La principal organizaci¨®n de periodistas de Espa?a denuncia que la nueva ley de secretos resucita la censura
La FAPE rechaza que se tramite de urgencia en pleno agosto un texto que afecta a derechos fundamentales
La Federaci¨®n de Asociaciones de Periodistas de Espa?a (FAPE) considera que el anteproyecto de ley de Informaci¨®n Clasificada, que sustituye a la ley franquista de Secretos Oficiales, resucita la censura al limitar la libertad de expresi¨®n y el derecho a la informaci¨®n ¡°bajo la justificaci¨®n de la salvaguardia de la seguridad y de la defensa nacional¡±, seg¨²n comunicado que ha hech...
La Federaci¨®n de Asociaciones de Periodistas de Espa?a (FAPE) considera que el anteproyecto de ley de Informaci¨®n Clasificada, que sustituye a la ley franquista de Secretos Oficiales, resucita la censura al limitar la libertad de expresi¨®n y el derecho a la informaci¨®n ¡°bajo la justificaci¨®n de la salvaguardia de la seguridad y de la defensa nacional¡±, seg¨²n comunicado que ha hecho p¨²blico este jueves. La FAPE, que representa a m¨¢s de 17.000 periodistas de toda Espa?a, ha expresado su ¡°sorpresa y rechazo¡± ante la decisi¨®n del Gobierno de dar tr¨¢mite de urgencia al proyecto, evitando someterlo a consulta p¨²blica y limit¨¢ndose a un periodo de informaci¨®n p¨²blica de solo siete d¨ªas h¨¢biles, entre el 3 y el 12 de agosto, en pleno periodo vacacional, sin ning¨²n motivo que lo justifique cuando la reforma lleva ya 45 a?os pendiente.
Pese a ello, con el apoyo de la Asociaci¨®n de la Prensa de Madrid (APM), la FAPE ha presentado un conjunto de alegaciones al texto en el que, entre otras cosas, rechaza que se obligue a los periodistas a guardar reserva sobre cualquier informaci¨®n confidencial o restringida a la que tengan acceso en el ejercicio de su profesi¨®n y que se sancione su publicaci¨®n por cualquier medio de comunicaci¨®n. Para la FAPE, ¡°no cabe concebir como conocimiento indebido de informaci¨®n clasificada el que resulte de las investigaciones period¨ªsticas¡±, por lo que no resulta aceptable que se sancione por publicarla ni que se obligue a entregarla a un funcionario p¨²blico.
Al amparo de esta norma, advierte la FAPE, ¡°basta a la Administraci¨®n con calificar cualquier informe o informaci¨®n correspondiente a su actuaci¨®n como confidencial o restringida para impedir o penar cualquier informaci¨®n que se refiera al funcionamiento del sector p¨²blico¡±. Adem¨¢s, lo que a su juicio es m¨¢s grave, la competencia para clasificar documentos es delegable, lo que permite crear ¡°una cohorte de funcionarios que decidir¨¢n, en pr¨¢cticamente todas las actividades de la vida p¨²blica, qu¨¦ es lo que pueda causar una amenaza o perjuicio leve para los intereses de Espa?a o pueda ser contrario a los mismos. Hasta ahora dicho concepto se denominaba censura¡±, apostilla.
La FAPE concluye que el texto que el Gobierno se propone remitir al Congreso despu¨¦s del verano supone ¡°tanto una limitaci¨®n al derecho constitucional a comunicar o recibir libremente informaci¨®n veraz, como al tambi¨¦n derecho constitucional de acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos¡±, sin m¨¢s l¨ªmites que los que fija la Constituci¨®n: la seguridad y defensa del Estado, la averiguaci¨®n de los delitos y la intimidad de las personas.
La federaci¨®n, que agrupa a 50 asociaciones de la prensa de toda Espa?a y tiene otras 16 organizaciones vinculadas, ¡°rechaza de plano que se impida o recorte tanto el acceso a la informaci¨®n como su publicaci¨®n, estableciendo graves sanciones [de hasta tres millones de euros] para quien la contravenga, en lugar de recordar la obligaci¨®n de la Administraci¨®n de informar a los ciudadanos sobre el desarrollo de las pol¨ªticas del Estado o el funcionamiento del sector p¨²blico, las negociaciones pol¨ªticas o comerciales de Espa?a con otros estados, los intereses econ¨®micos e industriales o la prevenci¨®n, detecci¨®n e investigaci¨®n de delitos¡±; materias todas ellas que la ley permite clasificar como confidenciales o reservadas y castigar su publicaci¨®n.
¡°No hay ninguna causa que justifique la tramitaci¨®n del anteproyecto de ley por el tr¨¢mite de urgencia¡±, concluye la principal organizaci¨®n de periodistas de Espa?a. ¡°Toda norma que afecte a derechos constitucionales, m¨¢xime si supone la limitaci¨®n de tales derechos, debe contar con la participaci¨®n ciudadana y de sus organizaciones a trav¨¦s del procedimiento legalmente regulado¡±, que no se puede sustituir por un periodo de siete d¨ªas h¨¢biles de informaci¨®n p¨²blica en pleno agosto. ¡°Omitir dicho tr¨¢mite por la v¨ªa de la tramitaci¨®n urgente supone de entrada una censura a la opini¨®n de la ciudadan¨ªa, concepto que impregna el contenido del anteproyecto de ley¡±, concluye.
Por su parte, fuentes del Ministerio de la Presidencia aseguran que la tramitaci¨®n del anteproyecto en agosto responde a la voluntad de cumplir el compromiso de remitirlo a las Cortes este a?o y que ¡°no hay contradicci¨®n entre la seguridad del Estado y los derechos constitucionales¡± a la libertad de expresi¨®n y el derecho a la informaci¨®n. Tras calificar el texto de ¡°garantista y homologable a las democracias m¨¢s avanzadas de la UE y la OTAN¡±, subrayan que su r¨¦gimen sancionador ya estaba contemplado, aunque de manera m¨¢s sucinta, en la ley vigente, sin que hasta ahora se haya sancionado a ning¨²n periodista ¡°por aplicaci¨®n de la jurisprudencia constitucional¡±.
¡°Estamos convencidos de que la FAPE quedar¨¢ satisfecha con las debidas explicaciones que recibir¨¢ como respuesta a sus alegaciones. En todo caso, seguiremos abiertos a intercambiar criterios y propuestas a lo largo de la tramitaci¨®n administrativa y parlamentaria¡±, concluyen las mismas fuentes.