El Constitucional espera un acuerdo que le permita desbloquear sentencias clave
El tribunal de garant¨ªas mantiene su decisi¨®n de no resolver sobre el aborto, la eutanasia o la ley Cel¨¢a hasta que haya sido renovado
El Constitucional va a celebrar a partir de hoy un pleno en circunstancias excepcionales, derivadas de su falta de renovaci¨®n, que debi¨® producirse en junio ¨²ltimo, y del ¡°¨²ltimo intento¡± negociador anunciado ayer por el Gobierno y el PP para desbloquear tanto el propio tribunal de g...
El Constitucional va a celebrar a partir de hoy un pleno en circunstancias excepcionales, derivadas de su falta de renovaci¨®n, que debi¨® producirse en junio ¨²ltimo, y del ¡°¨²ltimo intento¡± negociador anunciado ayer por el Gobierno y el PP para desbloquear tanto el propio tribunal de garant¨ªas como el Consejo del Poder Judicial. Esa excepcionalidad de la situaci¨®n se traduce en que el Constitucional mantiene su voluntad de no abordar los asuntos m¨¢s importantes que tiene pendientes de sentencia con su actual composici¨®n, ya caducada.
Los magistrados tambi¨¦n conf¨ªan en el acuerdo para evitar tener que pronunciarse sobre si aceptan o no la llegada de los magistrados que nombre el Ejecutivo, en el caso de que ¨¦ste decida designarlos sin esperar a que el ¨®rgano de gobierno de los jueces elija a los otros dos que le corresponden. El tribunal espera, en suma, que el Gobierno y el PP lleguen a un acuerdo que le permita desbloquear los recursos contra leyes que han sido clave en ¨¦sta y pasadas legislaturas, y poder recuperar un ritmo de actividad normal, en el que se resuelvan los recursos de inconstitucionalidad contra leyes como la del aborto, pendiente desde 2010, o contra la reforma educativa de la ley Cel¨¢a, o la de Eutanasia.
Ahora, el Constitucional est¨¢ decidiendo sobre todo recursos de amparo que tambi¨¦n son importantes, porque resuelven asuntos concretos de presuntas vulneraciones de derechos fundamentales, pero que al plantearse sobre casos particulares tienen mucha menos repercusi¨®n sobre el conjunto de los ciudadanos. El tribunal no quiere que se repitan pol¨¦micas de otras etapas, en que el hecho de resolver asuntos muy controvertidos con una composici¨®n caducada provoc¨® fuertes pol¨¦micas y una p¨¦rdida de prestigio. En paralelo, se mantiene entre los magistrados el compromiso de evitar fracturas internas como las que provoc¨® la sentencia sobre la declaraci¨®n del estado de alarma frente a la pandemia, motivando fallos aprobados por 6 votos a 5, que posiblemente volvieran a producirse con respecto a leyes como las mencionadas.
En el Constitucional existe la certeza de que este tipo de divisiones y enfrentamientos se dar¨ªa nuevamente ahora en el caso de que por la falta de acuerdo con el PP el Gobierno nombrara a los dos magistrados que le corresponde designar en el propio tribunal de garant¨ªas, sin que el Consejo del Poder Judicial hubiera elegido a los suyos. Fuentes del Constitucional estiman que si el Ejecutivo no ha dado ya ese paso, a pesar de que el Consejo lleva m¨¢s de un mes instalado en un flagrante incumplimiento de la ley que fijaba el 13 de septiembre como l¨ªmite para los nombramientos, ha sido precisamente para evitar un nuevo choque de trenes en el tribunal, que podr¨ªa haber derivado en que el pleno de este ¨®rgano no diera su ¡°placet¡± a la incorporaci¨®n de los dos nuevos magistrados nombrados por el Gobierno.
En todo caso, las mismas fuentes dan por hecho que el Ejecutivo proceder¨¢ a tales nombramientos si las conversaciones con el PP vuelven a encallar y se pierde ya toda posibilidad de alcanzar un acuerdo. En tal caso, los magistrados del sector progresista del tribunal dar¨¢n la batalla para que los nuevos magistrados puedan acceder al Constitucional, pero conscientes de que en un clima de choque definitivo entre Gobierno y PP ser¨ªa dif¨ªcil obtener el apoyo de los miembros del sector conservador del ¨®rgano de garant¨ªas. De ah¨ª que unos y otros prefieran que haya un pacto y que ni populares ni socialistas se sientan tentados de pasar cuentas sobre las fuerzas o la influencia que conservan en el Constitucional.