El Supremo confirma las penas de Gri?¨¢n y Chaves por el fraude de los ERE

El Tribunal Supremo ha confirmado el relato m¨¢s demoledor para el PSOE sobre el caso de los ERE. La Sala de lo Penal ha ratificado las condenas impuestas a los expresidentes andaluces Manuel Chaves (por un delito de prevaricaci¨®n) y Jos¨¦ Antonio Gri?¨¢n (prevaricaci¨®n y malversaci¨®n) por permitir, durante cerca de una d¨¦cada, un sistema fraudulento para distribuir ayudas sociolaborales, seg¨²n avanz¨® este martes el alto tribunal. La decisi¨®n aboca a Gri?¨¢n a entrar en prisi¨®n para cumplir una condena de seis a?os de c¨¢rcel. En ...

El Tribunal Supremo ha confirmado el relato m¨¢s demoledor para el PSOE sobre el caso de los ERE. La Sala de lo Penal ha ratificado las condenas impuestas a los expresidentes andaluces Manuel Chaves (por un delito de prevaricaci¨®n) y Jos¨¦ Antonio Gri?¨¢n (prevaricaci¨®n y malversaci¨®n) por permitir, durante cerca de una d¨¦cada, un sistema fraudulento para distribuir ayudas sociolaborales, seg¨²n avanz¨® este martes el alto tribunal. La decisi¨®n aboca a Gri?¨¢n a entrar en prisi¨®n para cumplir una condena de seis a?os de c¨¢rcel. En el caso de Chaves, la pena implica su inhabilitaci¨®n durante nueve a?os, aunque el hist¨®rico l¨ªder del socialismo andaluz lleva alejado de la pol¨ªtica desde 2015, cuando dimiti¨® tras ser imputado.

El tribunal se ha dividido al tomar una decisi¨®n que inflige un nuevo golpe al socialismo andaluz, que gobern¨® durante 36 a?os ininterrumpidos, hasta que Juan Manuel Moreno (PP) le arrebat¨® el poder en 2018. La resoluci¨®n ha salido adelante por la m¨ªnima. Tres de los cinco jueces la han apoyado: Juan Ram¨®n Berdugo, Eduardo de Porres y Carmen Lamela, considerados de tendencia conservadora ¡ªlos dos primeros son miembros de la Asociaci¨®n Profesional de la Magistratura (APM)¡ª. Por su parte, las magistradas Ana Ferrer y Susana Polo, enmarcadas en el sector progresista (pertenecen a Juezas y Jueces para la Democracia), nunca vieron la malversaci¨®n y han anunciado que emitir¨¢n un voto particular discrepante al considerar que se deber¨ªa haber aceptado parte del recurso presentado por Gri?¨¢n y, tras anular la sentencia de primera instancia, haberlo absuelto de ese delito. Un fallo en esa l¨ªnea le habr¨ªa evitado entrar en la c¨¢rcel.

Tras conocerse el sentido de la sentencia, el abogado de Gri?¨¢n, Jos¨¦ Mar¨ªa Calero, ha afirmado en la Cadena SER: ¡°No lo esperaba en absoluto. Para quienes hemos trabajado en este recurso, ha sido una enorme decepci¨®n. Nos queda el recorrido que nos ofrece el Tribunal Constitucional¡±. El expresidente andaluz es condenado por un delito de malversaci¨®n cometido durante su etapa como consejero de Econom¨ªa y Hacienda, cuando la Junta reparti¨® sin control 680 millones de euros a empresas en crisis para garantizar la ¡°paz social¡±. Su defensa alega que la Audiencia de Sevilla no concret¨® ¡°ni una sola irregularidad¡± cometida por ¨¦l.

La confirmaci¨®n de la sentencia por parte del Supremo implica la censura de toda una era. Chaves y Gri?¨¢n no solo ocuparon la presidencia de la Junta durante 23 a?os (1990-2013), sino que lo fueron todo en el PSOE y en las instituciones. Ambos fueron diputados, ministros y presidentes del partido socialista. El primero tambi¨¦n ostent¨® la vicepresidencia del Gobierno. ¡°Yo me siento orgulloso de los expresidentes Chaves y Gri?¨¢n, son personas honestas, no se han llevado un duro¡±, los reivindic¨® el mes pasado Juan Espadas, exalcalde de Sevilla y candidato a la presidencia auton¨®mica, durante la campa?a electoral.

Pero el fallo no se circunscribe solo a ellos. Otros ocho ex altos cargos de la Administraci¨®n regional deber¨¢n entrar en prisi¨®n. Entre ellos, cuatro exconsejeros: Antonio Fern¨¢ndez, de Empleo (penado con 7 a?os y 11 meses de c¨¢rcel); Jos¨¦ Antonio Viera, tambi¨¦n de Empleo (7 a?os y 1 d¨ªa); Carmen Mart¨ªnez Aguayo, de Econom¨ªa (6 a?os y 2 d¨ªas); y Francisco Vallejo, de Innovaci¨®n (7 a?os y 1 d¨ªa). Y tambi¨¦n Agust¨ªn Barber¨¢, exviceconsejero de Empleo (7 a?os y 1 d¨ªa); Jes¨²s Mar¨ªa Rodr¨ªguez, exviceconsejero de Innovaci¨®n (6 a?os y 2 d¨ªas); Juan M¨¢rquez, ex director general de Trabajo (al que se reduce el castigo a 3 a?os de encierro); y Miguel ?ngel Serrano, ex director general de IFA/IDEA (6 a?os y 6 meses). La Audiencia de Sevilla conden¨® igualmente a Francisco Javier Guerrero, ex director general de Trabajo, a 7 a?os y 11 meses de c¨¢rcel, pero falleci¨® en 2020.

