La Fiscal¨ªa pide casi nueve a?os de c¨¢rcel para los cabecillas de otra presunta trama corrupta institucional de la era de Converg¨¨ncia

La Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n ha solicitado penas de ocho a?os y nueve meses de c¨¢rcel para los cuatro supuestos cabecillas de una trama de corrupci¨®n institucional que anid¨® en ¨¦poca de la extinta CDC (Converg¨¨ncia Democr¨¢tica de Catalu?a) en la empresa p¨²blica Gesti¨® d¡¯Infraestructures (GISA), que despu¨¦s se rebautiz¨® como Infraestructures de la Generalitat de Catalunya. Esta l¨ªnea de investigaci¨®n se encuentra vinculada al caso 3%, la presunta trama de financiaci¨®n irregular de la formaci¨®n nacionalista, y apunta al ama?o de ¡°al menos¡± una docena de contratos para la concesi¨®n de adjudicaciones a un ¡°cartel¡± de compa?¨ªas ¡°de confianza¡± que previamente hab¨ªan ¡°pactado¡± los precios de sus ofertas, provocando un ¡°perjuicio para los intereses patrimoniales p¨²blicos¡±, seg¨²n el sumario.

En el escrito de acusaci¨®n del ministerio p¨²blico, fechado el 28 de noviembre y al que tuvo acceso EL PA?S, se sit¨²a en la c¨²spide de la trama a Joan Llu¨ªs Quer, expresidente de GISA y condenado este mismo a?o a dos a?os de c¨¢rcel por la Audiencia de Barcelona por la concesi¨®n irregular de proyectos cuando se encontraba al frente de la Agencia Catalana del Agua (ACA); y a Josep Antoni Rosell, ex director general de la compa?¨ªa auton¨®mica. El duro relato de Anticorrupci¨®n se?ala que ambos ¡°manipulaban todo el proceso de adjudicaci¨®n de contratos¡±; ¡°abusaban de su jerarqu¨ªa¡±; ¡°presionaban y daban indicaciones para modificar las valoraciones de las ofertas efectuadas por los t¨¦cnicos¡±; ¡°influ¨ªan decisivamente¡± en las mesas de contrataci¨®n, e, incluso, crearon ¡°un paso nuevo en el proceso de valoraci¨®n de ofertas en los concursos p¨²blicos que solo depend¨ªa de ellos¡±.

Por ello, la Fiscal¨ªa pide ocho a?os y nueve meses de c¨¢rcel para Quer y Rosell, a los que acusa de pertenencia a organizaci¨®n criminal, fraude a las administraciones p¨²blicas y prevaricaci¨®n. La misma pena plantea para otros dos procesados, Josep Narc¨ªs y Tam¨¢s Blay, a los que sit¨²a al mismo nivel y a los que atribuye los mismos delitos. Estos eran, respectivamente, el presidente y secretario general de Asinca (Asociaci¨®n de Empresas de Ingenier¨ªa y Consultor¨ªa Independientes de Catalu?a), a trav¨¦s de la cual las empresas de ingenier¨ªa bajo sospecha configuraron el ¡°cartel colusorio¡± ¡ªal que denominaron ¡°Nuria Bofill¡±¡ª que pactaba los precios y que funcionaba supuestamente en consonancia con los m¨¢ximos responsables de GISA.

Anticorrupci¨®n solicita una condena de seis a?os y tres meses de prisi¨®n para otros 13 procesados, directivos de empresas de ingenier¨ªa y licitadores en concursos p¨²blicos, principalmente.

¡°Excluir a competidores¡±

El escrito de la Fiscal¨ªa, firmado por Jos¨¦ Grinda, resulta contundente. Seg¨²n expone, desde al menos 2008 los acusados ¡°ejecutaron un pacto para conseguir la adjudicaci¨®n de concursos de administraciones p¨²blicas en el ¨¢mbito catal¨¢n¡±, para lo que las empresas acordaban previamente los precios que ofertaban a los concursos. Esta maniobra, que permit¨ªa ¡°excluir a otros competidores¡±, inclu¨ªa ¡°reuniones de ¡°coordinaci¨®n¡± y comunicaciones habituales ¡°mediante cuentas de correo electr¨®nico titularizadas por el nombre del grupo, Nuria Bofill¡±.

¡°Acordaron durante a?os las normas o directrices a seguir cuando optasen a licitaciones de ciertas administraciones, con el objetivo de evitar la libre competencia y, as¨ª, obtener un contrato m¨¢s beneficioso que aquel que habr¨ªan obtenido en condiciones de igualdad¡±, prosigue Anticorrupci¨®n. Dicho pacto, remacha, ¡°se fue extendiendo¡± a otros organismos p¨²blicos, como Regs de Catalunya S. A. (Regsa), la Agencia Catalana del Agua, Aig¨¹es del Ter Llobregat, el Ayuntamiento de Barcelona, Consorcio de Aig¨¹es de Tarragona, T¨²nels i Accessos de Barcelona (Tabasa), Infraestructures Ferrovi¨¤ries de Catalunya (Ifercat) y al Servicio Territorial de Carreteras y Ferrocarriles de la Generalitat.

Esta l¨ªnea de investigaci¨®n (llamada Pieza Infraestructuras) se encuentra vinculada al caso 3% ¡ªpor el que ya se envi¨® al banquillo a 30 personas, adem¨¢s de a CDC y al PDeCAT como personas jur¨ªdicas¡ª y se empez¨® en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucci¨®n de El Vendrell (Tarragona), que segu¨ªa la pista a la adjudicaci¨®n por parte de Infraestructures de determinados contratos a cambio del pago de comisiones entre 2008 y 2015. Estas pesquisas aterrizaron en la Audiencia Nacional en 2018, que asumi¨® la causa. Dos a?os despu¨¦s, en el verano de 2020, el juez instructor Jos¨¦ de la Mata orden¨® procesar a los 17 implicados. Ahora, una vez que se presenten los escritos de acusaci¨®n, el tribunal debe decidir si abre juicio oral.