El abogado de Gri?¨¢n ante el Supremo: ¡°La sentencia del ¡®caso ERE¡¯ no identifica ni una sola irregularidad¡±

La defensa del expresidente de la Junta de Andaluc¨ªa Jos¨¦ Antonio Gri?¨¢n ha pedido este mi¨¦rcoles al Tribunal Supremo que revoque la sentencia que lo conden¨® a seis a?os de c¨¢rcel y 15 de inhabilitaci¨®n por malversaci¨®n y prevaricaci¨®n en el caso de los ERE. El abogado Jos¨¦ Mar¨ªa Calero ha advertido de las numerosas ¡°incongruencias¡± que, seg¨²n las defensas, contiene la sentencia dictada en noviembre de 2019 por la Audiencia de Sevilla, que consider¨® probado que la c¨²pula del PSOE andaluz urdi¨® y mantuvo, entre 2000 y 2009, un plan para desviar fondos p¨²blicos a conceder, sin control, ayudas sociolaborales a empresas en crisis. ¡°Los hechos probados de la sentencia no identifican ni una sola irregularidad del exconsejero¡±, ha sostenido el letrado, que defiende a Gri?¨¢n de los delitos que le atribuyeron los jueces de Sevilla por su actuaci¨®n cuando era titular de Econom¨ªa y Hacienda, entre 2004 y 2009. Gri?¨¢n, ha asegurado su abogado, ¡°no mir¨® para otro lado¡±. ¡°Todo lo que sugiri¨® en esos a?os la Intervenci¨®n se hizo ley¡±, ha insistido ante el tribunal que debe decidir si confirma o modifica las condenas impuestas por la Audiencia de Sevilla.

El del abogado de Gri?¨¢n ha sido uno de los 21 alegatos que escuchar¨¢n entre este mi¨¦rcoles y el jueves los cinco magistrados de la Sala de lo Penal (Juan Ram¨®n Berdugo ¡ªque act¨²a como presidente¡ª, Ana Mar¨ªa Ferrer, Susana Polo, Carmen Lamela y Eduardo de Porres, que ser¨¢ el ponente de la sentencia que dicte el Supremo) que van a revisar los recursos presentados por las defensas y las acusaciones. Los propios abogados acordaron que intervinieran primero los letrados de los 10 condenados por malversaci¨®n, entre ellos Gri?¨¢n y otros cuatro exconsejeros; y dejar para el final a los condenados solo por prevaricaci¨®n, como el expresidente de la Junta Manuel Chaves, al que la Audiencia impuso nueve a?os de inhabilitaci¨®n.

Contradicciones y conjeturas

Con todo, los argumentos de las defensas tienen una base com¨²n: desmontar el relato construido por la Fiscal¨ªa y asumido por la sentencia de la Audiencia de Sevilla de que la c¨²pula del Gobierno andaluz urdi¨® un plan fraudulento para distribuir, sin control, ayudas sociolaborales. Las defensas intentan convencer al Supremo que esta tesis est¨¢ plagada de ¡°contradicciones¡± y que los jueces de Sevilla se basaron en conjeturas cuando dieron por probado que el presidente de la Junta y los responsables de las consejer¨ªas de Econom¨ªa, Empleo e Innovaci¨®n, entre los a?os 2000 y 2009, se concertaron para desviar ingentes cantidades de dinero p¨²blico a empresas en crisis para garantizarse la paz social.

Los abogados consideran ¡°insostenibles¡± las condenas por malversaci¨®n impuestas a 10 de los acusados, que se juegan en el Supremo penas de entre seis y ocho a?os de c¨¢rcel. Los abogados de los condenados por malversaci¨®n han insistido en lo que consideran una de las incongruencias de la sentencia de Sevilla: que considere fraudulentas ayudas que no se han juzgado todav¨ªa (se juzgan en otras piezas separadas) y sobre las que no se practic¨® ninguna prueba en la vista oral celebrada entre finales de 2017 y 2018. ¡°El ¨²nico modo de poder concluir que se han concedido ayudas ajenas al fin p¨²blico solo puede ser analizando cada disposici¨®n de los fondos y acreditando la existencia del desv¨ªo en cada caso. Y esto no se ha hecho, ya que las acusaciones entendieron que no era necesario¡±, ha advertido el abogado del que fuera consejero de Empleo Antonio Fern¨¢ndez, condenado a 7 a?os y 11 meses de c¨¢rcel y a 19 a?os y medio de inhabilitaci¨®n.

