El PSOE rechaza las enmiendas sobre alquileres de Podemos, ERC y Bildu

Unidas Podemos, ERC y EH Bildu, cuyos votos son clave para aprobar los Presupuestos, presionan al PSOE mediante un conjunto de enmiendas con la intenci¨®n de conseguir modificaciones sustanciales en la normativa sobre alquileres al margen de la tramitaci¨®n que se sigue en el Congreso desde marzo de la Ley de Vivienda. Ese proyecto de ley, que pretende poner un tope al precio de los alquileres para que no suban m¨¢s del 2% en zonas tensionadas...

Unidas Podemos, ERC y EH Bildu, cuyos votos son clave para aprobar los Presupuestos, presionan al PSOE mediante un conjunto de enmiendas con la intenci¨®n de conseguir modificaciones sustanciales en la normativa sobre alquileres al margen de la tramitaci¨®n que se sigue en el Congreso desde marzo de la Ley de Vivienda. Ese proyecto de ley, que pretende poner un tope al precio de los alquileres para que no suban m¨¢s del 2% en zonas tensionadas siempre y cuando se trate de grandes propietarios (m¨¢s de 10 inmuebles), lleva atascado desde hace siete meses en el Congreso por la tramitaci¨®n de las 866 enmiendas parciales que presentaron los distintos grupos.

Unidas Podemos, ERC y EH Bildu han presentado ahora enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado para lograr cuatro grandes objetivos con relaci¨®n a los alquileres y a las hipotecas. La primera pretende regular de manera integral los precios de los alquileres de todas las viviendas en zonas tensionadas mediante la intervenci¨®n en el mercado y evitar as¨ª subidas abusivas.

Congelar las hipotecas

Otra de las enmiendas propone congelar las hipotecas de tipo variable menores de 360.000 euros para que est¨¦n sujetas a los tipos vigentes el 1 de septiembre de este a?o y no suban durante 2023. Adem¨¢s, presentan otra propuesta para prohibir de forma definitiva los desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional. La ¨²ltima consiste en imponer una serie de obligaciones sociales para corresponsabilizar a los grandes tenedores de vivienda, ofreciendo alquileres sociales a familias de sectores vulnerables como requisito para poder interponer cualquier acci¨®n judicial de reclamaci¨®n de rentas, hipotecas o de recuperaci¨®n de viviendas.

El PSOE y el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agencia Urbana entienden que esas enmiendas que presentan los grupos parlamentarios se tienen que negociar fuera del debate presupuestario, puesto que afectan a la futura Ley de Vivienda, seg¨²n fuentes del partido y del ministerio. Adem¨¢s, esta cartera rechaza una parte de las peticiones por supuestos problemas de constitucionalidad.

¡°El proyecto de ley plantea poner topes a los precios de los alquileres en zonas tensionadas solo para aquellos grandes propietarios con m¨¢s de 10 inmuebles. Antes, estos grupos nos ped¨ªan que fuera para todos los propietarios, grandes y peque?os. Nosotros entendemos que solo hay que aplicarlo a los grandes tenedores, que son el 15% del total. El resto son peque?os propietarios que en muchos casos viven de ese alquiler o a los que esta renta les completa el sueldo¡±, explica una fuente ministerial.

Las enmiendas a los Presupuestos que se han presentado parecen admitir este planteamiento, al diferenciar a los grandes tenedores de los peque?os a la hora de imponer determinadas obligaciones respecto a los precios de los alquileres. ¡°En ese terreno puede haber un acercamiento¡±, se?alan las mismas fuentes ministeriales. Las enmiendas presupuestarias de los grupos que apoyan al Gobierno ya diferencian entre grandes tenedores y peque?os propietarios en relaci¨®n con la obligatoriedad del tope a las subidas de precios: ¡°En los contratos de arrendamiento de vivienda sujetos a la presente ley en los que el arrendador sea una persona jur¨ªdica gran tenedor, y en los que el inmueble se ubique en una zona de mercado residencial tensionado, la renta pactada al inicio del nuevo contrato no podr¨¢ exceder del l¨ªmite m¨¢ximo del precio aplicable conforme al sistema de ¨ªndices de precios de referencia¡±. Aunque siguen manteniendo la posibilidad de imponer obligaciones sobre precios a los peque?os propietarios: ¡°Las comunidades aut¨®nomas podr¨¢n ampliar por ley lo establecido en el apartado anterior, justificadamente, de manera que el l¨ªmite m¨¢ximo del precio aplicable conforme al sistema de ¨ªndices de precios de referencia no sea aplicable solo a los arrendadores que sean persona jur¨ªdica y considerados como grandes tenedores¡±.

Riesgo de exclusi¨®n

Las enmiendas de Unidas Podemos, ERC y EH Bildu plantean que los grandes tenedores de viviendas, no los peque?os propietarios, est¨¦n obligados por ley a ofrecer un alquiler social obligatorio a familias que no tengan una alternativa propia de vivienda y que est¨¦n dentro de los par¨¢metros de riesgo de exclusi¨®n social antes de plantear una demanda por impago del alquiler.

Fuentes del ministerio cuestionan la constitucionalidad de una medida de este tipo y a cambio se?alan que han buscado f¨®rmulas para conseguir el mismo objetivo. ¡°Se tratar¨ªa de reforzar la mediaci¨®n y arbitraje en los desalojos de familias vulnerables previo a la denuncia. Y en caso de no prosperar, permitir¨ªa iniciar la v¨ªa judicial con un segundo arbitraje, con lo que la Administraci¨®n ser¨ªa consciente del problema¡±. Adem¨¢s, en el Plan de Vivienda vigente hay presupuesto para que las comunidades puedan atender este tipo de situaciones.

El ministerio recuerda adem¨¢s que por decreto ley se ampli¨® hasta el 31 de diciembre la suspensi¨®n de los desahucios y lanzamientos de vivienda habitual para personas y familias vulnerables. El Gobierno tambi¨¦n aprob¨® por decreto ley prohibir subidas superiores al 2% en los alquileres en los contratos que se actualizasen entre marzo y junio de este a?o, cuando no haya acuerdo entre las partes y, en cualquier caso, de aplicaci¨®n obligatoria para los grandes propietarios de viviendas en alquiler.

El Consejo de Ministros aprob¨® el proyecto de Ley de Vivienda en febrero y lo envi¨® al Congreso para una tramitaci¨®n parlamentaria por el procedimiento de urgencia. El texto lleva estancado en la Comisi¨®n de Transportes desde entonces, pendiente del informe de la ponencia. El Ejecutivo conf¨ªa en poderlo aprobar definitivamente, tras los ¨²ltimos acuerdos con sus socios y aliados parlamentarios, antes de que finalice este a?o.