Amnist¨ªa Internacional insta al Congreso a prohibir las pelotas de goma por su peligrosidad

Las pol¨¦micas pelotas de goma vuelven a ser objeto de debate. En esta ocasi¨®n, de la mano del ¨²ltimo informe de Amnist¨ªa Internacional, en el que reclama al Congreso prohibirlas por su peligrosidad al ¡°conllevar un alto riesgo de golpear determinadas partes especialmente vulnerables del cuerpo, en particular los ojos¡±.

El estudio Derecho a la protesta en Espa?a que hace p¨²blico este jueves la organizaci¨®n concluye que ¡°este tipo de proyectiles es intr¨ªnsecamente muy impreciso, lo que impide que su uso pueda ajustarse a los est¨¢ndares internacionales sobre uso de la fuerza, que es...

Las pol¨¦micas pelotas de goma vuelven a ser objeto de debate. En esta ocasi¨®n, de la mano del ¨²ltimo informe de Amnist¨ªa Internacional, en el que reclama al Congreso prohibirlas por su peligrosidad al ¡°conllevar un alto riesgo de golpear determinadas partes especialmente vulnerables del cuerpo, en particular los ojos¡±.

El estudio Derecho a la protesta en Espa?a que hace p¨²blico este jueves la organizaci¨®n concluye que ¡°este tipo de proyectiles es intr¨ªnsecamente muy impreciso, lo que impide que su uso pueda ajustarse a los est¨¢ndares internacionales sobre uso de la fuerza, que establecen que los proyectiles de impacto cin¨¦tico solo deber¨ªan emplearse contra personas implicadas directamente en actos de violencia, y dirigidos a la parte inferior del cuerpo por la alta probabilidad de causar lesiones graves si impacta en la cabeza o en la parte superior del torso¡±, condicionantes estos ¨²ltimos que cree que no son respetados siempre por la Polic¨ªa Nacional y la Guardia Civil.

Un informe de la asociaci¨®n catalana de defensa de los derechos humanos Iridia asegura que, entre los a?os 2000 y 2020, hubo 26 personas ¡°afectadas¡± por el impacto directo de pelotas de goma. De ellas, una, el seguidor del Athletic de Bilbao ??igo Cabacas, falleci¨®. El documento de Amnist¨ªa Internacional recoge el testimonio del periodista Bernat Vilar¨®, que sufri¨® el impacto en el cuello de uno de estos proyectiles cuando cubr¨ªa los incidentes registrados en Barcelona tras conocerse la sentencia del Tribunal Supremo que conden¨®, en octubre de 2019, a los l¨ªderes del proc¨¦s. ¡°El m¨¦dico que me atendi¨® me asegur¨® que si no hubiera llevado una m¨¢scara antig¨¢s, el impacto me habr¨ªa partido la tr¨¢quea y causado la muerte¡±, recuerda a EL PA?S. Vilar¨® present¨® una denuncia que fue archivada en enero de 2021, tras argumentar la polic¨ªa que su actuaci¨®n estuvo justificada.

El documento de Amnist¨ªa Internacional se conoce coincidiendo con la negociaci¨®n que los socios de investidura mantienen para reformar la ley de seguridad ciudadana, la conocida como ley mordaza, que el PP aprob¨® en 2015. Estas conversaciones han encontrado uno de sus principales escollos, precisamente, la exigencia de varios grupos de prohibir este material antidisturbios. El PSOE defiende que se mantenga su utilizaci¨®n. En los ¨²ltimos 10 meses, el Ministerio del Interior ha adquirido 60.000 de estas pelotas para reponer las existencias de la Polic¨ªa Nacional y la Guardia Civil. Los agentes han mostrado reiteradamente su rechazo a su retirada al considerar que ello supondr¨ªa una p¨¦rdida de su capacidad operativa y rechazan su sustituci¨®n por las balas de foam (material viscoel¨¢stico sobre el papel menos lesivo), como hicieron los Mossos d¡¯Esquadra en 2014.

Amnist¨ªa Internacional tambi¨¦n cuestiona en su informe este ¨²ltimo material al concluir que se han producido ¡°deficiencias en su uso¡± que han causado lesiones graves a ciudadanos, por lo que plantea una suspensi¨®n temporal hasta ¡°llevar a cabo una evaluaci¨®n de su uso, de sus protocolos y especificaciones t¨¦cnicas¡±. El documento tambi¨¦n critica ¡°el amplio uso que realizan los agentes¡± en Espa?a de sus defensas (las conocidas como porras) al considerar que con ellas ejercen una ¡°fuerza innecesaria o excesiva, pudiendo causar f¨¢cilmente lesiones injustificadas¡±.

Las cr¨ªticas del documento van m¨¢s all¨¢ del material antidisturbios y tambi¨¦n censura art¨ªculos de C¨®digo Penal, como el que castiga la sedici¨®n y, sobre todo, de la ley mordaza, de la que pide importantes reformas e, incluso, la derogaci¨®n de algunos preceptos. Entre ellos, el 37.4, que fija como infracci¨®n leve ¨Dsancionada con multas de 100 a 600 euros¨D ¡°las faltas de respeto y consideraci¨®n¡± a los polic¨ªas. Amnist¨ªa Internacional considera este art¨ªculo ¡°innecesario¡± y ¡°un riesgo para el ejercicio de la libertad de expresi¨®n¡±, pues ¡°otorga una gran discrecionalidad al agente del orden, ya que la interpretaci¨®n [de qu¨¦ una falta de respeto] queda bajo su consideraci¨®n¡±. El informe detalla que este art¨ªculo es de los m¨¢s utilizados desde que entr¨® en vigor la ley mordaza, en 2015, con un considerable incremento el pasado a?o, cuando se esgrimi¨® para imponer 26.254 sanciones, frente a las 14.892 del periodo anterior, las 18.867 de 2019 o las 21.258 de 2018.

¡°Insultos o injurias¡±

Este es uno de los art¨ªculos que m¨¢s discrepancias genera en la negociaci¨®n que mantienen los seis grupos parlamentarios ¨DPSOE, Unidas Podemos, ERC, EH Bildu, PNV y Junts¨D partidarios de la reforma de la ley mordaza. Los socialistas, que defienden mantener el texto actual, han rechazado las dos propuestas para modificarlo. Una es de Unidas Podemos, sus socios en el Gobierno, que quiere limitar estas sanciones a los ¡°insultos o injurias¡±. La otra, la del PNV, que plantea, en un intento de acercar posiciones, castigar las ¡°expresiones o conductas¡± que desacrediten a los agentes.

Para combatir la supuesta arbitrariedad en las sanciones por este art¨ªculo y otros de la ley mordaza, Amnist¨ªa Internacional propone crear ¡°un mecanismo independiente de supervisi¨®n de la actividad policial, con capacidad para atender quejas individuales, investigar de oficio, y analizar y evaluar legislaci¨®n, reglamentos y procedimientos operativos de las actuaciones policiales¡±. Esta propuesta va en la l¨ªnea con la planteada recientemente por Unidas Podemos de instaurar un ¨®rgano independiente para investigar conductas policiales sobre la que existan sospechas de vulneraci¨®n de los derechos de los ciudadanos. Esta comisi¨®n estar¨ªa presidida por el Defensor del Pueblo, ?ngel Gabilondo. El texto cuenta con el apoyo inicial de cinco de los seis partidos que participan en las negociaciones. El PSOE ha pedido tiempo para estudiarlo.