El bloque conservador del Constitucional impide votar en el Senado la reforma sobre su propia renovaci¨®n

El Tribunal Constitucional ha adoptado este lunes, al filo de las 22.30, una medida ins¨®lita en democracia: paralizar la tramitaci¨®n parlamentaria de una reforma legislativa que desbloqueaba la renovaci¨®n del propio ¨®rgano de garant¨ªas. El tribunal ha avalado la petici¨®n del PP por seis votos (los magistrados del sector conservador) frente a cinco (los progresistas) y ha suspendido esa tramitaci¨®n, solo tres d¨ªas antes de que se votase definitivamente en el Senado la reforma del C¨®digo Penal en la que el Gobierno hab¨ªa incluido sendas enmiendas para poder renovar el tribunal de garant¨ªas. La izquierda parlamentaria y sus aliados descalificaron sin matices una decisi¨®n que tem¨ªan pero que esperaban que no se produjera. El Gobierno anunci¨® que acatar¨¢ la resoluci¨®n pero arremeti¨® contra el Constitucional y afirm¨® que lo sucedido es de ¡°m¨¢xima gravedad¡±. La situaci¨®n da lugar a una honda crisis de confianza entre instituciones.

El PP argument¨® que esa reforma legal, aprobada ya en el Congreso y pendiente de un ¨²ltimo pleno en el Senado, se hab¨ªa hecho mediante un procedimiento supuestamente inconstitucional: la presentaci¨®n de enmiendas a una proposici¨®n de ley para cambiar otras normas (la del Constitucional y la del Poder Judicial) sin conexi¨®n alguna con esa ley (el C¨®digo Penal). Los populares recurrieron en amparo por sentir que se hab¨ªan vulnerado sus derechos de participaci¨®n pol¨ªtica y pidieron una medida cautelar¨ªsima prevista en la Ley del Tribunal Constitucional para suspender la tramitaci¨®n legislativa de esas dos enmiendas sin o¨ªr a las partes implicadas.

El Tribunal Constitucional se encontr¨® as¨ª por primera vez ante una petici¨®n que supon¨ªa paralizar la actividad del Parlamento. Y, por la mayor¨ªa conservadora de magistrados elegidos a propuesta del PP, tom¨® una decisi¨®n que ha desencadenado la protesta de toda la izquierda parlamentaria y de los grupos que apoyan al Gobierno en el Congreso de los Diputados.

El pleno del Tribunal Constitucional, reunido desde las diez de la ma?ana de este lunes, debati¨® ampliamente sobre el recurso de amparo presentado por el PP. La primera decisi¨®n relevante de un tribunal fracturado en dos fue rechazar los incidentes de recusaci¨®n presentados por PSOE y Unidas Podemos contra dos de los magistrados conservadores, argumentando que ten¨ªan inter¨¦s directo en la causa porque ambos tienen su mandato caducado desde hace seis meses y la reforma legal pretende precisamente renovar esa composici¨®n, dando lugar a una mayor¨ªa progresista donde ahora hay una conservadora. Los propios magistrados cuestionados ¡ªel presidente del tribunal, Pedro Gonz¨¢lez-Trevijano, y Antonio Narv¨¢ez¡ª votaron en contra de su recusaci¨®n.

El Constitucional suele rechazar la mayor¨ªa de los incidentes de recusaci¨®n, aunque el PSOE y Unidas Podemos sosten¨ªan que en este caso las razones eran especialmente claras y poderosas. Trevijano y Narv¨¢ez son dos magistrados elegidos en su d¨ªa por el Gobierno del PP (el partido ahora recurrente) y que tienen su mandato caducado desde junio de este a?o (al igual que otros dos magistrados).

El Ejecutivo de Pedro S¨¢nchez, en aplicaci¨®n de la ley, eligi¨® a los dos magistrados que le corresponden. Design¨® a Juan Carlos Campo, exministro de Justicia, y Laura D¨ªaz, ex directora general en el Ministerio de Presidencia. Pero el Constitucional se niega a darles el pl¨¢cet para sustituir a Trevijano y Narv¨¢ez, porque la Constituci¨®n establece que la renovaci¨®n del tribunal se har¨¢ por tercios (cuatro magistrados cada vez), y en el tercio que toca renovar ahora est¨¢n los dos magistrados que competen al Gobierno y los dos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Como el CGPJ lleva bloqueando desde hace meses el nombramiento de los dos magistrados que le corresponden ¡ªla otra parte del tercio a renovar¡ª, el Constitucional se niega a aceptar la llegada de Campo y D¨ªaz sin que antes se haya elegido a los otros dos.

