Un jurado popular resuelve si el exgerente de la Complutense y su hermana repartieron cuatro millones de euros en sobresueldos

En la sala de vistas ¡°A¡± de la Audiencia Provincial de Madrid est¨¢ pasando casi desapercibido un juicio que entra?a un feo asunto de presunta malversaci¨®n de caudales p¨²blicos en la mayor universidad de Espa?a. All¨ª, los nueve miembros de un jurado popular llevan casi un mes analizando la contabilidad de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), viendo copias de documentos de pago, de cheques al portador procedentes de una cuenta misteriosa (¡±la 6413¡å, la llaman familiarmente), de registros contables hechos a mano en los colegios mayores... para tratar de determinar si ¡ªcomo sostiene la Fiscal¨ªa y la Abogac¨ªa del Estado¡ª el exgerente del centro de estudios superiores m¨¢s grande de Espa?a, Dionisio Ramos, y su hermana, Mar¨ªa Isabel Ramos (actualmente en la gerencia), ayudados por personas de su confianza en la administraci¨®n universitaria, repartieron cerca de cuatro millones de euros en sobresueldos entre 1995 y 2003. Este mi¨¦rcoles se conocer¨¢ el veredicto. La Fiscal¨ªa pide cuatro a?os para los dos principales acusados de los siete que se sientan en el banquillo.

Han pasado 16 a?os desde que Carlos Berzosa, exrector de la Complutense, entregase en 2006 en un juzgado de Madrid varias cajas de documentos de lo que parec¨ªa una contabilidad paralela, con la que se top¨® al llegar al rectorado de la universidad en 2003, tras ganar las elecciones a rector y sustituir a Rafael Puyol. La UCM es una instituci¨®n p¨²blica de ense?anza con m¨¢s de 100.000 personas, entre estudiantes, profesores (6.500) y personal de administraci¨®n y servicios (3.500), y cuenta con un reglamento interno y una detallada normativa econ¨®mica propia para la exhaustiva rendici¨®n de cuentas sobre los 400 millones de euros que tiene de presupuesto anual. Dionisio Ramos fue vicegerente de obras con el rector ¡ªya fallecido¡ª Gustavo Villapalos, que se lo llev¨® temporalmente de secretario general t¨¦cnico a la Consejer¨ªa de Educaci¨®n con el primer Gobierno del PP en la Comunidad de Madrid (1995), y despu¨¦s fue gerente general de la universidad con Rafael Puyol (1996-2003).

Junto a aquellas cajas que llegaron al Juzgado 40 de Plaza de Castilla, Berzosa adjunt¨® informes de una auditor¨ªa externa: ¡°La auditor¨ªa externa del ejercicio econ¨®mico 2002, realizada por PricewaterhouseCoopers [PwC], constata falta de control en la facturaci¨®n de los colegios mayores, lo que se manifiesta en ingresos no incorporados al presupuesto de la Universidad y falta de contabilidad de gastos¡±, recogen. Confirmaban la ¡°existencia de un segundo canal econ¨®mico paralelo y complementario a los canales oficiales de la UCM, basado en movimientos de dinero en efectivo con tres fuentes de entrada: reservas de plaza de los colegiales, cobro de mensualidades directas de algunos de ellos y cobros de los alojados [en los colegios] en los meses de verano¡±. El otro d¨ªa, el perito de la consultora, que comparec¨ªa como testigo, asegur¨® ante el juez: ¡°En mis 22 a?os de contable no hab¨ªa visto nada igual¡±. Los acusados aseguran que se funcionaba del mismo modo desde los a?os setenta.

¡°Si todo lo pagado desde los colegios mayores era normal, ?por qu¨¦ no nos informaron de sus f¨®rmulas y sus cuentas cuando llegamos al rectorado?¡±, se pregunta a¨²n hoy el exrector Carlos Berzosa, que supo de las irregularidades tras encontrar unas carpetas de recibos en un colegio mayor, y por los propios beneficiarios de las ¡°gratificaciones¡±, algunos de los cuales acudieron a ¨¦l para reclamarle los sobresueldos que hab¨ªan dejado de cobrar al convertirse en rector: ¡°As¨ª descubrimos que pagaban con cheques al portador desde una cuenta desconocida¡±, recuerda.

La auditor¨ªa se?alaba con claridad que exist¨ªa una caja b nutrida con dinero de los seis colegios mayores (con un total de unos 1.000 colegiales), millones de euros que no entraban en el cauce econ¨®mico oficial de la universidad y que se repart¨ªan a discreci¨®n como ¡°gratificaciones¡± o sobresueldos. Desde 1999 era Mar¨ªa Isabel Ramos, la hermana de Dionisio, quien llevaba la administraci¨®n de los colegios mayores. Y al personal de administraci¨®n y servicios (PAS) de la Complutense se le llamaba ir¨®nicamente ¡°personal de Astorga¡±, poblaci¨®n originaria de los Ramos, debido al gran n¨²mero de personas de esa localidad leonesa que integraba.

