Los altos secretos permanecer¨¢n ocultos 50 a?os prorrogables, seg¨²n la nueva ley

Los altos secretos, aquellas informaciones m¨¢s sensibles para la seguridad del Estado, permanecer¨¢n ocultos a la opini¨®n p¨²blica durante 50 a?os, un periodo que el Gobierno podr¨¢ prorrogar una d¨¦cada m¨¢s en caso de que persistan las razones que aconsejaron su clasificaci¨®n. Seg¨²n han confirmado fuentes gubernamentales, as¨ª lo dispone el anteproyecto de ley de informaci¨®n clasificada, que sustituye a la vigente ley de secretos oficiales, aprobada en 1968, en pleno franquismo, y retocada en octubre de 1978, antes de aprobarse la Constituci¨®n. La nueva norma fija por primera vez la caducidad temporal de los secretos de Estado, que hasta ahora ten¨ªan car¨¢cter indefinido y pod¨ªan prolongarse eternamente salvo que fueran expresamente desclasificados.

El Consejo de Ministros dar¨¢ este lunes su primer visto bueno al texto, que ser¨¢ sometido a consulta de los distintos ministerios antes de su aprobaci¨®n definitiva y remisi¨®n al Congreso ya en oto?o, seg¨²n fuentes gubernamentales. Si no se anticipan las elecciones, la norma deber¨ªa estar en vigor en el plazo de un a?o.

Por vez primera, se fija un cauce para que los jueces se dirijan al Gobierno solicitando la desclasificaci¨®n de un documento secreto en el curso de una instrucci¨®n: deber¨¢n hacerlo a trav¨¦s la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, en vez de elevar directamente su petici¨®n al Consejo de Ministros, como hasta ahora.

Una de las principales novedades del texto es el paso de la Autoridad Nacional de Seguridad (ANS), el organismo que vela por la protecci¨®n de la informaci¨®n clasificada, del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), dependiente a su vez del Ministerio de Defensa, al Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democr¨¢tica. Se trata, alegan fuentes de La Moncloa, de atribuir esta competencia a un ministerio transversal, dado que el asunto afecta a distintos departamentos.

La Autoridad Nacional de Seguridad, un papel que hasta ahora ejerc¨ªa la directora del CNI (seg¨²n la ley reguladora del centro de 2002), es la encargada de vigilar que se cumplen las normas de protecci¨®n de los documentos secretos y conceder las acreditaciones de seguridad necesarias para acceder a los mismos, investigando incluso posibles vulnerabilidades de los solicitantes. Adem¨¢s, coordina y presta apoyo a las unidades responsables de gestionar la informaci¨®n clasificada en los distintos ministerios, y garantiza el cumplimiento de los acuerdos internacionales en la materia suscritos por Espa?a, actuando como interlocutor con sus hom¨®logos extranjeros.

Su puesta en marcha obligar¨¢ a dotar con nuevos medios al Ministerio de la Presidencia, pero fuentes gubernamentales rechazan que este cambio suponga un reforzamiento del poder de su titular, F¨¦lix Bola?os, en perjuicio de la ministra de Defensa, Margarita Robles, y alegan que esta ¨²ltima ha dado su visto bueno al anteproyecto.

El texto fija cuatro categor¨ªas de clasificaci¨®n (alto secreto, secreto, confidencial y restringido), frente a las dos de la normativa vigente (secreto y confidencial), para homologar la legislaci¨®n espa?ola a la normativa de la UE y la OTAN y facilitar as¨ª el intercambio de documentos. Se clasificar¨¢ como de alto secreto aquella informaci¨®n cuya difusi¨®n no autorizada pueda causar un da?o extraordinariamente grave a los intereses o la seguridad de Espa?a; mientras que ser¨¢ secreta la que pueda da?arlos gravemente; confidencial la que los perjudique; y restringida, la que les resulte desfavorable. El plazo de caducidad de cada categor¨ªa variar¨¢ desde un m¨ªnimo de cuatro a?os para los documentos de menor protecci¨®n, hasta un m¨¢ximo de medio siglo para los de alto secreto. Adem¨¢s, la clasificaci¨®n de los documentos de las dos categor¨ªas superiores se podr¨¢ prorrogar. La desclasificaci¨®n de un documento podr¨¢ ser total o parcial, manteniendo ocultos algunos p¨¢rrafos.

Los documentos ser¨¢n desclasificados por la misma autoridad que los clasifique, que en el caso de los de alto secreto ser¨¢ el Consejo de Ministros, mientras que los de inferior categor¨ªa podr¨¢n serlo por ministros (como los de Interior, Exteriores, Defensa o Econom¨ªa), secretarios de Estado (como el de Seguridad o la directora del CNI) y autoridades civiles y militares (jefe de Estado Mayor de la Defensa y jefes de los tres ej¨¦rcitos).

El anteproyecto recoge tambi¨¦n el derecho de los diputados a acceder a los documentos clasificados, que ahora se realiza a trav¨¦s de la Comisi¨®n de Fondos Reservados del Congreso, una posibilidad que su ley reguladora tambi¨¦n atribuye al Defensor del Pueblo.

La aprobaci¨®n de una ley de secretos oficiales acorde con los principios democr¨¢ticos es una vieja demanda de investigadores, historiadores y periodistas. Hasta en cuatro ocasiones se han iniciado los tr¨¢mites para reformarla, pero ninguna ha culminado con ¨¦xito. El PNV ha hecho bandera de este asunto en las dos ¨²ltimas legislaturas, pero sus propuestas han quedado varadas en el Congreso, ante el bloqueo de los grupos mayoritarios.

Aunque el Gobierno incluy¨® la nueva norma en su plan legislativo para este a?o, no fue hasta que estall¨® el esc¨¢ndalo Pegasus ¡ªel espionaje de los m¨®viles de l¨ªderes independentistas catalanes¡ª cuando el presidente, Pedro S¨¢nchez, prometi¨® acelerar la nueva ley de secretos oficiales y reformar la que regula el control judicial del CNI. Finalmente, en el reciente debate del estado de la naci¨®n, S¨¢nchez anunci¨® que el Gobierno aprobar¨ªa el correspondiente anteproyecto de ley antes de que acabara julio.

La reforma que este lunes ver¨¢ el Consejo de Ministros no afecta al control judicial del servicio secreto, una materia que se regula por ley org¨¢nica y cuya aprobaci¨®n requiere mayor¨ªa absoluta del Congreso. Aunque para cambiar la ley de secretos oficiales basta la mayor¨ªa simple, el Gobierno asegura que buscar¨¢ el mayor respaldo posible a la reforma, incluido el apoyo del PP.