¡°No podemos seguir protegiendo secretos de la dictadura. No es serio¡±

De la expectaci¨®n a la frustraci¨®n. As¨ª ha evolucionado el estado de ¨¢nimo de historiadores, archiveros y ONG al conocer primero que el Gobierno aprobaba por fin una nueva ley de Protecci¨®n de la Informaci¨®n Clasificada y acceder luego a su contenido. Despu¨¦s de reclamar durante a?os una reforma de la ley de Secretos Oficiales franquista, que clasificaba indefinidamente los documentos y obligaba a los investigadores a peregrinar por archivos extranjeros para conocer la reciente historia de Espa?a, el anuncio de la nueva ley abri¨® la expectativa de una homologaci¨®n con las democracias m¨¢s avanzadas.

Aunque todos los consultados admiten que se trata de un paso adelante, critican sus ¡°agujeros negros¡±; entre otros, que no se aplique retroactivamente la desclasificaci¨®n autom¨¢tica transcurrido determinado plazo temporal a los secretos de los ¨²ltimos 53 a?os; los referidos al final de la dictadura, la transici¨®n y los primeros pasos de la recuperada democracia.

Carlos Sanz D¨ªaz, profesor de Historia Contempor¨¢nea de la Universidad Complutense, destaca, como aspectos positivos del proyecto, ¡°que finalmente haya una ley que se adapte al marco constitucional, defina las materias que pueden ser clasificadas y establezca plazos de desclasificaci¨®n¡±. Tambi¨¦n ve ¡°cierto avance¡± en el hecho de que la Sala Tercera del Supremo tenga la ¨²ltima palabra a la hora de decidir sobre la desclasificaci¨®n de un documento. No obstante, aprecia ¡°un desequilibrio a favor de la seguridad del Estado y en contra de la transparencia¡±, con ¡°plazos excesivos e innecesariamente largos¡± de clasificaci¨®n (hasta 50 a?os ampliables a 65 en los altos secretos).

Pero donde ve un aut¨¦ntico ¡°agujero negro¡± es en la ¡°no retroactividad de la ley¡±; la no aplicaci¨®n de los plazos de caducidad a los secretos anteriores a la entrada en vigor de la misma. En su opini¨®n, estos documentos secretos, acumulados desde 1968, quedan blindados por un ¡°triple candado¡±: solo puede solicitar su desclasificaci¨®n una ¡°persona afectada¡±, lo que parece descartar a historiadores, investigadores o periodistas; el solicitante debe exponer ¡°las razones que justifican la desclasificaci¨®n e identificar pormenorizadamente la informaci¨®n que se solicita¡±; y la autoridad puede negarla si considera que se pone en riesgo la seguridad o defensa nacional.

Para Juan Carlos Pereira, catedr¨¢tico de Historia Contempor¨¢nea, este es uno de los puntos m¨¢s incomprensibles de la ley: ¡°?C¨®mo vas a pedir un documento si no sabes que existe?¡±. En el archivo del Foreign Office, el Ministerio de Exteriores brit¨¢nico, explica, hay un ¨ªndice de documentos y los que est¨¢n clasificados llevan un sello que indica cu¨¢ndo estar¨¢n accesibles al p¨²blico. El 1 de enero de cada a?o se abren todos aquellos que han cumplido ya su periodo de clasificaci¨®n. Pero en Espa?a no existe un registro p¨²blico de documentos clasificados, por lo que el ciudadano no puede hacer esa ¡°identificaci¨®n pormenorizada¡± que exige la ley para solicitarlo. Como Sanz, Pereira cree que el plazo de 50 a?os para los altos secretos es ¡°una exageraci¨®n¡± y que la multiplicaci¨®n de las autoridades con capacidad para clasificar lleva a la ¡°discrecionalidad¡±. ¡°Recibimos el anteproyecto con esperanza¡± resume, ¡°pero nos hemos quedado muy frustrados. No podemos seguir protegiendo secretos de la dictadura. No es serio¡±, concluye.