Pese a no haber sido juzgadas las ayudas concedidas, la sentencia de la Audiencia Provincial da por consumada la malversaci¨®n y extiende este delito a la totalidad de ayudas sociolaborales (m¨¢s de 680 millones de euros) otorgadas por la Consejer¨ªa de Empleo durante una d¨¦cada a cargo al llamado ¡°fondo de los ERE¡±, una partida que cada a?o recog¨ªa el presupuesto de la comunidad aprobado por el Parlamento andaluz y que los jueces de Sevilla consideraron fraudulenta. Las defensas han intentado hacer ver al Supremo que la mayor¨ªa de las ayudas no fueron fraudulentas y han recordado que as¨ª lo estableci¨® el alto tribunal en 2015 cuando instruy¨® el caso de los ERE porque varios de los acusados (entre ellos Chaves y Gri?¨¢n) estaban aforados por ser diputados del Congreso o senadores.

La conclusi¨®n a al que lleg¨® entonces el alto tribunal es una de las bazas con las que juegan ahora las defensas, sobre todo la del expresidente y exconsejero de Econom¨ªa y Hacienda. La sentencia de la Audiencia de Sevilla, ha advertido el abogado Calero, constituye ¡°un desprecio¡± del auto del instructor de la Sala Segunda, Alberto Jorge Barreiro, que rechaz¨® imputar a Gri?¨¢n por malversaci¨®n porque entendi¨® que el titular de Econom¨ªa y Hacienda no sab¨ªa a qui¨¦n iban las ayudas. El abogado ha sostenido que los hechos probados que recogen la sentencia ¡°no identifican ni una sola irregularidad del exconsejero¡± y ha descartado que este, como sostienen los jueces de Sevilla, mirara ¡°para otro lado¡±. ¡°Todo lo que sugiri¨® la Intervenci¨®n se hizo ley¡±, ha asegurado el letrado, para quien ¡°la gran contradicci¨®n de la sentencia¡± es que el fallo absuelva al que fuera interventor general, Manuel G¨®mez, y condene ¡°a quien sigue el mismo criterio que este le marcaba¡±.

¡°No puede malversar quien en ning¨²n caso puede decidir sobre el destino de los fondos p¨²blicos¡±, ha afirmado el abogado de Gri?¨¢n, que ha esgrimido tambi¨¦n la jurisprudencia del propio Supremo, que establece que los altos cargos ¡°no pueden conocer todos los detalles de los documentos que firman y deben de fiarse de los t¨¦cnicos que lo avalan¡±. El letrado ha pedido al tribunal que, si no revoca los hechos probados por la Audiencia de Sevilla como piden las defensas, al menos los modifique para introducir, entre otros aspectos, la cuant¨ªa total de los presupuestos de la Junta de Andaluc¨ªa de todos los a?os que abarc¨® el supuesto fraude. ¡°As¨ª podr¨ªa conocer la importancia relativa de la partida 31L [la que conten¨ªa el fondo de los ERE] a los ojos del consejero de Hacienda¡±, ha reclamado el letrado para destacar que esta partida solo representaba el 0,3% del presupuesto andaluz y que era una de las 12.000 que conten¨ªan los presupuestos auton¨®micos.