04:22

El comunicado del Gobierno tras la decisi¨®n del Tribunal Constitucional

Para evitar este bloqueo, el Gobierno reform¨® de urgencia la Ley del Constitucional y la del Poder Judicial a trav¨¦s de dos enmiendas a?adidas la semana pasada a la proposici¨®n de ley de reforma del C¨®digo Penal que estaba en tr¨¢mite, y en las que rebajaba las mayor¨ªas necesarias para el nombramiento de los magistrados. El PP se?ala que el Constitucional ya estableci¨® hace a?os que ese procedimiento ¡ªcambiar una ley a trav¨¦s de enmiendas a otra ley distinta¡ª es inconstitucional porque no permite a los diputados debatir en profundidad sobre esos cambios, y por ello los populares recurrieron el mi¨¦rcoles en amparo al tribunal pidiendo que adoptase una medida cautelar nunca tomada en democracia: paralizar la tramitaci¨®n legislativa de las enmiendas en el Congreso.

El recurso y su resoluci¨®n afectan directamente a Trevijano y Narvaez, a su continuidad o no como magistrados del Tribunal Constitucional. Pese a las quejas del sector progresista, ambos magistrados intervinieron en la votaci¨®n sobre sus recusaciones, por lo que estas fueron rechazadas por seis votos a cinco. A continuaci¨®n, el tribunal pas¨® a debatir si se adoptaba o no la medida cautelar¨ªsima: la suspensi¨®n de la votaci¨®n de las enmiendas.

La doctrina reiterada del Constitucional, seg¨²n expres¨® en un informe el letrado Juan Carlos Duque, experto en derecho parlamentario al que el presidente del tribunal encarg¨® el estudio del recurso del PP, es no conceder ese tipo de medidas cautelares porque ser¨ªa tanto como anticipar el fallo. La Fiscal¨ªa del Tribunal Constitucional, que a¨²n no ha podido opinar sobre el asunto porque no se hab¨ªa admitido a tr¨¢mite hasta ayer, tambi¨¦n es contraria a conceder la medida cautelar¨ªsima, seg¨²n adelant¨® EL PA?S este lunes y como ha puesto de manifiesto en los ¨²ltimos casos en los que ha tenido que pronunciarse.

Pese a todos estos antecedentes, la mayor¨ªa conservadora opt¨® por cambiar esa doctrina y suspender la tramitaci¨®n de las enmiendas. Ahora, seg¨²n la ley, las partes tienen cinco d¨ªas de plazo para presentar alegaciones. La Fiscal¨ªa y los grupos parlamentarios de PSOE y Unidas Podemos, que pidieron personarse en la causa, har¨¢n alegaciones contra una decisi¨®n que paraliza por primera vez en la reciente etapa democr¨¢tica una tramitaci¨®n legislativa en las Cortes Generales.

Las consecuencias de la decisi¨®n en el propio Constitucional son imprevisibles, pero en todo caso influir¨¢n muy negativamente en su labor en el a?o que queda de legislatura. El tribunal tiene pendientes algunas de las principales sentencias que afectan a recursos contra leyes importantes aprobadas por la actual mayor¨ªa parlamentaria, y otras muy anteriores, como la ley del aborto, en vigor desde 2010. En los ¨²ltimos meses los magistrados decidieron aparcar esas deliberaciones, precisamente a la espera de que el tribunal fuera renovado y fuera la nueva mayor¨ªa quien dictara las sentencias.

El pacto interno para evitar fricciones internas que se puso en marcha tras la ¨²ltima renovaci¨®n parcial, en noviembre de 2021, salta por los aires con la decisi¨®n de esta noche. El acuerdo que hab¨ªan propiciado el presidente Trevijano (conservador) y el vicepresidente Xiol (progresista) para no repetir enfrentamientos como el que produjo la sentencia que anul¨® el estado de alarma durante la pandemia ha dejado de existir. La disyuntiva que tendr¨¢ que resolver el Constitucional si contin¨²a bloque¨¢ndose su renovaci¨®n es si sigue con toda la tarea paralizada, sin resolver asunto alguno que tenga la menor carga pol¨ªtica, o vuelve a poner en marcha en todas las votaciones su mayor¨ªa conservadora.