Claves de la trama | ?C¨®mo funcionaba el fondo de los ERE? ?Qu¨¦ impacto pol¨ªtico tuvo el fraude?

1. ?En qu¨¦ consisti¨® el fondo de los ERE?

La Junta de Andaluc¨ªa instaur¨® en el a?o 2000 un fondo para empresas en crisis dotado con 680 millones de euros hasta 2009. La partida presupuestaria buscaba solucionar de manera ¨¢gil las graves crisis industriales que sufr¨ªa la comunidad, con despidos masivos, mediante las subvenciones a los ERE de las grandes empresas para pagar las prejubilaciones de 6.328 trabajadores. Al margen de los ERE, un 15% de la partida se dedic¨® a ayudas directas a empresas afines al PSOE.

Para la concesi¨®n de ayudas, el Gobierno recurri¨® a las transferencias de financiaci¨®n, un traspaso de fondos desde la Consejer¨ªa de Empleo a la agencia Idea, que finalmente pagaba los ERE. Este mecanismo de abono ¡ªcuestionado ya en 2003 por la Intervenci¨®n General de la Junta¡ª produjo disfunciones que se agravaron con el paso del tiempo: aparecieron intrusos ¡ªpersonas prejubiladas y ajenas a las empresas, en su mayor¨ªa amigos y enchufados del partido socialista¡ª, se pagaron comisiones a las consultoras de hasta el 25% del coste de los expedientes y del 1% a las corredur¨ªas de los sindicatos UGT y CC OO.

La cuant¨ªa del fondo se ha situado entre los 680 y los 800 millones, en funci¨®n de los a?os contabilizados, pero lo cierto es que la Junta seguir¨¢ pagando el fondo hasta 2025 con un coste final de 1.306 millones, con una media de 206.000 euros por trabajador prejubilado.

2. ?C¨®mo surgi¨® el caso y qu¨¦ desarrollo ha tenido?

En 2009, dos empresarios grabaron de manera oculta a los directivos de la lonja Mercasevilla que intentaron extorsionarles, y ah¨ª surgi¨® el caso Mercasevilla. Dos a?os despu¨¦s, en la investigaci¨®n del ERE de esta empresa p¨²blica varios intrusos fueron descubiertos y eso hizo ampliar las pesquisas al resto de expedientes subvencionados por la Junta: nac¨ªa entonces el caso de los ERE fraudulentos.

En 2011, la jueza Mercedes Alaya le dio un fuerte impulso al caso, apoyada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ¡ªtras un accidentado inicio con la Polic¨ªa Nacional¡ª y con sucesivos enfrentamientos con la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n. La causa fue creciendo en n¨²mero de piezas e imputados hasta alcanzar 507 personas investigadas. Buena muestra de su complejidad es que en 10 a?os ha tenido seis jueces instructores.

La macrocausa es hoy un mastodonte que avanza a paso muy lento: tiene 97 piezas en el Juzgado de Instrucci¨®n 6 de Sevilla (76 en plena investigaci¨®n y 21 en fase intermedia) y 42 elevadas a la Audiencia Provincial para su enjuiciamiento, de las que cinco han sido ya sentenciadas, aunque sin fallo firme.

3. ?Qu¨¦ efecto pol¨ªtico ha tenido el caso?

La macrocausa supuso un tremendo mazazo para el PSOE andaluz a medida que la corrupci¨®n incrustada en la Consejer¨ªa de Empleo iba conoci¨¦ndose y se sumaban nuevos cargos imputados de otras consejer¨ªas, exconsejeros, el vicepresidente Gaspar Zarr¨ªas y los presidentes Manuel Chaves y Jos¨¦ Antonio Gri?¨¢n. Las noticias judiciales y policiales que provoc¨® el caso ¡ªsobre todo entre 2011 y 2015¡ª dejaron una resaca que contribuy¨® a minar el prestigio de los socialistas, ligarles a la corrupci¨®n y desbancarles en las elecciones auton¨®micas de diciembre de 2018, tras 36 a?os en el poder de manera ininterrumpida.

4. ?Cu¨¢les han sido las tesis opuestas sobre los hechos?

Las acusaciones y las defensas del caso ERE han tenido durante toda la causa posturas enfrentadas sobre la partida denominada 31L. La Fiscal¨ªa ha considerado que la c¨²pula de la Junta evit¨® con las subvenciones p¨²blicas la fiscalizaci¨®n de la Intervenci¨®n, ¡°que entorpec¨ªa y casi imped¨ªa este sistema de ayudas¡±. Los fiscales han achacado a los ex altos cargos que deb¨ªan conocer las irregularidades detectadas por los interventores ya en 2003, pero que las hab¨ªan permitido para mantener ¡°la paz social¡± a trav¨¦s de ¡°un entramado administrativo¡± que les permiti¨® repartir ayudas ¡°sin control¡±, basado en las transferencias de financiaci¨®n.

Las defensas han sostenido durante todo este tiempo que solo se desvi¨® una peque?a cantidad de los 680 millones y que la tesis del contubernio desde la c¨²pula de la Junta eran solo conjeturas sin base factual. Los altos cargos han defendido que la partida 31L fue incluida a?o tras a?o durante una d¨¦cada en la Ley de Presupuestos aprobada por el Parlamento, y, por tanto, una norma no puede ser ilegal. Los abogados han insistido en que no hab¨ªa pruebas sobre la concertaci¨®n de pol¨ªticos, que han considerado un pacto de silencio descabellado.

5. ?Qu¨¦ relevancia tiene la sentencia del Supremo y c¨®mo afecta a la macrocausa?

El fallo de la pieza pol¨ªtica es fundamental para el devenir de las otras 139 piezas, que acabar¨¢n en el alto tribunal tras los recursos respectivos. Ser¨¢ la referencia y el terreno de juego en el que se dilucidar¨¢n los juicios pendientes sobre el resto de subvenciones, que antes o despu¨¦s tambi¨¦n contar¨¢n con el veredicto de los magistrados del Supremo. Su perspectiva sobre el fondo, y si este cont¨® con una concertaci¨®n al m¨¢s alto nivel pol¨ªtico, es decisiva.

La pieza pol¨ªtica determinar¨¢, entre otras cuestiones, el principio por el que los pol¨ªticos condenados no pueden estar en las piezas separadas de las ayudas (principalmente los exconsejeros Antonio Fern¨¢ndez y Jos¨¦ Antonio Viera), ya que no pueden ser juzgados dos veces por los mismos hechos. Pero su peso moral ser¨¢ incluso mayor, puesto que censura el mecanismo de pago que atraviesa toda la macrocausa y est¨¢ presente en cada pieza. Previsiblemente, los abogados acudir¨¢n al Tribunal Constitucional por vulneraci¨®n de la presunci¨®n de inocencia, y habr¨¢ que ver entonces si una posible admisi¨®n suspende la entrada en prisi¨®n de algunos condenados, entre ellos Gri?¨¢n.