El abogado ha apelado directamente al Supremo para que ¡°restaure¡± valores de la Justicia que considera vulnerados por sentencias como la dictada por la Audiencia de Sevilla. ¡°Vivimos una pandemia en el mundo judicial que es el panjudicialismo que bloquea y satura todos los tribunales con investigaciones abiertas basadas en interpretaciones casi metaf¨®ricas de los tipos penales, junto con una interpretaci¨®n formalista y antigarantista de las normas procesales¡±, ha sostenido Calero.

Por la tarde ha sido el turno de las defensas de los nueve condenados ¨²nicamente por prevaricaci¨®n, entre ellos Chaves y los exconsejeros Magdalena ?lvarez (Econom¨ªa y Hacienda) y Gaspar Zarr¨ªas (Presidencia). La defensa de este ¨²ltimo ha pedido su absoluci¨®n bajo la premisa de que la condena se basa fundamentalmente en que Zarr¨ªas presid¨ªa la comisi¨®n semanal de viceconsejeros donde, seg¨²n la sentencia, se aprobaron modificaciones presupuestarias y otros asuntos relacionados con las ayudas supuestamente fraudulentas. El abogado ha rechazado este extremo y ha asegurado que en esa comisi¨®n nunca se aprob¨® nada vinculado con las ayudas ni con los anteproyectos y proyectos de ley de los presupuestos auton¨®micos que cada a?o recog¨ªan la partida destinada a sufragar EREs de empresas en crisis y que la sentencia considera irregulares.

Esa conclusi¨®n a la que llegaron los jueces de Sevilla es una de las patas de la condena y, tambi¨¦n, de los recursos presentados ante el Supremo. ¡°A lo largo de 10 a?os, los anteproyectos y proyectos de ley eran en todo id¨¦nticos a las leyes de presupuestos que aprob¨® el Parlamento andaluz. Estando ante textos id¨¦nticos en su contenido, ?c¨®mo pueden ser ilegales esos proyectos?¡±, ha advertido el abogado de la exconsejera Magdalena ?lvarez, Rafael Alcarcer.

La defensa del expresidente Chaves ha centrado su intervenci¨®n en negar que los acuerdos del Consejo de Gobierno en los que aquel intervino como m¨¢ximo responsable del Ejecutivo puedan ser considerados ¡°actos administrativos¡± como los que constituyen el delito de prevaricaci¨®n administrativa (art¨ªculo 4040 del C¨®digo Penal) por el que fue condenado el expresidente andaluz. El abogado, Pablo Jim¨¦nez de Parga, ha aludido a cinco sentencias dictadas por el pleno de la Sala Tercera del Supremo en 2016 que se refieren a un acuerdo dictado por Consejo de Ministros sobre la ley de estabilidad presupuestaria. Esas sentencias equiparan esos acuerdos con los que deciden remitir el proyecto de ley de presupuestos al Parlamento y establecen que no cabe caracterizar esos acuerdos como actuaci¨®n administrativa sujeta al derecho administrativo, sino que son ¡°actos preparatorios de decisiones parlamentarias carentes por s¨ª mismas de entidad jur¨ªdica propia¡±. La sentencia de la Audiencia de Sevilla dice ¡°exactamente lo contrario¡± a lo que ha fijado la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo, ha sostenido el letrado, que ha recordado que tambi¨¦n la propia Sala de lo Penal ha dicho ¡°reiteradamente¡± que los actos pol¨ªticos o de gobierno quedan exclu¨ªdos de la prevaricaci¨®n.

El letrado ha aludido tambi¨¦n a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que en la sentencia sobre el estado de alarma decretado por el Gobierno en marzo de 2020 record¨® que los reales decretos son actos pol¨ªticos que tienen rango de ley y que el control de las leyes queda reservado al Tribunal Constitucional y quedan fuera de la jurisdicci¨®n penal o contenciosa.

La vista oral concluir¨¢ este jueves con la intervenci¨®n de las acusaciones, representadas por la Fiscal¨ªa y la acusaci¨®n popular que ejerce el Partido Popular. Ambas han pedido al Supremo que confirme ¨ªntegramente la sentencia dictada por la Audiencia de Sevilla.