EL PA?S tuvo acceso a m¨²ltiples de esos recibos de pago originales en su d¨ªa, entre ellos hab¨ªa varios (4.800 euros) a nombre de Juan Antonio Exp¨®sito, el escolta que protegi¨® a los dos diputados socialistas tr¨¢nsfugas, Eduardo Tamayo y Mar¨ªa Teresa S¨¢ez, que impidieron un Gobierno socialista en la Comunidad de Madrid tras las elecciones de 2003, en lo que se conoci¨® como el tamayazo. Pero tambi¨¦n hab¨ªa algunos a nombre de dos primos del exgerente, Pedro Ramos (sin vinculaci¨®n con la universidad) y Manuel Gallego Ramos (responsable de promoci¨®n Inmobiliaria de la Fundaci¨®n Complutense y tesorero del Club Deportivo), por cerca de nueve millones de las antiguas pesetas (54.000 euros). Tambi¨¦n hab¨ªa pagos a vicerrectores, gerentes, t¨¦cnicos de la administraci¨®n y a la Fundaci¨®n Complutense.

En la actualidad, Maribel Ramos ocupa un puesto de alto nivel en la gerencia de la universidad. Dionisio Ramos dej¨® la gerencia y se dedic¨® a la construcci¨®n de complejos tur¨ªsticos en Murcia como Los Alc¨¢zares Golf, con las empresas de su amigo Jos¨¦ Luis Balb¨¢s, quien fuera jefe pol¨ªtico de los tr¨¢nsfugas Tamayo y S¨¢ez; y m¨¢s recientemente ha construido residencias de estudiantes en Gij¨®n y es administrador de una consultora, seg¨²n fuentes universitarias.

Se ha hecho mucho ¨¦nfasis en este juicio a la dilaci¨®n de la causa, en buena parte debida a los muchos recursos e impugnaciones realizados por las defensas, y tambi¨¦n a la dificultad de encontrar documentos probatorios en la universidad de aquella an¨®mala gesti¨®n, de la que curiosamente desapareci¨® pr¨¢cticamente todo en cuanto empez¨® a investigarse. ¡°?Se est¨¢n llevando de los colegios cajas con los recibos en furgonetas blancas!¡±, alertaba un colegial a esta periodista en 2003. A?os despu¨¦s, en 2016, y tras un recurso presentado por Mar¨ªa Isabel Ramos, algunas cajas, aparentemente extraviadas, fueron encontradas en los s¨®tanos de la Facultad de Derecho y puestas a disposici¨®n judicial. La defensa de Ramos acusa por ello a la universidad de ¡°falta de diligencia¡± en la b¨²squeda de una documentaci¨®n cuya custodia depend¨ªa de ella y de su hermano, el exgerente general.

Las defensas, que solicitan la absoluci¨®n, se amparan, precisamente, en la falta de pruebas: ¡°?D¨®nde est¨¢ el dinero? Gastado¡±, preguntan y responden, aunque en muchos casos no haya constancia ni de c¨®mo, ni de cu¨¢ndo ni de por qu¨¦, ni se expliquen las flagrantes irregularidades que denotan los documentos que s¨ª existen.

Cuando las gratificaciones eran ¡°una costumbre¡±

¡°Hay que ponerse en situaci¨®n y mirar el asunto con las gafas de aquellos a?os¡±, insisten los letrados, que justifican los irregulares pagos por la ¡°escasez de medios t¨¦cnicos para la contabilidad en la universidad¡± (aunque solo sea objeto de investigaci¨®n la administraci¨®n de los colegios mayores, como se?al¨® la fiscal), y atribuyen esas ¡°gratificaciones¡± a ¡°una costumbre¡± hist¨®rica, pese a que no formen parte del presupuesto universitario. ¡°Y si fuera una costumbre, es ilegal¡±, se?al¨® la fiscal.

Asimismo, achacan a la ¡°ignorancia¡±, la participaci¨®n de los tres colegiales (Alejandro Santos, Asier Gorrixategui y Francisco Javier S¨¢nchez), que siendo subdirectores de colegios en ese periodo accedieron a que sus firmas fuesen las autorizadas para mover el dinero desde la cuenta fantasma, ¡°la 6413¡å, de la que eran titulares y con la que rubricaron ¡°una inmensidad¡± ¡ªen palabras de los abogados¡ª de cheques al portador por 500.000 pesetas (3.000 euros), pese a que el reglamento de la Complutense establec¨ªa taxativamente que los cheques deb¨ªan ser nominativos y justificados. Hoy asisten a esta causa como ¡°cooperadores necesarios¡± y se les pide un a?o de prisi¨®n e indemnizaciones millonarias. Al igual que a Arturo L¨®pez Marug¨¢n y Jaime T¨¢rtalo, los contables de los colegios, para quienes la Fiscal¨ªa solicita 3 a?os. El veredicto del jurado, este mi¨¦rcoles.