Puigdemont se enfrentar¨¢ a penas elevadas pese a la derogaci¨®n de la sedici¨®n

La reforma del C¨®digo Penal propuesta por PSOE y Unidas Podemos elimina el delito por el que se conden¨® a los principales l¨ªderes independentistas, pero eso no impedir¨¢, seg¨²n juristas consultados, que el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont responda ante la justicia y se enfrente a penas de c¨¢rcel e inhabilitaci¨®n relativamente altas, aunque siempre inferiores que las que recayeron sobre Oriol Junqueras y los otros ocho condenados por sedici¨®n. Estos, a quienes se les concedi¨® un indulto parcial que mantiene suspendida la pena de c¨¢rcel, seguir¨¢n teniendo que cumplir el castigo de inhabilitaci¨®n. Los juristas tienen dudas de que se les pueda aplicar la nueva modalidad agravada de des¨®rdenes p¨²blicos, que prev¨¦ entre seis y ocho a?os de inhabilitaci¨®n para las autoridades, pero consideran que la pena de entre 10 y 20 a?os de inhabilitaci¨®n por malversaci¨®n agravada s¨ª es, en principio, aplicable.

La proposici¨®n de ley que este viernes han registrado el PSOE y Unidas Podemos recoge una reclamaci¨®n que se planteaba desde hace tiempo en el ¨¢mbito jur¨ªdico: la derogaci¨®n del delito de sedici¨®n. En ello coinciden los siete juristas consultados para este reportaje, aunque solo cuatro de ellos han querido salir identificados. ¡°Es un delito que no tiene ning¨²n sentido. Lo ten¨ªa en la Espa?a del siglo XIX y en la dictadura militar¡±, afirma Manuel Cancio, profesor de Derecho Penal de la Universidad Aut¨®noma de Madrid. En la misma idea abunda el resto. ¡°El delito de sedici¨®n naci¨® en un momento de convulsi¨®n pol¨ªtica y tiene una pena elevada, muy elevada comparativamente con otros pa¨ªses y por la propia conducta que implica¡±, afirma Borja Mapelli, de la Universidad de Sevilla, que s¨ª cuestiona que se haga una reforma expr¨¦s. ¡°Las leyes penales no deben reformarse por la v¨ªa de urgencia, salvo casos contad¨ªsimos. Una vez que nos ponemos de acuerdo en que es razonable replantearse el delito de sedici¨®n, habr¨ªa que abrir un proceso natural de reforma de ley org¨¢nica: reunir a la comisi¨®n general de codificaci¨®n, pedir informes al CGPJ y al Consejo de Estado. No encuentro razones para la urgencia¡±, advierte.

Los juristas no se atreven a precisar c¨®mo afectar¨¢ exactamente el cambio a los l¨ªderes del proc¨¦s ya juzgados y a los que est¨¢n pr¨®fugos, pero comparten que las penas se ver¨¢n rebajadas, aunque seguir¨¢n siendo relativamente elevadas. ¡°Es cuestionable que se pueda atribuir responsabilidad a los dirigentes de la Generalitat por los incidentes de orden p¨²blico que se produjeron aquellos d¨ªas. Pero una vez que el Supremo dijo que s¨ª, lo l¨®gico es que se encaje ahora en la nueva redacci¨®n¡±, afirma Cancio, aunque no descarta que la sala de lo Penal llegue a una conclusi¨®n distinta. ¡°La ¨²ltima palabra la tienen ellos y pueden entender ahora que, al desaparecer la sedici¨®n, ya no se los puede perseguir. Pero yo no lo entiendo as¨ª: si era sedici¨®n, quien puede lo m¨¢s, puede lo menos, y ahora debe ser des¨®rdenes p¨²blicos¡±.

En el caso de Puigdemont, los juristas discrepan sobre si se le puede aplicar ya la nueva modalidad agravada o habr¨ªa que juzgarlo por el tipo actual de des¨®rdenes p¨²blicos, cuya pena m¨¢xima es de tres a?os de c¨¢rcel. En lo que todos coinciden es en que si la sedici¨®n se deroga antes de que Puigdemont sea entregado a Espa?a, el Tribunal Supremo tendr¨ªa que reformular las euro¨®rdenes para todos los fugados y ya no podr¨ªa reclamarlos por ese delito. Esta circunstancia previsiblemente facilitar¨ªa la entrega del expresident y el resto de los pr¨®fugos porque pa¨ªses como Alemania o B¨¦lgica se han negado hasta ahora a entregarlos precisamente porque la sedici¨®n, tal y como se planteaba en Espa?a, no ten¨ªa un equivalente claro en aquellos pa¨ªses.