La lista de condenados, pero solo a inhabilitaci¨®n, la completan Gaspar Zarr¨ªas, exconsejero de Presidencia; Magdalena ?lvarez, exconsejera de Econom¨ªa y exministra de Fomento; Jos¨¦ Salgueiro, exviceconsejero de Hacienda; Antonio Vicente Lozano, ex director general de Presupuestos; y Jacinto Ca?ete, ex director general de IDEA. El Supremo ha decidido absolver a tres ex secretarios generales t¨¦cnicos de Empleo (Javier Aguado, Juan Francisco S¨¢nchez Garc¨ªa y Lourdes Medina), castigados a inhabilitaci¨®n por la Audiencia de Sevilla. M¨¢s all¨¢ de anunciar el sentido del fallo, el alto tribunal a¨²n no ha hecho p¨²blico el texto de la resoluci¨®n y, seg¨²n ha explicado en un comunicado, se difundir¨¢ una vez se redacte el voto discrepante.

Una vez dictada la sentencia se abre el proceso para la entrada en la c¨¢rcel de los condenados en firme. El sistema prev¨¦ que el Supremo env¨ªe a la Audiencia de Sevilla el fallo para que lo ejecute. Este ¨®rgano debe citar a las partes y, habitualmente, les concede un plazo de 10 d¨ªas para presentarse en la prisi¨®n que elijan. Sin embargo, en el caso de que tramiten un recurso ante el Constitucional, la jurisprudencia contempla la posibilidad de dejar en suspenso la pena para aquellos que hayan sido castigados con menos de cinco a?os de c¨¢rcel. Una medida excepcional que no siempre se aplica y que depende de la circunstancias particulares de cada caso.

Un ¡°sistema fraudulento¡±

La Audiencia de Sevilla dio por probado que, entre los a?os 2000 y 2009, la entonces c¨²pula del PSOE andaluz urdi¨® un ¡°sistema fraudulento¡± dotado con 680 millones de euros que, sin control, reparti¨® fondos a empresas en crisis para garantizar la ¡°paz social¡±. Desde 2001, las ayudas las pag¨® directamente la agencia Idea mediante un convenio firmado por los dos m¨¢ximos responsables de la Consejer¨ªa de Empleo (el consejero Jos¨¦ Antonio Viera y el exviceconsejero Antonio Fern¨¢ndez) que dejaba en manos del director general de Trabajo, Javier Guerrero (el principal imputado, fallecido en 2020), la facultad de ordenar el pago de las ayudas, pese a que ¡°carec¨ªa de competencia legal para la concesi¨®n de subvenciones¡±. Con este sistema, la Junta andaluza se ahorraba cumplir con los requisitos legales para tramitar los expedientes de subvenciones y elud¨ªa la fiscalizaci¨®n de la Intervenci¨®n, lo que favoreci¨® ¡°un descontrol absoluto¡±.

La Fiscal¨ªa pidi¨® al Supremo que ratificase el dictamen de la Audiencia de Sevilla, que emiti¨® en 2019 un fallo de cerca de 2.000 p¨¢ginas que marc¨® la historia del socialismo andaluz. Tras 36 a?os ininterrumpidos en el Gobierno auton¨®mico, el PSOE hab¨ªa perdido unos meses antes la presidencia y la resoluci¨®n le infligi¨® un duro golpe, del que a¨²n no se ha recuperado ¡ªen los comicios de este junio firm¨® su peor resultado¡ª.

Los abogados de los acusados esperaban que dos factores jugasen a su favor en el alto tribunal. En primer lugar, que el propio Supremo ya instruy¨® en 2015 el caso porque los dos expresidentes y otros implicados eran aforados. Entonces, antes de que la causa volviera a los juzgados de Sevilla, el magistrado Alberto Jorge Barreiro consider¨® que Chaves y Gri?¨¢n prevaricaron; pero descart¨® que el segundo supiera como consejero de Econom¨ªa que, con este sistema, se estuviera desviando dinero para el enriquecimiento de terceras personas.

Las defensas tambi¨¦n incid¨ªan en que todo el proceso arrastra incongruencias. Seg¨²n han repetido, en esta causa se han considerado fraudulentas ayudas que no se han juzgado todav¨ªa (se hace en otras piezas separadas) y sobre las que no se practic¨® ninguna prueba en la vista oral celebrada entre finales de 2017 y 2018. ¡°El ¨²nico modo de poder concluir que se han concedido ayudas ajenas al fin p¨²blico solo puede ser analizando cada disposici¨®n de los fondos y acreditando la existencia del desv¨ªo en cada caso. Y esto no se ha hecho, ya que las acusaciones entendieron que no era necesario¡±, advert¨ªa el abogado de Antonio Fern¨¢ndez, exconsejero de Empleo.