La nueva ley prev¨¦ multas de hasta tres millones para quien difunda documentos secretos

El anteproyecto de Ley de Informaci¨®n Clasificada, aprobado en primera vuelta por el Gobierno el lunes, incluye la imposici¨®n de multas de entre 50.000 y tres millones de euros por acceder o difundir informaci¨®n secreta. Este r¨¦gimen sancionador, de cuya existencia no inform¨® el Gobierno en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, incluye entre las sanciones muy graves, que pueden dar lugar a la imposici¨®n de la m¨¢xima multa, ¡°la difusi¨®n, por cualquier medio, de informaci¨®n clasificada en las categor¨ªas de alto secreto o secreto¡±.

Fuentes gubernamentales aseguran que estas sanciones no est¨¢n pensadas para los medios de comunicaci¨®n y, aunque admiten que en teor¨ªa podr¨ªan ser sancionados los periodistas que difundan documentos secretos, alegan que ¡°en la pr¨¢ctica se impone la jurisprudencia constitucional que prima el derecho a la informaci¨®n¡±. Seg¨²n estas fuentes, el nuevo r¨¦gimen es ¡°m¨¢s garant¨ªsta¡± que la ley vigente, que solo se?alaba que el incumplimiento de la prohibici¨®n de comunicar, difundir o publicar informaci¨®n clasificada se castigar¨ªa de acuerdo a las leyes penales y disciplinarias, consider¨¢ndose en este ¨²ltimo caso como falta muy grave.

Adem¨¢s de las mencionadas multas, el anteproyecto incluye como sanciones accesorias la ¡°prohibici¨®n de contratar con administraciones p¨²blicas¡±, por parte de empresas, o la separaci¨®n del cargo de aquellas autoridades y funcionarios que incumplan con su obligaci¨®n de guardar reserva sobre la informaci¨®n clasificada a la que tengan acceso, sin perjuicio de las responsabilidades penales en las que pudieran incurrir.

Tambi¨¦n se castigar¨¢ con la m¨¢xima sanci¨®n el acceso a documentaci¨®n clasificada como de alto secreto o secreto sin contar con la habilitaci¨®n de seguridad necesaria para ello y la entrega de dicha informaci¨®n a potencias extranjeras cuando no exista un tratado internacional para el intercambio de la misma; entre otros muchos supuestos.

La ley, pendiente a¨²n de su aprobaci¨®n definitiva por el Consejo de Ministros antes de su remisi¨®n a las Cortes, establece cuatro tipos de clasificaci¨®n de documentos: alto secreto, secreto, confidencial y restringida. Los primeros se desclasificar¨¢n autom¨¢ticamente a los 50 a?os y los segundos a los 40. No obstante, los altos secretos podr¨¢n prorrogarse 15 a?os y los secretos, 10. La clasificaci¨®n de los documentos confidenciales se prolongar¨¢ entre 7 y 10 a?os, y la de uso restringido entre 4 y 6, periodos en ambos casos improrrogables.

Al contrario que anteriores borradores de esta misma norma, el anteproyecto de ley no prev¨¦ la desclasificaci¨®n autom¨¢tica de los documentos acumulados desde que entr¨® en vigor la ley todav¨ªa vigente, en 1968, en pleno franquismo, por lo que los secretos de la ¨²ltima etapa de la dictadura, la Transici¨®n y la democracia quedan en el limbo. El ministro de la Presidencia, F¨¦lix Bola?os, cuyo departamento ha pilotado la redacci¨®n del texto, aleg¨® el lunes para justificar esta decisi¨®n que se trata de una documentaci¨®n ¡°ingente¡±.

La ley solo prev¨¦ que esta desclasificaci¨®n se haga ¡°de oficio¡± por parte de las autoridades con capacidad para clasificar, pero sin que est¨¦n obligadas a hacerlo, y tambi¨¦n ¡°a petici¨®n de personas directamente afectadas, que deber¨¢n indicar su inter¨¦s en la informaci¨®n requerida, las razones que justifican la desclasificaci¨®n solicitada e identificar pormenorizadamente la informaci¨®n que se solicita desclasificar¡±.

El procedimiento, tal como est¨¢ previsto, parece excluir a historiadores, investigadores o periodistas, que no ser¨ªan ¡°personas directamente afectadas¡±, pero adem¨¢s obliga a ¡°identificar pormenorizadamente¡± el documento que se reclama cuando, precisamente por su car¨¢cter secreto, lo habitual es que se ignore incluso su existencia. En caso de que el Gobierno deniegue la desclasificaci¨®n de un documento, se podr¨¢ presentar recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, pero de nuevo esta v¨ªa solo est¨¢ prevista para la ¡°personas directamente afectadas¡±, lo que parece excluir a historiadores, investigadores y periodistas y choca con el ¡°derecho a conocer¡± que proclama la ley.