Pero, si la entrega se hace por des¨®rdenes p¨²blicos, la pena a la que se enfrentar¨ªan ser¨ªa obligatoriamente inferior. ?Cu¨¢nto? Ah¨ª est¨¢ la duda. Cancio y Mapelli creen que s¨ª se les podr¨ªa aplicar la nueva modalidad agravada, aunque esta no existiera cuando se cometieron los hechos. ¡°No se podr¨ªa aplicar si no hubiera una coincidencia entre la sedici¨®n y el nuevo tipo, pero la va a haber. Y hasta pertenecen a la misma familia de delitos contra el orden p¨²blico. Lo que hicieron estaba y estar¨¢ prohibido por ley. Que se llame de otra forma da igual¡±, afirma Cancio.

Nicol¨¢s Garc¨ªa Rivas, de la Universidad de Castilla la Mancha, discrepa de esta tesis. ¡°No puedes acusar por un delito que no exist¨ªa en el momento de los hechos¡±, se?ala. Pero eso no impedir¨ªa actuar contra el expresidente de la Generalitat. ¡°Se le podr¨ªa aplicar un delito de des¨®rdenes p¨²blicos normal y corriente. Si al Supremo le borras la sedici¨®n, podr¨ªa entender que lo que se cometi¨® entonces fue un delito de des¨®rdenes p¨²blicos y sumarle desobediencia, m¨¢s la malversaci¨®n. O buscar otras f¨®rmulas. Se trata de ver, sin la sedici¨®n, por qu¨¦ lo procesas¡±, explica.

¡°Puigdemont y Rovira se ven favorecidos por el principio de la retroactividad de la ley penal favorable, se les va a aplicar la soluci¨®n m¨¢s beneficiosa para ellos¡±, recuerda el profesor de Derecho Penal de la Universidad de Valladolid Antonio Javato. No obstante, sobre el expresidente catal¨¢n recae tambi¨¦n una acusaci¨®n de malversaci¨®n, que, en el caso de los l¨ªderes independentistas ya juzgados, el Supremo consider¨® en su modalidad agravada, lo que implica penas de entre cuatro y ocho a?os de c¨¢rcel e inhabilitaci¨®n absoluta de entre 10 y 20.

La sentencia del proc¨¦s no concret¨® la pena que impuso por malversaci¨®n porque este delito se consider¨® en concurso medial con la sedici¨®n (cuando un delito es un medio necesario para la comisi¨®n de otro), lo que favoreci¨® a los condenados a la hora de hacerles el c¨®mputo global. Pero ahora, sin la sedici¨®n, podr¨ªa ocurrir, advierte Garc¨ªa Rivas, que la malversaci¨®n se convierta en el delito principal de la acusaci¨®n contra Puigdemont y se le aplique la pena en su franja m¨¢s alta.

La malversaci¨®n contar¨¢ tambi¨¦n para recalcular la inhabilitaci¨®n de Junqueras y los ya condenados. El indulto no se extiende a esta pena, que en el caso de Junqueras es de 13 a?os, pero, al desaparecer la sedici¨®n, que fue el delito por el que se le impuso, el Tribunal Supremo tendr¨¢ que revisar la sentencia y determinar en qu¨¦ queda. El mismo razonamiento que lleva a los juristas a discrepar sobre que a Puigdemont se le pueda aplicar o no el nuevo delito de des¨®rdenes p¨²blicos agravado, hace que discrepen de que a Junqueras y a los dem¨¢s condenados se les pueda imponer o no la inhabilitaci¨®n de entre seis y ocho a?os que la propuesta de PSOE y Unidas Podemos prev¨¦ para ese tipo penal. En cualquier caso, la inhabilitaci¨®n prevista para la malversaci¨®n agravada por la que fueron condenados, y que la proposici¨®n de ley no modifica, sigue siendo de entre 10 y 20 a?os, por lo que la pena previsiblemente no bajar¨¢ de esa franja.