El PP de Ayuso y la Asamblea renuncian a presentar candidato al Tribunal Constitucional ante la crisis institucional

La secretaria general de la Asamblea de Madrid inform¨® el pasado lunes a la Mesa que rige el d¨ªa a d¨ªa de la C¨¢mara de un hecho in¨¦dito: hab¨ªa expirado el plazo para proponer candidatos al Tribunal Constitucional, sin que ninguno de los cinco partidos que se sientan en el hemiciclo madrile?o registrara nombre alguno. Circunspectos, los diputados tomaron nota y acordaron informar al Senado de que la Asamblea de Madrid no propondr¨¢ un aspirante que opte al Constitucional, donde hay que renovar una de las cuatro plazas que se eligen a propuesta de los Parlamentos auton¨®micos. Como las Cortes de la Comunidad Valenciana y Extremadura han pedido que se ampliara el plazo para registrar aspirantes, la C¨¢mara Alta esperar¨¢ ahora, y como m¨ªnimo, hasta mediados de diciembre. Sin embargo, en el caso de Madrid todo queda en pausa ante la crisis institucional abierta por la dimisi¨®n de Carlos Lesmes, presidente del Consejo General del Poder Judicial (que lleva cuatro a?os con el mandato caducado y uno sin poder realizar nombramientos en altos cargos) y la oposici¨®n de los vocales conservadores a renovar el Alto Tribunal.

¡°No se tendr¨¢ un nombre para candidato hasta que no se consiga una soluci¨®n global a la situaci¨®n actual¡±, resumen en el grupo parlamentario del PP, que dirige el portavoz Pedro Mu?oz Abrines, en coordinaci¨®n constante con la presidenta regional, Isabel D¨ªaz Ayuso, y el secretario general auton¨®mico del partido, Alfonso Serrano.

Pendientes de las negociaciones entre el presidente del Gobierno, Pedro S¨¢nchez, y el l¨ªder del PP, Alberto N¨²?ez Feij¨®o, los partidos de la oposici¨®n madrile?a siguen creyendo que la iniciativa de proponer un nombre para que compita por la ¨²nica plaza que hay vacante por la v¨ªa auton¨®mica compete al PP. El puesto que hay que renovar es el de Alfredo Montoya Melgar, que fue elegido en 2017, y por nueve a?os, para luego renunciar este verano.

M¨¢s Madrid, el PSOE y Podemos consideraron hasta ahora la posibilidad de presentar sus propios candidatos como un ejercicio destinado a la melancol¨ªa: como el PP tiene mayor¨ªa en la Mesa de la C¨¢mara, y domina el pleno en combinaci¨®n con Vox, sus propuestas no tienen ninguna posibilidad de salir adelante. La extrema derecha, por su parte, renuncia a presentar aspirante ahora y siempre. ¡±Nunca vamos a colaborar en el manoseo de la justicia por parte de los pol¨ªticos¡±, transmiten.

Nada de eso ha cambiado una vez que se ha abierto un nuevo plazo para que los Parlamentos auton¨®micos presenten a sus candidatos: en Madrid, todos esperan a que el partido de Ayuso mueva ficha.

¡°Ahora el Senado ha ampliado el plazo, y si el PP sigue sin ofrecer una propuesta a los grupos valoraremos el siguiente paso a dar¡±, afirman en el PSOE de Juan Lobato. ¡°Nuestra postura es que el PP, como partido mayoritario, nos haga una propuesta en la que podamos encontrar un consenso mayoritario¡±, a?aden. ¡°Pero de primeras no queremos buscar un enfrentamiento de candidatos, sino encontrar una propuesta com¨²n de consenso¡±.

La decisi¨®n de no presentar candidatos llega precisamente en el momento en el que el Tribunal Constitucional tiene mayor trascendencia para la Asamblea regional. El n¨²mero de asuntos relacionados con el Parlamento madrile?o que se agolpan en este ¨®rgano judicial no tiene precedentes.

Desde las elecciones de 2019, la oposici¨®n ha acudido a esta instancia por la composici¨®n de la Mesa de la C¨¢mara (el Constitucional le dio la raz¨®n a M¨¢s Madrid, que se qued¨® fuera del ¨®rgano por un pacto de PP-Cs y Vox pese a tener m¨¢s diputados que la extrema derecha). Tambi¨¦n, por la aprobaci¨®n de la reforma de la Ley del suelo cuando, a su juicio, no hab¨ªa suficientes diputados presentes para que se votara. De la misma manera, ha sido objeto de recurso el cambio pactado por PP y Vox para controlar la radio y televisi¨®n p¨²blicas de la regi¨®n. Y en septiembre se han conocido el recurso de Podemos contra la llamada Ley Uber y otro de M¨¢s Madrid para que el Ejecutivo regional responda por la gesti¨®n de la pandemia, sin escudarse en que esta se produjo en una legislatura anterior.

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