Petici¨®n para que no se puedan declarar secretas violaciones de los derechos humanos

M¨¢s de una veintena de asociaciones de archiveros y bibliotecarios de toda Espa?a ¡ªincluida la Federaci¨®n Espa?ola de Sociedades de Archiv¨ªstica, Biblioteconom¨ªa, Documentaci¨®n y Muse¨ªstica (Fesabid)¡ª han presentado alegaciones a la Ley de Informaci¨®n Clasificada, que sustituye a la Ley de Secretos Oficiales del franquismo, todav¨ªa vigente, en las que piden, entre otros cambios, que no se pueda clasificar informaci¨®n sobre vulneraciones de los derechos humanos para ocultarlas al conocimiento p¨²blico y que se sancione a quien lo haga.

Archiveros y bibliotecarios lamentan que el anteproyecto no haga ninguna menci¨®n al art¨ªculo 20 de la Constituci¨®n, relativo al derecho a la informaci¨®n; consideran un ¡°retroceso importante¡± el crecimiento ¡°exponencial¡± del n¨²mero de autoridades con capacidad para clasificar un documento como restringido o confidencial; critican que no se establezca ¡°el deber general de documentar la informaci¨®n clasificada para acreditar su existencia y evitar su destrucci¨®n¡±; y tachan de ¡°excesivamente largo¡± el plazo de desclasificaci¨®n autom¨¢tica, proponiendo reducirlo de 50 a 30 a?os para el ¡°alto secreto¡± y de 40 a 20 para el ¡°secreto¡±, entre otras alegaciones. Tambi¨¦n denuncian que no se justifique la tramitaci¨®n del texto por v¨ªa de urgencia.

En la misma l¨ªnea, un total de 11 organizaciones no gubernamentales, miembros de la Coalici¨®n Pro Acceso a la informaci¨®n, han pedido al Gobierno que ampl¨ªe el periodo de informaci¨®n p¨²blica del anteproyecto, por considerar ¡°incre¨ªblemente corto¡± el plazo de siete d¨ªas h¨¢biles (del 3 al 12 de agosto) que se ha dado para presentar alegaciones.

¡°Hacer una consulta en pleno agosto sobre una ley que afecta a derechos fundamentales constitucionales, como la libertad de informaci¨®n, es escandaloso, asegura Helen Darbishire, directora de Access Info. ¡°Desde la sociedad civil estamos llamando al Gobierno para que extienda el per¨ªodo de consultas por un mes m¨¢s, [ya que] es la ¨²nica manera de asegurar una participaci¨®n genuina y un debate p¨²blico sobre cuestiones tan importantes¡±.

Las ONG que forman parte de la coalici¨®n consideran preocupantes algunos aspectos del texto como las ¡°multas enormes¡± por difundir documentos clasificados (desde 50.000 a tres millones de euros), los largos periodos de clasificaci¨®n de los documentos (hasta 65 a?os para los calificados como de ¡°alto secreto¡±) y la falta de desclasificaci¨®n retroactiva, ¡°limitando as¨ª el acceso a muchos documentos clasificados durante el franquismos o la transici¨®n a la democracia¡±.

Access Info advierte de las consecuencias de la nueva norma para la transparencia, la protecci¨®n de los denunciantes y la libertad de informaci¨®n. Y recuerda que, seg¨²n la OCDE, Espa?a tiene un nivel de participaci¨®n p¨²blica de solo el 2%, diez veces m¨¢s baja que el promedio de los pa¨ªses de dicha organizaci¨®n (21%) y muy por debajo de muchas de las democracias europeas. Las cr¨ªticas de estas asociaciones se suman a las formuladas por la Federaci¨®n de Asociaciones de Periodistas de Espa?a (FAPE) o Amnist¨ªa Internacional.

Por su parte, el Ministerio de Presidencia justifica que la ley se tramite por el procedimiento de urgencia, suprimiendo la consulta p¨²blica y limitando el periodo de informaci¨®n al p¨²blico a siete d¨ªas h¨¢biles, por ¡°la voluntad del Gobierno para cumplir el compromiso de remitir la iniciativa a las Cortes Generales en 2022¡å. No obstante, asegura La Moncloa, ¡°tal urgencia es compatible con la garant¨ªa de la participaci¨®n ciudadana en su elaboraci¨®n¡± y las observaciones recibidas en este periodo se sumar¨¢n a las que sigan llegando en los pr¨®ximos meses, ya que el anteproyecto tiene un largo tr¨¢mite antes de su aprobaci¨®n definitiva y las entidades ¡°contar¨¢n con muchas oportunidades para expresar sus criterios¡±.