El PSOE propone un doble arbitraje en los desahucios de familias vulnerables para sortear el bloqueo de la ley de Vivienda

La negociaci¨®n de la ley de Vivienda se encuentra atascada en su recta final, que inevitablemente exceder¨¢ la promesa que se hizo a Bruselas de tenerla aprobada este septiembre. Algunas partes de la negociaci¨®n hablan de ¡°bloqueo¡± y todas coinciden en los tres puntos que est¨¢n dificultando el acuerdo: los topes de precios a los alquileres, el uso que se da al parque de viviendas de la Sareb (el banco malo) y la regulaci¨®n de los desahucios. En este ¨²ltimo asunto, la parte socialista del Ejecutivo ha ofrecido a los socios de legislatura reforzar la mediaci¨®n en los desalojos de familias vulnerables. La propuesta ha sido trabajada por los ministerios de Justicia y de Transportes (el antiguo Fomento, que dirige las pol¨ªticas estatales en vivienda) y se refiere a desalojos de hogares vulnerables en inmuebles de grandes propietarios.

El borrador que lleg¨® al Congreso recog¨ªa la posibilidad de que el juzgado, en esos supuestos, suspendiera el procedimiento hasta cuatro meses si apreciaba vulnerabilidad. Pero Podemos y ERC prefieren copiar en la futura norma estatal lo que ya se ha legislado en Catalu?a: que los grandes propietarios (los que tienen m¨¢s de 10 inmuebles) tengan la obligaci¨®n de ofrecer un alquiler social antes de presentar una demanda de desahucio. La parte socialista del Ejecutivo ve problem¨¢tica esa soluci¨®n. De hecho, se recog¨ªa en un decreto de la Generalitat de 2019 que fue tumbado judicialmente. Luego el Parlament aprob¨® una ley, apoyada por el PSC, que est¨¢ siendo revisada por posible invasi¨®n de competencias.

En su lugar, lo que la parte socialista del Ejecutivo ha ofrecido es la obligatoriedad de acudir a un procedimiento de mediaci¨®n y arbitraje previo a la denuncia. Este proceso se har¨ªa a trav¨¦s de las comunidades aut¨®nomas y solo en caso de no prosperar permitir¨ªa iniciar la v¨ªa judicial, que a su vez contemplar¨ªa un segundo arbitraje. ¡°Si con la primera mediaci¨®n no se resuelve el problema, al menos la Administraci¨®n tiene conocimiento de la situaci¨®n mucho antes del desahucio¡±, indica una fuente conocedora de la propuesta. En el Ministerio de Transportes recuerdan que en el actual plan estatal de vivienda hay un programa ¡°prioritario¡± que permite a las comunidades disponer de dinero para estas situaciones. Es decir, que la Administraci¨®n podr¨ªa pagar una parte del alquiler a la familia vulnerable para evitar el desalojo.

En Transportes creen que se trata de una propuesta aceptable para sus socios y que ¡°hace un equilibrio entre el derecho de propiedad, la tutela judicial efectiva, la atenci¨®n a los vulnerables y la acci¨®n que debe llevar a cabo la Administraci¨®n¡±. Pero en Unidas Podemos razonan en sentido inverso que su soluci¨®n tambi¨¦n es admisible para los socialistas. ¡°Queremos que se convierta en estructural la protecci¨®n a los vulnerables sin alternativa habitacional¡±, se?ala una fuente del Ministerio de Derechos Sociales. Es decir, prolongar de alguna manera lo que se ha hecho durante la pandemia, con una moratoria para determinados desahucios que est¨¢ en vigor hasta el 31 de diciembre. En el PSOE aducen que su idea cumple ese objetivo. Pero cualquier cosa que afecte a desahucios, como se ha visto en la pol¨¦mica por los procedimientos penales (a los que en el proyecto de ley apenas se hac¨ªa menci¨®n), es material inflamable entre los dos socios de Gobierno.

415 enmiendas

El proyecto de Ley Estatal por el Derecho a la Vivienda fue enviado al Congreso el pasado febrero. Tras salvar una enmienda a la totalidad, lo que hubiera dejado la norma en v¨ªa muerta, con un acuerdo de ¨²ltima hora con ERC, se inici¨® una ardua negociaci¨®n parlamentaria. De las 866 enmiendas presentadas, unas 550 llegaron por parte de los socios de legislatura, incluyendo algunas de Unidas Podemos pese a que uno de los ministerios que encabezan, el de Derechos Sociales, es coproponente del proyecto. Actualmente, se?alan en Transportes, se han aceptado o transaccionado 415 enmiendas. Y se ha superado el que parec¨ªa el principal bache con ERC: la garant¨ªa de que no se afectar¨¢ a competencias auton¨®micas. Pero eso no impide otros escollos y de hecho casi todos los socios de legislatura han mostrado su apoyo esta semana a un acto de protesta de los sindicatos de inquilinos, la plataforma de afectados por la hipoteca (PAH) y otras organizaciones muy cr¨ªticas con el texto del proyecto de ley.

Los socios del PSOE tambi¨¦n quieren que se recupere el esp¨ªritu de la legislaci¨®n catalana de regulaci¨®n de rentas (derogada por el Constitucional) con un control de alquileres universal en las denominadas ¨¢reas tensionadas de precios. Este asunto fue uno de los m¨¢s espinosos en la elaboraci¨®n del anteproyecto y se resolvi¨® con un delicado equilibrio: en esas zonas (que de facto las declaran las comunidades, lo que dificulta que se aplique en territorios gobernados por el PP), las empresas grandes propietarias de vivienda estar¨ªan sujetas a l¨ªmites de precios mientras el resto de caseros tendr¨ªan que congelar los importes y recibir¨ªan bonificaciones fiscales en caso de bajar los precios voluntariamente.

En el PSOE han aceptado ya que el control afecte a todos los grandes propietarios (aunque sean personas f¨ªsicas y no empresas), pero insisten en dejar la norma como est¨¢ para los peque?os. Otra cesi¨®n ha sido rebajar a 12 meses la moratoria para la aplicaci¨®n de los controles de renta, algo que seg¨²n Transportes obedece a ¡°cuestiones t¨¦cnicas¡± porque es necesario elaborar un ¨ªndice de precios efectivo. Hasta ahora la vacatio legis era de 18 meses, pero el resultado es el mismo: impedir¨ªa ver en esta legislatura controles de alquileres a grandes caseros.

Pisos sociales

Sobre el ¨²ltimo asunto espinoso, el de los pisos en propiedad de la Sareb (que desde el pasado abril pas¨® a estar controlada por el Estado), Podemos insiste en transferir todas sus viviendas al parque p¨²blico de alquileres. Las citadas fuentes de Transportes apuestan por hablar sobre la orientaci¨®n del banco malo en otros foros. ¡°No puede ser una carga m¨¢s para la ley de vivienda¡±, argumentan.

Como sea, todo deber¨¢ decidirse en un di¨¢logo que apura plazos y volver¨¢ a coincidir en el tiempo con la negociaci¨®n de los Presupuestos, que en el pasado ha sido una palanca importante para hacer avanzar las posturas en la materia. Lo que est¨¢ claro es que ya no se cumplir¨¢ lo prometido a Bruselas: que la norma estar¨ªa aprobada este septiembre. Aunque en eso hay coincidencia y ni en el PSOE ni en Podemos creen que eso vaya a complicar la recepci¨®n de fondos europeos.