La Fiscal¨ªa del Supremo, sobre el fraude de los ERE: ¡°Todo era prevaricador¡±

La Fiscal¨ªa del Tribunal Supremo se ha ratificado este jueves en su tesis sobre el fraude de los ERE de Andaluc¨ªa: no fueron ¡°actuaciones aisladas¡± del director general de Trabajo (el fallecido Javier Guerrero), como sostienen las defensas, sino un ¡°entramado administrativo¡± ideado para repartir ayudas sorteando el control de la Intervenci¨®n general. As¨ª lo ha asegurado el fiscal Rafael Escobar durante la segunda sesi¨®n de la vista oral sobre los recursos presentados por 19 ex altos cargos del Gobierno andaluz contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla que en 2019 les conden¨® por malversaci¨®n y prevaricaci¨®n. ¡°Todo era prevaricador porque eran necesarias resoluciones prevaricadoras¡±, ha defendido el ministerio p¨²blico, que da tambi¨¦n por acreditado el desv¨ªo de fondos p¨²blicos que define el delito de malversaci¨®n, por el que el expresidente Jos¨¦ Antonio Gri?¨¢n est¨¢ condenado a seis a?os de prisi¨®n.

Los recursos quedan vistos para sentencia. El Supremo debe resolver ahora si confirma o revoca las condenas impuestas por la Audiencia Provincial. La decisi¨®n de la Sala Penal no se espera antes de las elecciones andaluzas de 19 de junio, pero la vista ha devuelto a la actualidad el fraude de los ERE, el gran caso de corrupci¨®n que afect¨® a la c¨²pula del Gobierno socialista de 2000 a 2009 y que, a¨²n hoy, sigue lastrando al PSOE andaluz. La confirmaci¨®n de la sentencia, como pide la Fiscal¨ªa, implicar¨ªa la entrada en prisi¨®n de nueve exaltos cargos, entre ellos Gri?¨¢n. Por el contrario, si revoca las condenas de los principales responsables pol¨ªticos, como reclaman las defensas, el PP ver¨ªa desmontarse el relato con el que durante m¨¢s de una d¨¦cada construy¨® su oposici¨®n en Andaluc¨ªa.

La Fiscal¨ªa ha tratado de rebatir ante el tribunal todos los argumentos empleados el d¨ªa anterior por las defensas para desvincularse del caso. Nadie niega que el fraude existi¨®. Pero mientras que las defensas de los principales responsables pol¨ªticos sostienen que los fondos desviados fueron solo una peque?a cantidad de los 680 millones en ayudas sociolaborales dadas con el llamado fondo de los ERE, y que la responsabilidad exclusiva de este desv¨ªo estuvo en la Consejer¨ªa de Empleo, el ministerio p¨²blico asegura, y as¨ª lo asumi¨® tambi¨¦n la Audiencia en su sentencia, que la c¨²pula del Gobierno andaluz urdi¨® un sistema ilegal para agilizar las ayudas a empresas en crisis eludiendo el control de la Intervenci¨®n.

¡°Cualquiera puede entender que una partida concreta pueda escaparse al control, lo que no es posible es que esto suceda durante 10 a?os¡±, ha afirmado el fiscal Escobar, para quien el entonces presidente de la Junta (Manuel Chaves, condenado por prevaricaci¨®n) y los consejeros de Econom¨ªa y Hacienda (primero Magdalena ?lvarez y luego Gri?¨¢n) y el resto de ex altos cargos condenados ¡°necesariamente ten¨ªan que saber y necesariamente eran conscientes de que se estaba presupuestando mal¡±. ¡°Y lo estaban admitiendo. Lo que no vale es decir que en su periodo han mejorado el sistema de control presupuestario, estableciendo mayores controles¡±, ha a?adido el representante del ministerio p¨²blico.

La Fiscal¨ªa ha recordado que la Junta modific¨® el sistema de concesi¨®n de las ayudas directas y pas¨® a concederlas mediante transferencias de financiaci¨®n, un sistema que, seg¨²n el ministerio p¨²blico, siempre se ha usado para la cobertura de p¨¦rdidas de una entidad p¨²blica, pero no vale para conceder ayudas. ¡°Con este procedimiento se eludi¨® la fiscalizaci¨®n¡±, ha insistido el fiscal Fernando Prieto, que ha asegurado que tanto los responsables de Empleo como los de Econom¨ªa y Hacienda eran ¡°conscientes¡± de que ese mecanismo no era el adecuado para conceder subvenciones.

Los fiscales han rechazado tambi¨¦n uno de los principales argumentos utilizados por las defensas de Gri?¨¢n, Chaves y otros condenados para negar la prevaricaci¨®n: que los proyectos de ley delos presupuestos auton¨®micos aprobados cada a?o por el Consejo de Gobierno, donde se inclu¨ªa el fondo de los ERE, constitu¨ªan un acto pol¨ªtico que no est¨¢ sujeto al control de la justicia. ¡°Puede ser una decisi¨®n pol¨ªtica el conceder subvenciones, pero todos los tr¨¢mites hasta que se conceden deben ser sometidos al control jurisdiccional¡±, ha advertido el fiscal Escobar.