que el delito por el que se emit¨ªa la orden no exist¨ªa exactamente as¨ª en el ordenamiento jur¨ªdico franc¨¦s. El TJUE falla que para dar cumplimiento a una euroorden no se exige que las infracciones sean id¨¦nticas en las legislaciones del pa¨ªs emisor y del ejecutor.