El PP no adopta medidas internas contra el diputado Alberto Casero tras la petici¨®n del Supremo al Congreso para juzgarle por malversaci¨®n y prevaricaci¨®n

El magistrado del Tribunal Supremo Andr¨¦s Palomo, que instruye la causa abierta contra el diputado del PP Alberto Casero, ha pedido este lunes a la Sala de lo Penal que pida permiso al Congreso de los Diputados para actuar contra el parlamentario por supuestos delitos de prevaricaci¨®n y malversaci¨®n cuando era alcalde de Trujillo (C¨¢ceres). En un escrito remitido a la sala, Palomo propone dirigir un suplicatorio la C¨¢mara baja para proceder penalmente contra Casero al constatar ¡°indicios racionales¡± de ambos delitos en varios contratos menores que el ahora diputado firm¨® como regidor entre los a?os 2017 y 2018. A preguntas de EL PA?S, fuentes oficiales informaron de que el PP no hab¨ªa adoptado este lunes ninguna medida interna contra el diputado Casero tras conocer la petici¨®n de suplicatorio. No obstante, las mismas fuentes a?adieron que ¡°se tomar¨¢n las decisiones en el momento oportuno¡±. En casos precedentes, el Partido Popular s¨ª tom¨® medidas disciplinarias. As¨ª sucedi¨® cuando el exministro del Interior Jorge Fern¨¢ndez D¨ªaz fue procesado en el caso ¡®Kitchen¡¯ y se le suspendi¨® provisionalmente la militancia en 2021. Lo mismo ocurri¨® con Eduardo Zaplana, ministro con el Gobierno de Aznar y expresidente de la Comunidad Valenciana, a quien el partido que lidera Alberto N¨²?ez Feij¨®o suspendi¨® su militancia tras ser detenido en 2018 por blanqueo, malversaci¨®n y prevaricaci¨®n.

El diputado del PP Alberto Casero, que salt¨® a la fama por su error fatal en la votaci¨®n de la reforma laboral en el Congreso, declar¨® en junio pasado ante el instructor del Supremo y admiti¨® que, durante su etapa como alcalde, firm¨® algunos contratos que no se ajustaron al procedimiento legal, pero ha defendido que, en todo caso, solo hubo ¡°irregularidades administrativas¡±, nunca un delito como sostuvo una juez del municipio extreme?o. El magistrado Palomo considera, sin embargo, que la documentaci¨®n remitida por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucci¨®n N¨²mero 2 de Trujillo (C¨¢ceres) contiene ¡°indicios racionales de criminalidad¡± para inculpar formalmente al parlamentario, para lo que, al tratarse de un aforado, hace falta una autorizaci¨®n previa de la C¨¢mara.

La exposici¨®n razonada enviada a la Sala II para que lo remita al Congreso recoge esos indicios indicativos de que Casero, en su condici¨®n de alcalde de Trujillo, en marzo de 2017 y diciembre de 2018, concert¨® ¡°con diferentes personas y entidades¡±, contratos de servicio, patrocinio o convenios, ¡°incumpliendo todo tipo de formalidad exigida al efecto por la normativa aplicable en cada caso¡±, seg¨²n explica el escrito, que especifica que su relato debe entenderse realizado ¡°a t¨ªtulo meramente indiciario y provisorio¡±, sin que quepa, por tanto, considerarla como una afirmaci¨®n ¡°f¨¢ctica verificada probatoriamente¡±. Para saber si realmente hubo delito, advierte Palomo, habr¨¢ que juzgar a Casero.

Seg¨²n el instructor, los episodios relatados por la juez de Trujillo no solo suponen ¡°reiteradas y admitidas irregularidades administrativas, sino un modo de proceder del aforado que identifica su voluntarismo al margen de cualquier interpretaci¨®n con un resquicio de racionalidad del ordenamiento jur¨ªdico¡±. ¡°Con vedadas contrataciones verbales o sin tramitaci¨®n ni publicidad alguna en los supuestos que la cuant¨ªa lo requer¨ªa, elusi¨®n de los mecanismos de control, asunci¨®n directa de pagos por la integridad de los servicios que adem¨¢s de peri¨®dicos se prestaban a entidad en la que el municipio solo era una parte¡±, lo que, seg¨²n el juez del Supremo, puede constituir un delito de prevaricaci¨®n.

El magistrado ve tambi¨¦n indicios de malversaci¨®n ¡ªpenada con c¨¢rcel¡ª porque la actuaci¨®n de Casero revelan que se excedi¨® ¡°en sus facultades de administraci¨®n del patrimonio del Ayuntamiento, causando un verdadero perjuicio al mismo, cuya cuant¨ªa, en este momento indiciario, superar¨ªa los 50.000 euros, en relaci¨®n con aquellos pagos que no compet¨ªan al Ayuntamiento o se realizaron por servicios no prestados¡±.

Por otra parte, el magistrado ha dictado un auto en el que rechaza el archivo de la causa solicitado por el diputado del PP al considerar que resulta necesaria la investigaci¨®n efectiva de conductas susceptibles de integrarse en delitos de prevaricaci¨®n y malversaci¨®n.

La causa contra Casero parti¨® de una denuncia de la Fiscal¨ªa por supuestas irregularidades en contratos y convenios acordados por el ahora diputado cuando era alcalde de Trujillo. La Fiscal¨ªa considera que el alcalde se salt¨® todos los procedimientos de contrataci¨®n al evitar concursos p¨²blicos, informes de fiscalizaci¨®n o directamente sin informar a la administraci¨®n local que ¨¦l mismo dirig¨ªa.

La investigaci¨®n se centra en seis casos concretos, que costaron al Ayuntamiento de Trujillo m¨¢s de 100.000 euros. El primer contrato sospechoso es el de un psic¨®logo que firm¨® Casero en marzo de 2017 ¡°ocult¨¢ndolo al Ayuntamiento, sin aportar el contrato, sin expediente de contrataci¨®n, sin informe sobre la necesidad del servicio y sin aprobaci¨®n del gasto¡±. Meses despu¨¦s, suscribi¨® otro convenio de 25.000 euros con la C¨¢mara de Comercio de Per¨² ¡°sin dar cuenta a los servicios econ¨®micos y jur¨ªdicos del Ayuntamiento, sin que el acuerdo fuera aprobado previamente y sin someterlo a informaci¨®n p¨²blica ni publicarse en el BOE¡±.

El alto tribunal subraya otro contrato de 2017 por el que el entonces alcalde de Trujillo pact¨® verbalmente aportar 18.000 euros a un acto que organizaba la entidad Asociaci¨®n Cultural Bon Vivant, con la que ya en julio de 2018 cerr¨® otro contrato de patrocinio por 18.000, en el que se compromet¨ªa, adem¨¢s, a asumir ¡°otros costes¡±. Ambos fueron suscritos ¡°sin seguir procedimiento administrativo alguno¡±. Finalmente, el Supremo detalla otros dos asuntos de 2018: la contrataci¨®n de ?caro Consultores en Comunicaci¨®n para organizar un acto por importe de 14.303 euros m¨¢s IVA y la concertaci¨®n con Radio Interior S. L. de un contrato de servicios de comunicaci¨®n y promoci¨®n de la Feria del Queso de Trujillo por m¨¢s de 15.000 euros. Para este ¨²ltimo, Casero supuestamente emple¨® el procedimiento propio del contrato menor cuando la cuant¨ªa imped¨ªa hacerlo por este m¨¦todo.