Un sector del Tribunal Constitucional se abre a aceptar una renovaci¨®n por fases

El fracaso registrado hasta ahora en las conversaciones entre vocales conservadores y progresistas del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para nombrar a dos de los cuatro magistrados del Tribunal Constitucional, cuya renovaci¨®n est¨¢ pendiente, ha hecho que en el tribunal de garant¨ªas haya surgido un grupo de magistrados partidarios de una soluci¨®n de emergencia: aceptar el nombramiento inmediato de los dos juristas que debe designar el Gobierno, sin esperar a los del CGPJ. De esta manera, el Constitucional funcionar¨ªa con dos de sus magistrados con el mandato caducado y no cuatro, como ahora. Y la mayor¨ªa del tribunal ¡ªque tiene pendientes sentencias muy relevantes como la de la ley del aborto, la de eutanasia o la de Educaci¨®n¡ª pasar¨ªa de conservadora a progresista.

El bloqueo de las negociaciones en el CGPJ, por la resistencia de un grupo de vocales conservadores, ha supuesto, as¨ª, un cambio de clima en el Constitucional. Antes del verano hab¨ªa una s¨®lida mayor¨ªa en contra de aceptar que se incorporaran los magistrados que corresponde nombrar al Gobierno si no iban acompa?ados de los que debe elegir el Consejo. Ahora, en cambio, se est¨¢n analizando abiertamente las posibilidades de aceptar una renovaci¨®n por fases. La Constituci¨®n establece que el Constitucional se renueva por tercios (cuatro magistrados cada vez), y uno de esos tres tercios es el compuesto por los dos vocales del Gobierno y los dos del CGPJ. Hay un debate jur¨ªdico abierto sobre si esos cuatro deben ser renovados todos a la vez o pueden desdoblarse en dos tandas. Hasta ahora el Gobierno ha decidido no nombrar a los dos suyos, a la espera de los dos del Poder Judicial.

El Tribunal Constitucional cerr¨® te¨®ricamente una etapa el pasado 12 de junio, fecha en la que termin¨® el mandato de su presidente, Pedro Gonz¨¢lez-Trevijano, y su vicepresidente, Juan Antonio Xiol. Tambi¨¦n deb¨ªan haber cesado en ese momento los magistrados Antonio Narv¨¢ez y Santiago Mart¨ªnez Vares, pertenecientes, como Trevijano, al sector conservador (Xiol es el ¨²nico progresista de los cuatro magistrados que deben ser renovados). El Gobierno recibi¨® entonces discretamente la informaci¨®n de que el estado de opini¨®n en el tribunal impedir¨ªa que se diera acceso a los dos magistrados que nombrara el Ejecutivo si no ven¨ªan acompa?ados de los otros dos correspondientes al Poder Judicial. Pero este no pod¨ªa hacer los nombramientos, porque se lo prohib¨ªa una reforma legal impulsada por el propio Gobierno hace a?o y medio.

El Congreso, a propuesta del PSOE, aprob¨® entonces rectificar parcialmente esa reforma legal y devolver al CGPJ en funciones la facultad de hacer nombramientos, pero ¨²nicamente los del Constitucional. Aun as¨ª, el Consejo sigue sin acordar los nombres, y ahora la minor¨ªa progresista del tribunal de garant¨ªas abre la puerta a aceptar de forma aut¨®noma la designaci¨®n de los del Gobierno. El argumento que manejan es que un poder del Estado no puede impedir el normal funcionamiento de otro, y mucho menos incumplir la ley.

Un precedente

A favor de este criterio se cita la sentencia que dict¨® el Constitucional en noviembre de 2016 para resolver un recurso del PSOE contra la reforma de la Ley Org¨¢nica del Poder Judicial impulsada por el entonces ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallard¨®n (PP). Dicha reforma preve¨ªa que el Senado ¡ªdonde el PP ten¨ªa entonces mayor¨ªa absoluta¡ª pudiera efectuar las designaciones que le correspond¨ªan en el CGPJ (la mitad de los 20 vocales) sin esperar a que el Congreso hiciera lo propio con la otra mitad.

El tribunal dijo entonces que ¡°ninguna objeci¨®n constitucional cabe oponer a que el legislador disponga prevenciones subsidiarias para la hip¨®tesis de que, debiendo concurrir ambas C¨¢maras, por separado, a la designaci¨®n de los vocales cuya propuesta les corresponde, tan solo una de ellas, por los motivos que sean, est¨¦ en condiciones de cumplir su cometido¡±. Se trata, por tanto, seg¨²n el sector progresista del Constitucional, de un caso similar al actual, en que una parte, el Consejo, no est¨¢ ¡°en condiciones¡± de nombrar a dos magistrados del Constitucional, mientras el Gobierno s¨ª lo est¨¢.

El Constitucional tiene sobre la mesa otro asunto relacionado: los recursos que presentaron el PP y Vox contra la ley que, desde hace a?o y medio, proh¨ªbe al CGPJ, estando en funciones, realizar nombramientos en la c¨²pula judicial. El sector conservador del Consejo que est¨¢ bloqueando la renovaci¨®n ha emplazado al Constitucional a dictar sentencia sobre este recurso; la tesis de dicho sector es que al Gobierno solo le ha interesado devolver competencias al Consejo para que nombre a los dos magistrados del Constitucional ¡ªy as¨ª dejarlo en manos de una nueva mayor¨ªa progresista que avale las principales leyes de la presente legislatura¡ª mientras que ha mantenido el veto a nombrar a responsables de audiencias provinciales, tribunales superiores y Supremo, lo que est¨¢ derivando en una situaci¨®n cercana al colapso en la administraci¨®n de justicia.

Pero el Constitucional no prev¨¦ dictar sentencia sobre este asunto en breve. Fuentes del sector conservador y del progresista coinciden en que hacerlo podr¨ªa suponer una interferencia en el conflicto entre el Gobierno y el Consejo del Poder Judicial. En expresi¨®n de un magistrado del ¨®rgano de garant¨ªas: ¡°No hay ninguna prisa en resolver esos recursos. No estamos aqu¨ª para solucionar los problemas pol¨ªticos de nadie, no vamos a repetir experiencias que vuelvan a dividir al Constitucional¡±.