Esteban Beltr¨¢n, director de Amnist¨ªa Internacional Espa?a, cree que el anteproyecto de ley ¡°tal como est¨¢ redactado, no va a dar pasos sustanciales en relaci¨®n con [el conocimiento de] la verdad oficial ni va a ilustrar nuestro pasado m¨¢s reciente¡±.

Esteban Beltr¨¢n lamenta que el texto ¡°no haga referencia a ning¨²n marco sobre derechos humanos ni a los principios globales sobre seguridad nacional y derecho a la informaci¨®n de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa¡± o a importantes sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. No es una cuesti¨®n balad¨ª, explica, ya que eso se traduce en que no hay una prohibici¨®n expresa de clasificar informaciones sobre vulneraci¨®n de derechos humanos ni establece medidas de protecci¨®n para los denunciantes (whistleblowers en ingl¨¦s) que revelen el ocultamiento de estas pr¨¢cticas. ¡°Algo ilegal no puede ser clasificado¡±, advierte.

Para Beltr¨¢n, es fundamental que los plazos de desclasificaci¨®n sean autom¨¢ticos y no se dejen puertas abiertas como la del art¨ªculo 19 del texto, que permite ¡°de forma excepcional¡± volver a clasificar una informaci¨®n que ya ha sido desclasificada; es decir, prolongar el secreto sin l¨ªmite temporal alguno. En resumen, la nueva ley ¡°tiene una orientaci¨®n expansiva de las materias secretas, con un limitad¨ªsimo control judicial, se basa en categor¨ªas tan ambiguas y amplias [de lo que puede ser clasificado y qui¨¦n puede clasificar] que se presta a las arbitrariedades y sin un marco claro de referencia al derecho los ciudadanos a conocer¡±. Eso permite, apostilla, aplicar multas de hasta tres millones de euros a quienes difundan una informaci¨®n secreta, incluidos medios de comunicaci¨®n.

Amnist¨ªa Internacional est¨¢ preparando sus alegaciones al anteproyecto de ley, que se ha sometido a consulta p¨²blica entre el 3 y el 12 de agosto, en plenas vacaciones estivales, ¡°un plazo un poco corto y a desmano para que pueda participar la sociedad civil¡±, se queja Beltr¨¢n, que no renuncia a hacer o¨ªr la voz de su organizaci¨®n.

Para Henar Alonso, funcionaria del Cuerpo Facultativo de Archiveros del Estado, lo que hace el anteproyecto es ¡°elevar al rango de ley las normas de protecci¨®n de la informaci¨®n clasificada del CNI que ya se ven¨ªan aplicando¡±. En su opini¨®n, el punto clave es que ¡°no se trata de una ley de documentos clasificados sino de informaci¨®n clasificada, un concepto mucho m¨¢s difuso y dif¨ªcil de controlar¡±.

Las consecuencias pr¨¢cticas de este aparente matiz son muy importantes, explica, pues toda la legislaci¨®n sobre archivos est¨¢ orientada a facilitar el acceso p¨²blico a la informaci¨®n, mientras que esta ley busca restringir el acceso a la misma. Es llamativo, en su opini¨®n, que ordene destruir los borradores y materiales previos de los informes clasificados, cuando el C¨®digo Penal castiga con pena de c¨¢rcel al funcionario que destruya un documento bajo su custodia.

Esta experta archivera advierte de que toda la gesti¨®n documental se basa en que la informaci¨®n est¨¦ identificada, descrita y localizada en un registro. ¡°Si no est¨¢ clara la obligaci¨®n de documentar, los plazos [de desclasificaci¨®n] no van a funcionar y se va a producir el s¨ªndrome de archivos vac¨ªos [la falta de documentaci¨®n de una etapa hist¨®rica]¡±. En su opini¨®n, no aplicar a los secretos anteriores a la nueva ley los plazos de desclasificaci¨®n supone en la pr¨¢ctica ¡°mantener en vigor la ley de 1968¡å.